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OCDE pide a Costa Rica publicar sanciones por corrupción

País carece de una estrategia integral, según reciente informe.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aconseja a Costa Rica hacer públicas las sanciones por corrupción. Instan a que se siga el ejemplo de Colombia y Brasil, donde hay sitios especializados en relación con estos casos. 

Estas páginas, entre otras cosas, reúnen datos estadísticos y los nombres de empresas que han sido sancionadas por temas de corrupción, así como informes de auditoría y otras acciones disciplinarias hacia funcionarios. 

La publicación de datos sobre la aplicación del régimen disciplinario en el sector público costarricense podría ser parte de los cambios que se pueden implementar, según el organismo. 

“Los datos recopilados pueden usarse para alimentar a las políticas de integridad y anticorrupción. Más aún, pueden ayudar a identificar áreas, sectores y patrones que emergen de investigaciones en curso y las sanciones impuestas. De forma más general, los datos sobre cumplimiento disciplinario serían parte de una evaluación y monitoreo más amplia del sistema de integridad. Por ejemplo, Corea desarrolla y toma en consideración para el proceso de monitoreo y evaluación dos índices relacionados tanto a casos disciplinarios como de corrupción”, indica el documento.

Se trata del informe sobre la integridad en Costa Rica, que reúne una serie de recomendaciones para abordar el tema. Aunque se destaca la recién aprobada estrategia nacional para la integridad en la prevención de la corrupción, también se señala que no hay una atención unificada para el combatir el flagelo. 

Enumeran las debilidades país más evidentes. Apuntan a situaciones donde media el conflicto de interés y también aquellas derivadas de asociaciones público privadas. 

“Una mayor claridad y orientación ayudarían a prevenir la corrupción. No solo es detectar casos individuales, sino cómo hacer a las instituciones más resilientes. Se debe trabajar juntos en los riesgos para la atención de la integridad”, advirtió Elsa Pilichowski de la OCDE. 

Como parte de las acciones del gobierno para el combate y la prevención de la corrupción en la función pública, la Administración presentó a la corriente legislativa en mayo el proyecto de Ley N°23.104 de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción

Laura Fernández, ministra de Planificación, dijo que este estudio da señales importantísimas en dos ejes de acción fundamentales. “El primero tiene que ver con la rectoría en materia de empleo público, donde sin lugar a dudas el combate a la corrupción y la búsqueda de la integridad en cada uno de los funcionarios públicos debe ser un estandarte. Adicionalmente, nos permite identificar la necesidad de avanzar hacia una política pública que contenga acciones estratégicas en el corto, mediano y largo plazo”, comentó.

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