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La denuncia que la Fiscalía ha presentado este viernes contra el FC Barcelona concluye que el objetivo de los pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira era que este, como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) hasta 2018, “realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones”. La Fiscalía atribuye al club azulgrana, como persona jurídica, un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo y señala también no a uno sino a dos expresidentes: Sandro Rosell (2010-2014) y Josep Maria Bartomeu (2014-2020), ambos acusados por corrupción en los negocios, pero también por administración desleal y falsedad documental.
El FC Barcelona, según la denuncia de la Fiscalía, “alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Negreira que tenía como finalidad última alterar la competición a favor del club. En su única declaración, ante la Agencia Tributaria, Negreira afirmó que fue contratado porque el Barça quería asegurarse arbitrajes “neutrales”, que no lo perjudicasen. La denuncia recuerda que el CTA, órgano del que Negreira fue vicepresidente entre 1994 y 2018, es el encargado entre otras cosas de decidir sobre los ascensos y descensos de los colegiados.
La denuncia se dirige contra el FC Barcelona y contra cinco personas físicas. Además de Bartomeu, Rosell y Negreira, otros dos cargos del club en la etapa de Bartomeu han sido denunciados: el exdirector ejecutivo Óscar Grau y el exdirector de deportes profesionales Albert Soler. La Fiscalía había barajado inicialmente la posibilidad de que Rosell declarase como testigo, aunque finalmente ha considerado que los hechos, en su caso, pueden no estar prescritos. El ministerio público ha pedido la declaración, en este caso como testigos, de otros dos expresidentes del Barça bajo cuyo mandato se efectuaron pagos: Joan Gaspart (2000-2003) y Joan Laporta (2003-2010).
La investigación ha acreditado que, al menos desde 2001 y hasta julio de 2018, el Barça pagó a Negreira, a través de dos empresas (Nilsat y Dasnil), un total de 7,3 millones de euros. Las facturas no responden “a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”, a pesar de que el exárbitro había manifestado que prestaba “asesoramiento verbal” al club. El “motivo” que llevó al club a “poner fin a todos los pagos” en julio de 2018 no fue, según la acusación, sino el hecho de que Negreira fuera relevado de la vicepresidencia del órgano en mayo de ese año, apenas dos meses antes del último de los desembolsos.
Negreira percibió 1,2 millones de euros entre 2014 y 2015 (a través de Nilsat) y otros 1,6 millones en el periodo entre 2016 y 2018 (a través de Dasnil). Ese es el periodo investigado en el que los hechos no habrían prescrito y la cantidad asciende a un total de 2,9 millones. Las cuentas de las dos empresas, subraya la denuncia, “se nutrían prácticamente en su totalidad de los ingresos procedentes del FC Barcelona, que eran retirados, en su mayoría, mediante cheques al portador” que cobraba la secretaria y otras personas del entorno del exárbitro. La denuncia admite que “se desconoce el destino” del dinero en efectivo.
Javier Enríquez, coach deportivo e hijo de Negreira, fue contratado en 2016 por el exdirectivo del club ya fallecido Josep Contreras “con el único objetivo de confeccionar semanalmente informes técnicos arbitrales para cada partido de primera y segunda división” del Barça y analizar, posteriormente, los errores arbitrales. Bartomeu, Grau y Soler, según la Fiscalía, “conocían el entramado” y “evitaron a toda costa” que el hijo del exdirigente arbitral “fuera contratado directamente por el FC Barcelona para no relacionar el apellido con el club”. Sobre Javier Enríquez, la denuncia señala que “no ha quedado acreditado” por el momento que “conociera y compartiera el propósito de su padre”.
La Fiscalía señala la inspección de la Agencia Tributaria sobre el IVA del Barça respecto a las dos sociedades usadas por Negreira, Nilsat y sobre todo Dasnil. La Agencia Tributaria requirió al club copia de las facturas y del contrato de prestación de servicios suscrito entre ambas partes. También pidió que se identificara a los “profesionales, técnicos o auxiliar” que desarrollaron los servicios y copias de los vídeos e informes. “La respuesta del FC Barcelona fue que no se había encontrado la documentación requerida”, señala la denuncia. Las facturas, concluye la Fiscalía, “no se correspondían con prestaciones de servicios por parte de las empresas”.
La Fiscalía ha formalizado este viernes la denuncia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que ya había abierto diligencias por la querella de un árbitro del VAR contra Negreira. El ministerio público acusa, como persona jurídica, al Barça de un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad de fraude deportivo. El delito, que entró en vigor en 2010, castiga a sus responsables con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y también con penas de multa e inhabilitación.
Además de ese delito de corrupción en los negocios, la denuncia señala a Bartomeu y Rosell por otros dos delitos que implican también penas de prisión: administración desleal (por emplear dinero de los socios en fines ilegítimos) y falsedad en documento mercantil.
Fuente: elpais.com
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