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El Parlamento andaluz aprueba sin votos en contra su ley contra la corrupción y el fraude

El Parlamento de Andalucía ha aprobado sin votos en contra la ley contra el fraude y la corrupción, que incluye la creación de una oficina anticorrupción y protege especialmente a la persona denunciante, para lo que se ha contado con el apoyo de PP, Cs y Vox, y la abstención de PSOE y Adelante Andalucía.

El vicepresidente, Juan Marín, ha señalado que se trata de un proyecto de ley que tiene una historia de 6 años, ya que no se pudo o no se quiso aprobar en la anterior legislatura, en la que Ciudadanos pactó la oficina antifraude con el PSOE.

De hecho, la no creación de esa oficina fue una de las razones que esgrimió Ciudadanos, dentro de un paquete de regeneración democrática, para oficializar la ruptura con el PSOE de Susana Díaz, gobierno al que apoyaba parlamentariamente hasta 2018.

Pone en marcha una Oficina Antifraude que será dirigida por una persona de prestigio

Ahora este Gobierno de PP y Cs lo ha traído porque aprobar una ley contra la corrupción política en Andalucía es pedirle perdón a miles de andaluces que han perdido muchas oportunidades durante años, ha declarado Marín.

La ley, que ha cosechado las críticas de PSOE y Adelante durante el debate, contempla la creación de una oficina adscrita al Parlamento, que estará integrada por funcionarios y dirigida por una persona de prestigio nombrada por mayoría cualificada en la Cámara.

La oficina servirá de canal de denuncia a los andaluces, con especial protección a los empleados públicos, a los que garantizará la confidencialidad, asesoramiento jurídico y psicológico, y le dará la posibilidad de solicitar un traslado de su puesto a otro similar.

Los altos cargos no podrán tener cuentas en paraísos fiscales

Las coacciones a los denunciantes y personal de la oficina, así como la obstrucción a su labor, será sancionado con multas de entre 300 y 100.000 euros, mientras que si hay indicios de delito se pondrá en conocimiento de la justicia.

El texto también modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos para impedir que sean titulares o autorizados en cuentas en paraísos fiscales y para apartar a cualquier encausado o condenado de su puesto en la Administración andaluza.

El socialista Manuel Jiménez Barrios ha calificado la ley como una oportunidad perdida porque, aunque el PSOE no está en contra la norma es muy mala, es una chapuza legislativa en la que se han rechazado todas las enmiendas de su grupo, poniendo como ejemplo que el Parlamento no puede sancionar porque es el poder legislativo.

Jiménez Barrios considera que el Gobierno ha buscado aprobar la ley rápido para tener un instrumento de cara a las próximas elecciones, para volver a hablar del pasado en los comicios, sobre todo a partir de las amenazas de Vox.

Ha aprovechado su intervención para recordar que la mayor parte de los casos de corrupción abiertos en Andalucía no están cerrados y ha defendido a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que son honrados, que han dado lo mejor por Andalucía.

La diputada del PP Rosalía Espinosa ha asegurado que el Gobierno de coalición quiere sacar de lo público a las personas corruptas, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, algo que los partidos de izquierda no han hecho aunque han tenido casi cuarenta años.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, cuyo partido ha incorporado más de 25 enmiendas, ha opinado que la ley se ha mejorado considerablemente en el trámite parlamentario y ha señalado que no es discutible que Andalucía ha sido la región más perjudicada por esta lacra, aunque merece ser una tierra limpia, que dé ejemplo de transparencia y legalidad.

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