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Un gran avance de Paraguay en materia de Compliance dentro del sector público

En fecha 24 de junio de 2022, por medio de la Resolución nro. 2122/2022, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) aprobó la Política de Integridad y Compliance en el ámbito de las Compras Públicas.

La misma busca fortalecer el sistema de contrataciones públicas del Estado paraguayo mediante la prevención y el combate de la corrupción, como así también la promoción de la integridad, transparencia y el control a través de planes, programas y acciones dentro de los diferentes estamentos de la sociedad y del Estado.

Esta nueva herramienta que surge desde el Estado, se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), de la cual Paraguay ha internalizado a través de la Ley nro. 2535/2005, y que tiene como fin fortalecer las medidas de prevención y lucha contra la corrupción en los sectores público y privado.

En ese contexto, también se encuentra el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021 - 2025) que considera a la contratación pública como uno de los procesos más vulnerables y de mayor riesgo de fraude y corrupción a nivel global.

Lo que pretende la Política de Integridad y Compliance es prevenir y en su caso, detectar fuentes financieras ilegales que se pretendan introducir al área de las contrataciones públicas. Para ello, el sector privado que desee contratar con el Estado ya sea de forma directa o indirecta debe establecer de manera clara que los recursos que utilizarán para esos fines no provienen de delitos como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, o de cualquier otra actividad ilícita.

Un elemento clave e indispensable que incorpora la Política es la implementación de programas de cumplimiento y el Buen Gobierno Corporativo, y en ese sentido se creará un Sistema de Gestión de Riesgos y Control Interno para identificar y mitigar riesgos de integridad en las contrataciones públicas, buscando que vayan más allá del simple cumplimiento de las tareas de control interno, facilitando la formación de una cultura de riesgos y aportando recursos técnicos para identificarlos.

Asimismo, el gobierno corporativo en este ámbito no solamente establecerá un modelo de prevención de delitos, sino que además incluirá el monitoreo de todos los compromisos que el oferente ha asumido dentro del ámbito de las compras públicas.

Según el “Estudio de Factibilidad: Incorporación de las empresas de triple impacto como proveedoras del Estado, 2021”, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Paraguay ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe durante las últimas décadas, con un promedio de 7,2% anual, alcanzando tasas históricas entre 2010 y 2013 en torno al 14%. Así también, de acuerdo a estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las compras públicas representan en el país aproximadamente un 11% del PBI.

Por lo tanto, la Política representa un paso importante en materia de transparencia y control para el Paraguay, y una interesante expansión del compliance que se abre del ámbito financiero a uno de los sectores claves de desarrollo de un país. 

CAPÍTULO PARAGUAY – WCA

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