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28/09/2022

Iván Martínez: se necesita legislar para proteger a denunciantes

El vicepresidente de la WCA, Iván Martínez, expresa que está demostrado que la medida constituye uno de los medios más eficaces y reales para detectar los malos manejos

FUENTE: EL PERUANO

Percy Buendía Quijandría

El Perú necesita legislar de “manera mucho más contundente” en aspectos vinculados a la protección de los denunciantes de actos de corrupción y para otorgarle más transparencia a los procesos de contratación pública, afirmó el vicepresidente de la World Compliance Association (WCA) Internacional-España, Iván Martínez López.

En diálogo con el Diario Oficial El Peruano, el experto opinó sobre la situación del combate al mencionado flagelo en el país, así como de las medidas que se deben adoptar en los sectores público y privado en la materia.

Cuestiones claras

En este tema, aseveró, “se necesita legislar de manera mucho más contundente en dos cuestiones para mí claras. Por un lado, figura lo relacionado con la protección del denunciante. Insisto mucho en esta medida porque está más que demostrado, los datos hablan, que es uno de los medios más eficaces y reales para detectar los casos de corrupción”.

“Sin embargo, mientras no exista un marco legal adecuado que proteja a los denunciantes, pues será imposible abordar esta cuestión de una manera útil”, subrayó el especialista, que llegó a Lima para participar en el Sexto Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción.

Martínez manifestó que existe el modelo de Estados Unidos que quizá constituye la gran referencia en este sentido. “Por ejemplo, Europa dio pasos muy interesantes sobre este tema y Paraguay, Costa Rica y México registran avances legislativos muy interesantes en la protección de denunciantes”, subrayó.

“El Perú no parece muy interesado en abordar este problema con, para mí, la excusa de que existen otros asuntos más prioritarios que atender. Hay pocos asuntos más prioritarios que atender que la lucha contra la corrupción, porque este flagelo pudre todo, es un virus realmente pandémico”, expresó.

Exigencia

Por otro lado, manifestó, se debería exigir mucha más transparencia en los procesos de contratación pública. “La contratación pública sigue siendo uno de los grandísimos focos de los problemas, pues se maneja muchísimo dinero. Gran parte del gasto público del país se va por vía de la contratación y las licitaciones de diferentes características y dimensiones. Los niveles de transparencia siguen siendo inadecuados”, subrayó.

El vicepresidente de la WCA sostuvo que todas las semanas del Perú y de otros países le pasan proyectos de licitación pública “que no hace falta ser un experto para darse cuenta que ya están atados, amarrados”.

“Existen medidas para este asunto. Nosotros trabajamos con gobiernos nacionales y regionales en implementar sistemas de gestión de alertas y equipos de investigación interna ante situaciones potenciales de casos de corrupción”, indicó el especialista.

En este contexto, Martínez valoró el esfuerzo que ejecuta la Contraloría General de la República que “desde mi visión es una de las instituciones más respetables en el país en materia de lucha real contra la corrupción”.

Especialización

“Otras cuestiones pendientes muchas veces no vienen tanto desde el lado legislativo, sino desde la aplicación real. Necesitamos mucho más fiscales y jueces especializados en el ámbito de la corrupción empresarial, pues es en la que se interacciona con lo público y, dado los intereses que se crean, tenemos aquí más niveles de corrupción”, alertó.

Es importante, recalcó, contar con magistrados mucho más formados y tribunales especializados, así como fiscales que conozcan la materia. “Si bien existe la Ley N° 30424, la cual ya tiene años de vida; sin embargo, son muy escasos los casos de aplicación real, de persecución o de investigación de empresas al amparo de esta norma”, afirmó.

“Oportunidades para aplicar la ley en el Perú seguro que existen. Muchas veces nos ha pasado también que en otros países hubo que realizar un esfuerzo para formar a fiscales, jueces y crear unidades especializadas en materia de lucha contra la corrupción en los ámbitos corporativo y público. La aplicación real es otro de los grandes retos del país”, puntualizó.

Regulación

La mencionada ley, que entró en vigor el 1° de julio del 2017, regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, previsto en el artículo 397-A del Código Penal.

Como personas jurídicas incluye a las entidades de derecho privado, así como a las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de economía mixta.

Compromiso total

En la lucha contra la corrupción es necesario un compromiso de absolutamente toda la clase política, con el fin de incrementar los niveles de prevención y de transparencia para que el combate a este flagelo se ejecute en todos los niveles, expresó Iván Martínez.

“Por ejemplo, en el Perú, respecto a la Ley N° 30424 en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, creo que el primer proyecto que se presentó era bastante aceptado y, sin embargo, con bastante decepción veo como en una nueva propuesta de modificación se pretende sacar el delito de corrupción entre particulares, cuestión que es un problema real del Perú y de otros muchos países”, aseveró.

El vicepresidente de la World Compliance Association (WCA) Internacional-España lamentó el mensaje que se está dando a los ciudadanos “cuando pretendemos que no se penalice o no se persiga desde el punto de vista del crimen corporativo y todo lo que lo rodea y cómo afecta al sector público y a la vida de los ciudadanos”.

En este contexto, Martínez se mostró contrario a que se “saquen o se dejen de penalizar determinadas conductas y que todos sabemos que son un problema real del país”.

Cifra

8 de cada 10 peruanos consideran que la corrupción aumentó en los últimos cinco años, según la última encuesta de Proética.

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