Los fondos europeos, palanca para actualizar la estrategia contra la corrupción que el Gobierno tiene pendiente

España espera la llegada del desembolso del segundo tramo de 10.000 millones del fondo de recuperación europeo, cuya solicitud aprobó la Comisión Europea (CE) el pasado 3 de diciembre, en medio de un proceso de adaptación a los requisitos que impone Bruselas contra la corrupción pero sin cumplir aún el plan trazado en el acuerdo del Gobierno de coalición para crear una estrategia global. 

[Pactocheck | Pendiente: Elaborar un Plan Nacional contra la Corrupción]

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, arrancaba el lunes 6 de diciembre una semana en la que se celebraba el Día Internacional contra la Corrupción con la promesa de trabajar para “acelerar los plazos” y que el dinero llegue “cuanto antes”. 

Tras la luz verde de la CE, los 27 estados comunitarios a través del Consejo de ministros de Economía (Ecofin) tienen cuatro semanas para comprobar que España haya cumplido los 52 hitos a los que se comprometió. Varios eventos organizados el pasado 9 de diciembre, con motivo de la efeméride contra la corrupción, tenían en el centro los fondos europeos, como es el caso del taller de medidas antifraude de Transparencia Internacional. 

Según el Barómetro Global de la Corrupción de 2021 de ese organismo, publicado el pasado mes de junio, el 34% de los españoles consultados pensó que el fraude había crecido en los doce meses anteriores, y aunque solo el 2% admitió haber pagado un soborno, el 40% sí reconoció haber usado contactos personales para conseguir algún servicio. Cada año, según Naciones Unidas, se pierde un 5% del PIB mundial en corrupción.

¿Qué medidas contra la corrupción ha adoptado España por los fondos europeos?

La doctora en Derecho, secretaria de Administración Local y codirectora de la Red Local de Administración Pública (Localis), Concepción Campos Acuña, explica a Newtral.es que el compliance o cumplimiento normativo se está instalando en las entidades públicas que opten a gestionar contratos o subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de los fondos GenerationNext EU. 

El mandato está en vigor desde el pasado 30 de septiembre, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó dos órdenes del Ministerio de Hacienda relevantes en este sentido porque regulan la gestión de los fondos.

• Por un lado, y sobre todo, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se reconfigura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Obliga a evaluar previamente el riesgo de fraude, a cumplimentar una declaración de ausencia de conflicto de intereses y a que la entidad decisora apruebe el plan en un plazo inferior a 90 días, así como a estructurar las medidas en cuatro elementos del llamado “ciclo antifraude”: prevención, detección, corrección y persecución. Esta orden habla del “desarrollo de una cultura ética”.
• Y por otro, la Orden HFP/1031/2021, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable.

Campos Acuña admite que “no deja de ser un fracaso que necesitemos la palanca de Europa, y en realidad de la palanca del dinero, para dar el paso y dotarnos de un sistema articulado que vele por la integridad”. Sin embargo, concede que al mismo tiempo se trata de “una oportunidad extraordinaria y un caballo de troya para introducir este cambio de cultura” en la lucha contra la corrupción. 

Además, el Estado cuenta con el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, adscrito a la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), que vela por los intereses financieros de la UE en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). En este contexto está abierto un canal de denuncias del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia. También está activa la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que depende del Ministerio de Hacienda.

El plazo de 90 días que se estipula, explica Campos Acuña, resulta “muy limitado” precisamente porque no hay un desarrollo previo en términos de cumplimiento normativo, por eso las entidades públicas se han encontrado “con un folio en blanco” a la hora de gestionar los fondos.

¿Qué medidas contra la corrupción tiene pendiente implantar España?

Para hacer un balance de las medidas contra la corrupción que el Gobierno tiene pendiente implantar se pueden atender dos frentes: las exigencias de terceros organismos y las metas fijadas en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos del 30 de diciembre de 2019.

“La UE y el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) nos han llamado la atención porque España sigue sin estrategia ni organismo global para organizar el conjunto de medidas contra la corrupción”, recuerda Campos Acuña. 

En el pacto de gobierno se mencionaba la creación de “un Plan Nacional contra la Corrupción, que estudiará una reforma del Código Penal. También incluirá la ampliación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos”. Pero como se puede comprobar en el Pactocheck, la herramienta desarrollada por Newtral.es para seguir el grado de cumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos en 2019, la creación de esta estrategia está pendiente. 

Y en lo que se refiere a un organismo global, es importante destacar que Podemos incluía en su programa la creación de un “organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes en esta materia” para coordinar todo el plan. Sin embargo, esta institución no existe hasta el momento en España.

Una “normativa atomizada” por los cambios de prioridades asociadas a la COVID-19

El acuerdo del gobierno de coalición planteaba otra propuesta más concreta sobre la que no hay novedades: “Aprobaremos una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante. Se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia”. Desde Newtral.es se ha preguntado sin éxito al Ministerio de Justicia por esa norma y la eventual reforma del Código Penal. 

Según la codirectora de Localis, el “Estado tiene atomizadas las obligaciones y las normativas”, pero lo positivo es que el desarrollo de la estructura regulatoria de los fondos y la que tiene planificada el Ejecutivo “implica a autoridades en todos los niveles jerárquicos”. 

Así, aunque no exista una ley específica contra la corrupción, sí hay normas asociadas preexistentes, como la Ley de Contratos del Sector Público (2017), la Ley General de Subvenciones (2003), la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (2015) o la Ley de Procedimiento Administrativo Común (2015). Otro de los planes pendientes, recuerda Campo Acuña, es la actualización de la Ley de compatibilidades desde 1984.

[El Ejecutivo no cumple con sus plazos del 36% de actividades del Plan de Gobierno Abierto]

Por otra parte, continúan en trámite la regulación de las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos, el registro de los grupos de interés o lobbies y la reforma de la Constitución para limitar los aforamientos políticos. El próximo 17 de diciembre vence el plazo para la transposición para aprobar la ley de protección de denunciantes de corrupción en España. 

El IV Plan de Gobierno Abierto también se compromete, por un lado, a reformar el marco regulatorio de la Ley de Transparencia, lo cual está en el aire, según notifica en el Portal de Transparencia. Otra promesa está encaminada a mejorar los sistemas de integridad pública, a regular el registro de grupos de interés (o lobbies) para lo cual ya hay un anteproyecto que a mediados de año estaba en fase de consultas.

Ninguna de ellas aparece recogida en el Plan Anual Normativo de 2021 del Gobierno publicado a finales de agosto. Campos Acuña apunta que para entender la demora en la tramitación de estas normas hay que tener en cuenta que la pandemia de la COVID-19 ha trastocado las prioridades legislativas y los sucesivos cambios en ministerios clave como Función Pública o Justicia han podido alterar los planes del Gobierno.