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Costa Rica es todavía un ambiente hostil para "whistleblowers" de delitos en empresas

La figura del "whistleblowing", para propiciar la cultura de prevención y denuncia interna en las organizaciones, apenas se dibuja en la legislación costarricense y sin grandes incentivos.

Con el estallido del Caso Cochinilla quedaron en evidencia debilidades de control para la prevención de posibles delitos en empresas y órganos estatales. Según los informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las investigaciones de este caso surgieron por denuncias confidenciales; sin embargo, Costa Rica no potencia este tipo de prácticas dentro de las mismas organizaciones como sí lo hacen países más desarrollados.

Los whistleblowers (término utilizado para denunciantes o informantes internos) no cuentan con mayores protecciones ni estímulos en Costa Rica. El país apenas dibujó recientemente la figura en su nueva Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros Delitos (9.699); sin embargo, sin suficientes estímulos.

En Costa Rica no es obligatorio aplicar normas de cumplimiento o compliance (como los mecanismos de denuncia interna en empresas) y tampoco existe una ley específica para proteger a este tipo de informantes en sus espacios de trabajo.

En otras jurisdicciones como Estados Unidos, Francia, Italia o Reino Unido se brindan mayores protecciones a personas que facilitan información sobre posibles delitos en sus organizaciones y en algunos casos incluso se les otorga recompensas. No obstante, el camino es desigual y en una gran parte de Europa, por ejemplo, se está a la espera de que se promuevan enmiendas a solicitud de la Unión Europea.

¿Un whistleblower?

Whistleblower es el término en inglés con el que se denomina a una persona que denuncian casos de corrupción o fraudes en la empresa u organización en la que laboran para que sean prevenidos o investigados. Para ello, muchos países promueven mecanismos, controles e incentivos, sobre todo orientados a brindar protección legal a los posibles informantes.

En Costa Rica nada de esto es obligatorio. La única obligación, recordó a EF el socio de la firma BLP y especialista en temas de cumplimiento y anticorrupción, Juan Carlos Tristán, es para los empleados públicos; quienes siempre tienen que denunciar actos ilegales de los que tengan conocimiento.
 
La figura del whistleblower; sin embargo, apenas se delineó en la citada Ley de Cohecho (9.699), que se impulsó como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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