La ‘World Compliance Association’ ha alertado a la Comisión Europea de una “falta de garantías” en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de España, quien, a su juicio, «no asegura los principios de integridad y transparencia» y puede convertir la administración de los fondos “en un foco de corrupción y arbitrariedad”.
Así se lo ha hecho saber esta asociación internacional, formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, a través de un informe, que también ha remitido a los ministerios de Economía y de Justicia y al Tribunal de Cuentas.
«Se ha detectado que en Real Decreto-ley 36/2020, previsión legal para la aplicación de los fondos, no existe ninguna comisión profesionalizada con capacidad ejecutiva para llevar a cabo la gestión, ni se definen los órganos que darán soporte técnico a los proyectos», explica a Confilegal el abogado Felipe García Hernández, miembro de la junta directiva de la ‘World Compliance Association’ y socio de Círculo Legal Madrid.
Este letrado advierte que “la falta de una comisión experta de gestión convierte los fondos en un posible foco de corrupción, ya que no hay criterios objetivos por parte de un comité para la asignación”.
«La ausencia de una capa de profesionales técnicos que apoyen sus decisiones abona la percepción de que puede haber bastante arbitrariedad en su adopción y hace peligrar el correcto empleo de los fondos», destaca.
Por otra parte, el abogado señala la necesidad de incorporación de herramientas de revisión documental masiva, para examinar contratos o pliegos. “Aportarían una dosis de objetividad e imparcialidad necesaria al sistema de gestión de los fondos”, indica Felipe García.
También han detectado que «incluso podría haber algún procedimiento de contratación sin que medie la concurrencia de otros licitadores». «Podría haber una adjudicación a dedo. Cabe ese peligro», advierte García.
Además, subraya que «la regulación adolece de incluir medidas del ‘Corporate Compliance’ en el procedimiento de contración, ayudas y de subvención. Estas medidas, según expone el letrado, «mitigarían los riesgos de corrupción en los procedimientos de contratación».
«Todavía estamos a tiempo de incluirlas, porque la Unión Europea pondrá el foco precisamente en estudiar los controles establecidos por los Estados miembro», añade.
Felipe García también destaca que en la regulación propuesta por el Gobierno de España «no se han puesto en práctica las recomendaciones y directrices» marcadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Afirma que «sería una magnífica oportunidad para desarrollar indicadores de rendimiento, eficacia y ahorro elaborando herramientas de evaluación de riesgos que permitan identificar y gestionar amenazas al sistema y se den a conocer las estrategias de gestión de riesgos, según indica la propia OCDE».
A juicio de esta asociación, «no se trata de eliminar controles internos, porque se ha demostrado que con los mismos controles unas administraciones están al día en su trabajo y otras sufren un grave retraso». «Por lo tanto, habrá que medir la eficacia de cada administración y detectar dónde están las fallas», apunta el letrado.
El informe señala también que la asignación de los fondos tendrá muy difícil corregir la “parálisis general por exceso de burocracia” que, según afirma, afecta a las actividades de las administraciones públicas desde 2015.
La asociación manifiesta que faltan medios humanos y materiales, desde el punto de vista de la contratación y de la formación de personal para que los empleados públicos manejen y controlen las herramientas para la gestión de los fondos.
En el informe hace hincapié en que en la gestión de los fondos europeos “no solo está en juego la lucha contra la corrupción y otras prácticas irregulares, sino la reputaciónde España ante sus socios comunitarios”, y reclama un nuevo modelo de gestión “neutro, profesional e íntegro”.
Esta asociación tiene, entre sus objetivos, la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones (con independencia de su forma jurídica), así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos/infracciones cometidas por sus empleados, colaboradores o cualquier otra persona relacionada con ella.
Círculo Legal, fundado en 1999 por los despachos Cabezuela & González, de Madrid, y Bufete Guerrero, de Barcelona, y es una firma de abogados especializados en diferentes áreas del Derecho y orientado principalmente a la Empresa.
Ofrece servicio jurídico y apoyo legal para inversores extranjeros que invierten en España y empresas españolas que invierten en el extranjero.
El bufete está liderado por Diego Cabezuela Sancho y Carmen González Poblet, socios fundadores del despacho de Madrid, y Felipe García Hernández, socio del bufete jurídico.
Forma parte de ‘Inlaw Alliance’, una alianza de despachos de Iberoamérica, y también tiene presencia en Barcelona, Palma de Mallorca, Milán, Lisboa y París.
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23 de Abril
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