Por Alba Lema, Presidenta Internacional de World Compliance Association
El cierre de un año siempre invita a la reflexión; es un momento propicio para hacer balance, no solo de los logros alcanzados, sino también de los retos que todavía tenemos por delante.
A lo largo de este año he tenido la oportunidad de viajar y trabajar en países como Guatemala, El Salvador y Ecuador, lugares en los que la corrupción es una preocupación constante y profundamente arraigada en el debate público. En estos países he escuchado a directivos, profesionales, responsables públicos y ciudadanos expresar una preocupación compartida: la desafección y la pérdida de confianza de la ciudadanía en unas instituciones que, en demasiadas ocasiones, no han estado a la altura de las expectativas éticas y de integridad que se les presuponen.
Sin embargo, sería injusto, y poco honesto por mi parte, situar este problema únicamente fuera de nuestras fronteras. España también atraviesa un momento complejo en términos de confianza institucional, y eso debe interpelarnos como sociedad. Los casos de corrupción, la falta de transparencia o la percepción de impunidad contribuyen a erosionar la credibilidad de las instituciones y dificultan la construcción de una cultura ética sólida.
Esta pérdida de confianza en las instituciones públicas es uno de los efectos más dañinos de la corrupción. No solo debilita el Estado de Derecho, sino que genera apatía, desmovilización, pero -sobre todo- una peligrosa normalización de prácticas irregulares. Cuando la corrupción se percibe como algo estructural y sistémico, el riesgo no es solo económico o jurídico, sino profundamente social, ya que se rompe el vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados.
Hablar de cultura ética no es referirse únicamente a declaraciones de intenciones, ni a la mera existencia de códigos de conducta o políticas formales. La cultura ética se construye, o se deteriora, en el día a día, en la toma de decisiones, en los comportamientos coherentes y sostenidos en el tiempo y, de forma decisiva, mediante el ejemplo de quienes ocupan posiciones de liderazgo.
Las organizaciones aprenden observando, y no hay mensaje más poderoso que el que se transmite con el ejemplo. No se puede exigir integridad en los niveles inferiores si no existe integridad en la cúspide y cuando el discurso y la práctica se separan, se pierde credibilidad y, con ella, la confianza. En ese contexto, la ética comparte con la confianza una característica esencial y es que ambas requieren tiempo y coherencia para construirse, pero pueden perderse con facilidad, y su recuperación exige responsabilidad y un compromiso real con el cambio.
La corrupción es un fenómeno transversal. No distingue entre países, sectores ni niveles de desarrollo. Afecta tanto al sector público como al privado, y sus consecuencias se proyectan sobre toda la sociedad. Puede manifestarse de formas más visibles o sutiles, pero nadie está completamente a salvo.
Por eso, desde organizaciones como la World Compliance Association, insistimos en la necesidad de abordar la corrupción desde una perspectiva integral. El compliance no puede entenderse como un mero conjunto de controles, procedimientos o requisitos normativos. Es, ante todo, una herramienta de transformación cultural, orientada a prevenir riesgos, proteger a las organizaciones y reforzar la confianza de los ciudadanos, clientes, empleados y de la sociedad en general.
Uno de los grandes retos que seguimos teniendo es entender que la integridad no es una responsabilidad exclusiva del sector público ni del sector privado. Al contrario, la lucha contra la corrupción exige sinergias, diálogo y cooperación. Las organizaciones privadas no pueden avanzar solas si el entorno institucional no acompaña, del mismo modo que las administraciones públicas necesitan aliados comprometidos en el tejido empresarial y social.
Ahora bien, para que estas sinergias sean reales y efectivas, es imprescindible dar un paso previo: hacer cultura como país. Y la cultura se construye desde el liderazgo. Los responsables políticos y quienes ocupan altos cargos en las instituciones públicas y privadas tienen una responsabilidad ineludible en este proceso. Su comportamiento marca el estándar ético, legitima -o deslegitima- las reglas del juego y envía un mensaje claro a la sociedad sobre lo que es aceptable y lo que no lo es.
Liderar con el ejemplo no es una consigna vacía ni un simple eslogan. Implica asumir responsabilidades, actuar con coherencia, afrontar con integridad los dilemas éticos y entender que el poder no es un privilegio, sino un servicio. Solo desde ese liderazgo ético será posible recuperar la confianza de la ciudadanía y sentar las bases de una cultura de integridad duradera.
Cerrar el año reflexionando sobre la corrupción no es un ejercicio de pesimismo, sino de responsabilidad colectiva. Reconocer que el problema existe, aquí y fuera, es el primer paso para abordarlo con honestidad. La lucha contra la corrupción no es tarea de unos pocos expertos ni de una sola institución. Es un compromiso compartido que exige coherencia, valentía y, sobre todo, ejemplo.
Desde la World Compliance Association seguiremos trabajando para impulsar este mensaje, generar espacios de colaboración y contribuir a la construcción de organizaciones e instituciones más íntegras. Porque solo desde la ética, la confianza y el liderazgo responsable podremos avanzar hacia sociedades más justas y resilientes.
07 de Noviembre
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