El Ministerio de Consumo va a crear un organismo para estudiar, vigilar, inspeccionar y sancionar fraudes masivos, una competencia que hasta ahora tan solo tenían las comunidades autónomas. El departamento de Alberto Garzón cuenta con esta nueva atribución desde el pasado 28 de mayo tras la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, si bien todavía no ha iniciado ningún expediente sancionador. Las principales organizaciones de consumidores consideran que se trata de un paso positivo, pero alertan de que si no hay voluntad política para luchar contra este tipo de estafas, no servirá de nada.
Garzón ha comparecido en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para anunciar que su ministerio pondrá en marcha una subdirección general adscrita a la Dirección General de Consumo para ocuparse de esta nueva competencia. “Hasta ahora no había instrumentos para sancionar casos como el de Volkswagen [que alteró los resultados de los controles de emisiones contaminantes en 11 millones de coches diésel], que en otros países ha tenido sanciones administrativas, pero no en el nuestro”, ha señalado el ministro. La nueva tarea “permitirá al Gobierno, por primera vez en la historia de nuestro país, tener un instrumento que refuerza, mejora y amplía la capacidad sancionadora”, ha continuado. En su opinión, esta iniciativa supone acabar con una laguna de la legislación española.
Hasta este momento, este tipo de fraudes tenían que ser perseguidos por las 17 comunidades autónomas, cada una con su propia legislación. Desde ahora, el Gobierno central —junto con las autonomías, que no pierden su competencia— podrá actuar como autoridad sancionadora en aquellas infracciones que puedan afectar a la unidad del mercado y a la competencia, o cuando ocurran en varios Estados de la Unión Europea. Además, el ministerio podrá multar a empresas que no estén localizadas en España, como suele ocurrir en las infracciones relacionadas con el comercio electrónico. El objetivo es tener más herramientas para sancionar los comportamientos empresariales perjudiciales para los derechos de las personas consumidoras.
Recuperar la capacidad sancionadora del Estado era una de las principales peticiones de las asociaciones de consumidores al ministerio, por lo que están a favor de la medida, pero piden voluntad política para aplicarla. Olga Ruiz, presidenta de Facua-Consumidores en Acción, explica: “La creación de una subdirección no es más que la fórmula para gestionarlas a nivel de organigrama. Sin embargo, lo decisivo será la voluntad política del Gobierno para perseguir los fraudes masivos y que efectivamente se ejerzan las competencias”.
Un análisis similar hacer Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU): “Acogemos con optimismo que por fin Consumo se vaya a encargar de perseguir, inspeccionar y sancionar los fraudes masivos. Y si ahora lo va a hacer a través del régimen sancionador nos parece positivo. Los fraudes masivos son una asignatura pendiente en España, como se ha visto en el caso Volkswagen, donde dependiendo a la comunidad a la que te dirigieras te respondían de una manera o de otra”.
Por eso, para Izverniceanu, “las competencias nacionales deberían ser usadas para tratar a todos los consumidores de la misma manera, independientemente de dónde residan, y creemos que se puede hacer más fuerza si hay un liderazgo nacional. Si es difícil sancionar en estos casos complicados, que se dan en diferentes países, es lógico que en el mismo país tengamos una misma respuesta a un mismo incumplimiento”. La OCU se compromete a informar al ministerio de casos para investigar.
Una opinión similar comparte Fernando Móner, presidente de Cecu: “Valoramos positivamente la creación de esta subdirección general. Todo lo que se pueda hacer para incrementar la vigilancia del mercado en cuanto a fraudes masivos nos parece necesario, sobre todo viendo que en los últimos 15 años hemos sido víctimas de esas estafas en muchos sectores, automóviles, financieros, telecomunicaciones... A la espera de ver la letra pequeña, el organismo nos parece adecuado. Y debería coordinarse con las capacidades de inspección de las comunidades autónomas”.
En su comparecencia, Garzón ha repasado algunas de las novedades puestas en marcha por su departamento, como la ampliación de la garantía legal de los bienes de consumo de dos a tres años o la reforma de la futura Ley de Atención a la Clientela, que llegará antes de final de año, mejorará los plazos de consulta y resolución de incidencias y limitará a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información y reclamación. Además, ha recordado que su departamento prepara una etiqueta que muestre el índice de reparabilidad de los electrodomésticos, y que tiene previsto aprobar un decreto para flexibilizar los requerimientos de higiene del comercio minorista y otro para instalar cámaras de videovigilancia en mataderos.
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