Ética y corrupción: dos antagónicas asignaturas pendientes en España

Autor: Jesús Lizcano Álvarez. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España. Director de la revista Encuentros Multidisciplinares.

La ética y la corrupción son dos caras de una misma moneda respecto a las cuales queda en nuestro país un largo camino por recorrer, dado lo mucho que tenemos que mejorar tanto en comportamientos éticos, sobre todo de una buena parte de nuestra clase política, como en prevención y lucha contra la corrupción en muy diversas instituciones públicas y también privadas.

Cabe recordar que España ocupa un lugar bastante mediocre en cuanto a corrupción, si nos atenemos, por ejemplo, a los índices que viene elaborando Transparencia Internacional desde hace muchos años. Nuestro país ocupa un lugar que no le corresponde si tenemos en cuenta su nivel de desarrollo económico y social dentro de esta Aldea global. Estamos a este respecto lejos de los punteros países nórdicos europeos y otros muchos de nuestros vecinos, ocupando un puesto normalmente cercano al número 30 entre los más de 170 países que se evalúan en el índice de percepción de la corrupción de la citada organización internacional. Obviamente, estamos muy lejos (para mejor) de los últimos países del ranking, tales como Somalia, Haití, Venezuela y desde luego Afganistán, país donde además de la corrupción estructural confluyen actualmente problemas muy graves relativos a la equidad de género, dado el papel y la difícil situación de la mujer en aquel país.

Vamos a recoger en las siguientes líneas algunas de las propuestas sobre ética y corrupción generadas en el seno de un grupo multidisciplinar de reflexión, formado por más de un centenar de personas pertenecientes a muy diversas disciplinas e instituciones, que en su conjunto elaboraron un total de 540 propuestas sobre más de 20 áreas temáticas. Las propuestas que hemos seleccionado las vamos a agrupar en diversos temas que consideramos de los más representativos en relación tanto con la ética como con la corrupción, entendiendo que la corrupción es antes que nada un problema de educación ética, estando estrechamente relacionados ambos conceptos.

Una primera e importante materia relacionada con la ética es la de la educación o formación sobre la misma; en distintas aportaciones del citado grupo, se pone de manifiesto la importante carencia de educación ética en los colegios y universidades, entendiéndose que si el ciudadano crece sin valores éticos, estamos comprometiendo el futuro de nuestra sociedad, y que la ética comienza necesariamente a un nivel personal, y si no somos personas éticas, difícilmente se podrá pedir ética a nuestros líderes y gobernantes. Es por ello que se propone la necesaria introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores y contra la corrupción.

De igual forma, resulta asimismo necesario impulsar la formación de los funcionarios y empleados públicos en estas materias. También se propone promover mecanismos de ética, transparencia y control económico-financiero de las empresas participadas total o mayoritariamente por el Estado o por cualquiera de los restantes niveles de la Administración pública. Sin salir del ámbito de la formación ética, es igualmente importante incorporar la enseñanza de la ética en los diversos planes y programas de estudio de numerosas titulaciones universitarias, así como diseñar estudios de posgrado en ética pública y corrupción, organizar cursos de verano y foros temáticos sobre estas materias, además de orientar tesis de licenciatura y de doctorado y fomentar proyectos de investigación sobre estos temas. Se propone incluso incorporar la ética judicial en la titulación de Derecho, así como en la propia formación de los jueces.

Por otra parte, existen distintas medidas para un desarrollo efectivo de la ética en diversas instituciones. En relación con las instituciones públicas, se considera la necesidad de un Consejo de Ética y/o de una Oficina de Ética, así como el establecimiento de unos principios generales de ética y buenas prácticas en todos los parlamentos, tanto en el nacional como en los autonómicos. También se considera necesaria la creación en cada parlamento de una comisión de ética para debatir y dirimir los problemas e incidencias que pudieran surgir en relación con esta materia en el curso de la actividad parlamentaria.

Se propone asimismo en este ámbito la creación de un Consejo Asesor Contra la Corrupción, integrado por un equipo multidisciplinar de expertos en la materia para deliberar y emitir iniciativas que promuevan y refuercen la ética pública. Para finalizar lo relacionado en estas líneas con la ética, cabe mencionar algunas propuestas sobre el diseño de unas herramientas de gestión ética basadas en los marcos de integridad institucional, que propicien las buenas prácticas en los procesos y estructuras de gestión de las entidades públicas. También se propone la implantación de auditorías éticas, que revisen, bien de forma aleatoria o programada, que la conducta de los servidores públicos sea la correcta en las distintas áreas de gobierno de las administraciones públicas.

Haciendo referencia ahora a la otra cara de la moneda, esto es, la corrupción, hacemos igualmente mención a algunas de las propuestas seleccionadas del citado grupo multidisciplinar en relación con esta materia. Un primer apartado o vector realmente importante en lo relativo a la corrupción es la prevención de este fenómeno, y las posibles formas de atajar anticipadamente esta importante lacra social, a algunas de las cuales vamos a hacer referencia. Una primera vía para luchar preventivamente contra la corrupción es el desarrollo de un sistema realmente eficaz y efectivo de administrar justicia. Para ello, es importante, por una parte, asegurar la independencia de los fiscales respecto a los poderes y partidos políticos, para lo cual sería necesario modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de cara a asegurar una elección independiente, tanto del fiscal general como del resto de los fiscales: fiscales de sala, Fiscalía Anticorrupción, etc. Sería igualmente importante, por otra parte, que en este país hubiese un claro incremento del número de jueces y fiscales hasta alcanzar una ratio por población similar a la de los países más avanzados de nuestro entorno, y así tratar de garantizar una justicia sin dilaciones, ya que la justicia lenta es menos justicia.

De cara, por otra parte, a evitar corruptelas o actuaciones sesgadas de los órganos que administran la justicia, sería importante un claro y explícito compromiso institucional para la despolitización en la elección de los integrantes de órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Estado, así como de los organismos creados con fines similares en las comunidades autónomas. Todos estos miembros deberían ser elegidos siempre con transparencia y con base en criterios objetivos y medibles de méritos y capacidad.

Otra vía para atajar preventivamente la corrupción de tipo económico sería el compromiso explícito de los representantes políticos de no efectuar operaciones con países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, y se debería acordar que el posible incumplimiento de ello fuera causa expresa de renuncia. Dentro del ámbito parlamentario, por otra parte, debería establecerse una duración limitada de los mandatos parlamentarios, de un máximo de dos o excepcionalmente tres mandatos, lo cual evitaría un cierto anquilosamiento y conflictos de intereses en esos cargos y facilitaría una cierta oxigenación y frescura política en los correspondientes escaños.

En cuanto a las medidas para combatir legal e institucionalmente la corrupción, cabe señalar, por ejemplo, una limitación al máximo de la concesión de indultos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción. También sería importante que hubiera una regulación legal definitiva de los lobbies, fomentando así su transparencia y la creación de registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias. Por parte sobre todo de instituciones académicas y representantes de la sociedad civil, se postula la necesidad de disminuir el excesivo nivel de partitocracia existente en nuestro país, y la necesidad de reducir el excesivo poder de los partidos políticos en la sociedad, considerándose que en muchas ocasiones las decisiones políticas y legislativas de los partidos anteponen sus propios intereses a los intereses generales de la ciudadanía.

También sería necesaria la creación de un Observatorio de la Corrupción que pudiera analizar y hacer un seguimiento permanente de la misma, definiéndose previamente un sistema objetivo de medición basado en un conjunto de indicadores colectivamente aceptados. Otra de las diversas medidas que se consideran necesarias es la exclusión automática de las listas electorales de los investigados por corrupción. Cabe señalar finalmente la necesidad de prevenir y combatir igualmente la corrupción privada, o más concretamente la corrupción empresarial, tanto en los negocios entre empresas como en los relacionados con contrataciones públicas o semipúblicas, ya que ello ha sido siempre un importante semillero de prácticas corruptas y de favor en el ámbito de muchas instituciones de carácter local, municipal, autonómico, etc.

Pensamos y deseamos, en resumen, que las anteriores medidas y propuestas podrían servir para propiciar una mejora de los niveles éticos en las organizaciones, instituciones y partidos políticos de nuestro país, así como para prevenir y combatir esos niveles de corrupción que todavía perduran en muchos rincones de nuestra sociedad.