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23/02/2022

Solo 8 países de la Unión Europea han adoptado leyes de protección a denunciantes para cumplir con la Directiva Whistleblower

El último país en hacerlo ha sido Francia

En 2019, la Unión Europea adoptó una directiva de gran alcance sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del derecho de la Unión. La Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades entró en vigor el 16 de diciembre de 2019 y cada uno de los 27 Estados miembros de la UE tenía hasta el 17 de diciembre de 2021 para transponer sus disposiciones a sus sistemas legales e institucionales nacionales.

A día de hoy, solamente 8 de los 27 Estados han aprobado leyes para cumplir con la directiva. El último de ellos, Francia, aprobó una nueva ley de protección de denunciantes el pasado 16 de febrero. El Parlamento francés adoptó formalmente la nueva legislación: Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d´alerte, que probablemente entrará en vigor en marzo. 

La nueva legislación reforma la ley existente conocida como Sapin II para alinear el marco de protección de los denunciantes con la Directiva de la UE sobre denuncias de irregularidades adoptada a finales de 2019.

Francia se convierte en el octavo país de la UE en adoptar una ley de transposición, uniéndose a Chipre, Suecia, Dinamarca, Portugal, Malta, Lituania y Letonia. La mayoría de los países se han retrasado seriamente en el proceso que debería haberse completado por completo antes del 17 de diciembre de 2021 y la Comisión de la UE ya ha iniciado procedimientos de infracción.

Al implementar la Directiva, los gobiernos de la UE tenían la opción de transponer los requisitos estándar mínimos palabra por palabra, o ir más allá e introducir disposiciones más completas, en línea con el consenso internacional emergente sobre la protección de los denunciantes.

La nueva ley se considera una victoria para la sociedad civil en Francia, que ha estado haciendo una campaña incansable para reforzar la protección durante la transposición de la Directiva. En los últimos dos años, la sociedad civil ha estado trabajando con sindicatos, expertos legales y el parlamentario Sylvain Waserman para redactar la ley que se aprobó hoy.

El proyecto de ley fue presentado al Parlamento por Sylvain Waserman, ex relator sobre protección de denunciantes ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. A pesar de cierta oposición del Senado francés, en enero se llegó a un acuerdo sobre el texto y la versión final adoptada hoy incluye algunas disposiciones clave que elevan los estándares de la legislación sobre denuncias de irregularidades en toda Europa.

Las características clave incluyen:

  • Un amplio alcance material: se protegerá la denuncia de daños al interés público, incluso si no se infringe la legislación nacional o de la UE.
  • Protección de los facilitadores de denuncias: incluidas las ONG que ayudan a denunciar.
  • Inmunidades: incluida la responsabilidad penal y civil.
  • Medidas de apoyo: incluida la asistencia financiera y psicológica y la financiación para cubrir los honorarios legales.
  • Sanciones disuasorias: responsabilidad personal por represalias inc. fuertes multas (60k) o prisión (3 años).
  • Seguridad nacional: los denunciantes de defensa estarán protegidos a menos que informen información clasificada.

Para consultar el estado de la transposición de la Directiva en los 27 Estados miembros, entra en Whistleblowing Monitor, donde podrás ver detalladamente el progreso en cada uno de los Estados: https://www.whistleblowingmonitor.eu/

Fuentes: Whistleblowing International Network y Whistleblowing Monitor

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