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El fraude en las empresas no descansa, la prevención tampoco debería

El caos organizativo de la pandemia facilitó irregularidades, como la gestión de fondos sin control o las contrataciones irregulares de proveedores para determinados suministros

Autores: Óscar Hernández y Fernando Mirgone. Managing Director y Senior Director de FTI Consulting.

Fuente: El Confidencial

Es una amenaza silenciosa, pero seguramente más nociva que otros riesgos más conocidos para las empresas. El fraude detrae cada año miles de millones de euros de la cuenta de resultados de las compañías de todo el mundo. No es fácil determinar el alcance exacto de este tipo de delitos, porque las empresas tienden a lavar los trapos sucios en casa, pero se trata de un fenómeno universal, que no distingue entre geografías ni categorías de empresa. Nadie está a salvo de sus efectos económicos y reputacionales. Ya sea a través de la apropiación de activos (el fraude más frecuente, aunque también el menos importante en cuantía), de la corrupción o de la manipulación contable o financiera, la mala conducta de los empleados es un riesgo que las empresas deben gestionar adecuadamente.

El nivel del control interno es, en este sentido, un factor crítico. Si los mecanismos de vigilancia de la empresa se relajan, como ocurre a veces por distintas circunstancias, el fraude tiene más posibilidades de aparecer y prosperar. Eso es precisamente lo que hemos visto en FTI durante los años de pandemia. El caos organizativo provocado por la pandemia de coronavirus facilitó irregularidades, como la gestión de fondos sin control o supervisión, o las contrataciones irregulares de proveedores para determinados suministros excepcionales. El impacto económico de estos hechos es relevante: más de la mitad de las veces no se recupera ni un céntimo del importe defraudado. El impacto reputacional también impacta en la cuenta de resultados.

Afortunadamente, las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de los sistemas de control para prevenir este tipo de delitos, lo que a su vez se traduce en una menor incidencia del problema, tanto por la reducción de las pérdidas provocadas por el fraude de los empleados como por la rebaja de los plazos de detección. Según el último informe, 2022 ACFE Report to the Nations, de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés), que cada dos años hace una detallada radiografía del fenómeno en todo el mundo, la pérdida media por cada caso de fraude es de 117.000 dólares y su detección se produce, en promedio, en un periodo de doce meses. Estas cifras son algo mejores que las del informe de 2020 (125.000 dólares y 14 meses) y si echamos la vista más atrás para ver la evolución de la última década, la tendencia a la baja es lenta, pero robusta (en 2012 las cifras eran 140.000 dólares y 18 meses).

En este sentido, la presidenta del Capítulo Español del ACFE, Gertrudis Alarcón, nos confirma recientemente que la tendencia es positiva y que los sistemas de control tendrán un impacto real en las organizaciones. De hecho, el estudio atribuye esta mejoría a la implantación progresiva de herramientas de control dentro de las empresas. Especial importancia se le concede a la existencia, cada vez más frecuente, de canales de denuncia (hotline en inglés), que permiten a los empleados (y también a colectivos externos, como los clientes o proveedores) poner en conocimiento de la organización potenciales irregularidades manteniendo la confidencialidad y anonimato. Según el informe de ACFE, el 70% de las compañías analizadas disponían de ese mecanismo, cuando en 2012 el porcentaje era del 54%.

La acreditada eficacia de los canales de denuncia en la detección del fraude interno es lo que ha llevado a la Unión Europea a aprobar la Directiva de Protección de los Alertadores de Corrupción (en inglés, whistleblowers) que obliga a las empresas a implantarlos para vigilar las irregularidades internas y que hace especial hincapié, como su propio nombre indica, en la necesidad de proteger a los denunciantes frente a eventuales represalias.

En España, la Directiva está en proceso de transposición a la legislación nacional. El Consejo de Ministros aprobó en marzo el anteproyecto de ley e inició la tramitación parlamentaria, que se espera concluya en el tercer trimestre de este año. El anteproyecto, que afecta tanto a las empresas públicas como a las privadas, establece dos fases de implantación. En un primer momento, estarán obligadas a disponer de programas de denuncia las empresas grandes (de 250 o más trabajadores) y después las medianas (de entre 50 y 249 trabajadores).

La experiencia demuestra que los canales de denuncia son importantes para prevenir el fraude de los empleados. Pero las empresas tienen a su disposición otras herramientas que ayudan a detectarlo a tiempo. La formación de la plantilla, la dotación de recursos al departamento de auditoría interna y cumplimiento, la proactividad en los controles internos, la implicación de la alta dirección (Tone of the top), la verificación de antecedentes (background checks para empleados claves, proveedores, intermediarios) o la cultura de la transparencia son elementos que contribuyen decisivamente a la efectividad de la política de prevención de las irregularidades internas.

Esas son las herramientas. Pero casi tan relevante como usarlas es tener presente que ninguna empresa u organización (da igual que sea grande o pequeña, nacional o multinacional, pública o privada, con o sin ánimo de lucro) es inmune a este tipo de delitos. El fraude no descansa. 

 


 
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