En 2024 comienzan a entrar en vigor distintas normativas, europeas y nacionales, en materia ESG que obligarán a las empresas a adaptar su forma de informar a sus grupos de interés.
Con la llegada de 2024, las empresas tendrán que revisar el cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), ya que durante el ejercicio comienzan a entrar en vigor, y lo harán de forma escalonada, varias normativas de cumplimiento obligatorio que cambiarán la comunicación con el mercado y sus grupos de interés.
El primer gran paso será la Directiva europea sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), que transformará el reporting y la presentación de informes sobre aspectos ambientales, sociales y de gobierno. Desde este mismo año, y en sucesivas fases, cerca de 50.000 empresas estarán obligadas a presentar informes de sostenibilidad, incluidas aquellas que no pertenecen a la UE, pero cuyas filiales operan en ella o cotizan en mercados europeos.
Las primeras obligadas son las organizaciones con más de 500 empleados. Durante este ejercicio deben ya recopilar información sobre su impacto en el medio ambiente (de la mitigación del cambio climático y emisiones a la biodiversidad), los derechos humanos y sociales (igualdad de trato o condiciones laborales) y gobernanza (órganos de administración, sistemas de control interno, ética o relaciones con clientes, proveedores y comunidades) para publicarla en 2025.
Estándares
Las empresas tendrán que presentar su información en base a unos estándares comunes: los llamados ESRS. El número de requerimientos superará los 1.700, multiplicando la cifra de anteriores requerimientos de información sobre sostenibilidad.
Los principales aspectos que incluye tanto la Directiva como los ESRS son el concepto de doble materialidad, la inclusión de información sobre la cadena de valor y el concepto de diligencia debida de sostenibilidad. Este último está muy relacionado con la próxima Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CSDD).
En enero, las compañías también tendrán que presentar su primera declaración con la cantidad de gases de efecto invernadero de los productos importados entre octubre y diciembre de este año, al comenzar la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MARC), que gravará las importaciones más contaminantes. El nuevo mecanismo se aplicará, por ejemplo, a las importaciones a la UE de hierro y acero, aluminio, electricidad, ciertos fertilizantes o cemento. Los declarantes estarán obligados a llevar un registro de las emisiones correspondientes a los productos importados, que servirán para calcular y justificar las emisiones implícitas.
En España, el Consejo de Ministros aprobó este diciembre la Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que obligará a las compañías y a la Administración y al sector público a tener al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración, como ya hacen países como Noruega o Francia.
A falta del trámite parlamentario y de su aprobación definitiva, esta norma fija también sucesivos plazos de hasta cinco años, hasta 2028, para adaptar los consejos. Pero sería ya de obligado cumplimiento para las 35 cotizadas del Ibex. El selectivo tiene ahora, en conjunto, un 40% de mujeres en sus consejos, pero trece grupos no cumplirían la ley, aunque aún disponen de seis meses para nombrar nuevas consejeras.
El incumplimiento podría acarrear sanciones que, según ha desvelado el Gobierno, podrían ir desde "multas importantes" hasta la "suspensión de la cotización".
Diligencia debida
El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron este diciembre un acuerdo sobre la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa, que pretende fomentar un comportamiento responsable en toda la cadena de valor y obligará a las empresas a identificar, prevenir y diseñar medidas contra su impacto negativo en el medio ambiente y los derechos humanos. Se aplicará a empresas con más de 500 empleados y 150 millones de euros de ingresos. Las compañías se enfrentarán a multas por incumplimiento, que puede suponer al menos el 5% de sus ingresos. Los países tendrán dos años para su trasposición, pero España ya cuenta con el Anteproyecto de ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.
'Greenwashing' y circularidad
La Comisión y el Parlamento Europeo trabajan actualmente en el desarrollo de medio centenar de disposiciones, algunas de ellas relacionadas con temas medioambientales y sociales. Una de ellas es la propuesta de Directiva sobre nuevas normas para fundamentar la alegaciones ecológicas (Green Claims Directive), que busca establecer criterios contra el greenwashing y las declaraciones ambientales engañosas, con el fin de aplicar un mayor control y transparencia a estas etiquetas que utilizan algunos fabricantes. Ahora existen, al menos, 230 etiquetas diferentes. La Comisión Europea también ha propuesto modificar la Directiva sobre los derechos de los consumidores para obligar a los comerciantes a facilitar información sobre la durabilidad y la reparabilidad de los productos. La Presidencia española del Consejo de la UE y el Parlamento Eu- ropeo acaban de alcanzar, asimismo, un acuerdo político provisional sobre un reglamento de restauración de la naturaleza, que tiene como objetivo poner en marcha medidas para restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE para 2030, y todos los ecosistemas que necesiten restauración de aquí a 2050.
Fuente: Expansión
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