Como un avance sin precedentes hacia el fortalecimiento de la transparencia y la legalidad, calificó la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, la aprobación del proyecto de Ley por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción (341-2020 de Senado y 369-2021 de Cámara), que surtió trámite en el Congreso de la República y pasa a sanción presidencial.
“Hoy podemos decir, con júbilo, que se les acabó el derroche a los corruptos. Estamos enviando un poderoso mensaje a los avivatos que se lucran de los recursos públicos: aquí está un país unido, sumando fuerzas para derrotar este flagelo, desde la integridad y la legalidad”, señaló la Vicepresidente y Canciller.
La alta funcionaria agradeció a todas las entidades que hacen parte de la Comisión Nacional de Moralización, que se sumaron a la construcción de esta iniciativa, y al Congreso en pleno, que demostró coraje y le dio el sí a un proyecto sin precedentes.
“Agradecemos el respaldo Congreso en pleno, en especial a los ponentes de la iniciativa, a los senadores Germán Varón Cotrino y Carlos Abraham Jiménez, y a los representantes José Daniel López y César Lorduy, por aprobar el PL anticorrupción, sin el artículo que amenazaba la libertad de prensa, que nunca estuvo en el proyecto presentado por el Gobierno”, afirmó.
Esta iniciativa acoge los más altos estándares internacionales en la lucha contra la corrupción y buenas prácticas adoptadas por el país, se construyó con la participación de 25 entidades del Estado y bajo el liderazgo del Presidente de la República, Iván Duque.
El texto del proyecto de ley tiene tres grandes pilares: i) prevención y pedagogía ii) sanción y iii) fortalecimiento institucional; agrupados en 9 capítulos y 68 artículos. También reúne iniciativas legislativas en materia de lucha contra la corrupción, que fueron archivadas, ataca falencias legales y busca empoderar y dotar a las autoridades anticorrupción, así como recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad pública.
Entre los principales asuntos que contempla la norma, se destacan:
I) La creación de un régimen sancionatorio a las empresas por la comisión de actos de corrupción por sus representantes o directivos.
II) La agilización del trámite de la extinción de dominio y la monetización de los bienes objeto de esta medida con el fin de evitar los altos costos administrativos. Para ello, se incluye un artículo que habilita la enajenación temprana de bienes afectados con medidas cautelares con fines de comiso, esto con el objetivo de facilitar su monetización y administración.
III) La puesta en marcha de los programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, con un fuerte componente de legalidad e integridad.
IV) La obligatoriedad de desarrollar actividades de debida diligencia para identificar los Beneficiarios Finales.
V) La creación de un sistema de detección y alerta para combatir el incremento patrimonial injustificado por parte de servidores públicos, entre muchos otros.
VI) La creación de un fondo para la reparación de víctimas de actos de corrupción y la inhabilidad para quienes incumplan los contratos del PAE.
VII) El establecimiento en los Proyectos Educativos Institucionales de los colegios, de competencias en integridad, transparencia y respeto de lo público.
VIII) La creación de la figura de los contralores estudiantiles que promuevan la rendición de cuentas, la participación democrática, la honestidad y la transparencia”.
“En la lucha contra la corrupción, la clave es la prevención. Por ello, tenemos que lograr la cultura de la integridad en el sector público y privado, una sociedad que diga ¡basta a la corrupción!, no más opacidad; los ciudadanos deben conocer en qué se invierten los recursos, qué se decide en el Estado y a quienes benefician las decisiones”, enfatizó la Vicepresidente.
Agregó que, para ello, es necesaria la implementación de los mecanismos de compliance, de control y de gestión de riesgos de corrupción. “En el sector público y privado estamos en la obligación de mejorar nuestra democracia desde adentro y de fortalecer la institucionalidad, reconociendo las debilidades y fallas para mejorarlo y así lograr más confianza ciudadana en el país”.
Por su parte, la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño, destacó la aprobación de este proyecto de ley, como un gran paso hacia la construcción de una sociedad más justa, equitativa y productiva.
“Este articulado recoge iniciativas de todos los sectores en torno a la prevención, la sanción y el fortalecimiento institucional. Es un proyecto de ley de avanzada y apegado a los más altos estándares internacionales que posicionará y pondrá a nuestro país a la vanguardia de la lucha frontal contra la corrupción”.
El proyecto de ley fue radicado por el Presidente de la República, Iván Duque, el 27 de octubre de 2020. Inició debate en la Comisión Primera del Senado, aprobado el 10 de junio de 2021. Luego se aprobó en plenaria de Senado, en segundo debate el 5 de octubre de 2021. El 24 de noviembre se aprobó en tercer debate, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El lunes 6 de diciembre, el articulado fue aprobado en último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Ayer, 15 de diciembre, se llevó a cabo la conciliación en Cámara, y hoy, en el Senado, por lo que pasará a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.
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Fuente: Vicepresidencia de la República de Colombia
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