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31/05/2024

La Unidad de Inteligencia de The Economist sigue catalogando a España dentro del selecto club de democracias plenas del mundo, aunque existen imperfecciones institucionales y problemas estructurales.

Cuando hace veinticinco años iniciaba una senda de estudio sobre las instituciones de la sociedad española sobre bases teóricas renovadas, centré mis esfuerzos no solo en entender la dinámica de los procesos políticos y económicos en España, sino en interrelacionarlos con las debilidades y fortalezas de nuestro marco institucional. Por aquel entonces, conceptos como los de gobernanza, calidad institucional o costes de transacción resultaban ajenos a la investigación principal en ciencias sociales en nuestro país, aunque desde entonces, paulatinamente, han ido ocupado un espacio creciente en el análisis político y económico.

Justamente en aquella época, el Banco Mundial empezaba a construir su serie de indicadores sobre la gobernanza en los distintos países, entendiendo esa gobernanza como las tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en cada uno de los países. Así, la gobernanza -–entendida como calidad institucional– acabó midiéndose por el World Bank a través de seis indicadores relevantes: voz y rendición de cuentas, estabilidad política y ausencia de violencia, eficacia del gobierno, calidad legislativa, estado de derecho y control de la corrupción.
 
Pues bien, si hacemos un análisis comparado de estos indicadores para el caso español entre 2012 y 2022, a grandes rasgos veríamos como todos ellos han empeorado a excepción del de estabilidad política y ausencia de violencia, en cuya mejoría han tenido sin duda mucho que ver el fin de la acción de la banda terrorista ETA y la posterior superación de los riesgos de inestabilidad institucional derivados de la Gran Recesión que puso a la economía española al borde del abismo. Aun tomando con relativismo el valor de los indicadores, sí se aprecia que es el indicador de control de la corrupción el que mayor caída ha tenido en esta década en España.
 
Situándose el indicador en un intervalo entre -2.5 y +2.5, su valor en España estuvo en 1.17 en 2011, empeoró hasta 0.51 en 2017 y se recuperó parcialmente hasta 0.69 en 2022. En todo caso, tales niveles están a enorme distancia de aquellos de países, como Finlandia, Noruega o Suecia, donde el indicador de control de la corrupción supera los dos puntos. En esos países existe mejor calidad institucional y, con ello, se fortalece la democracia.
 
ESPAÑA EMPEORA EN EL RANKING INTERNACIONAL DE CORRUPCIÓN DESDE 2020

En la lucha contra la corrupción no puede levantarse la guardia. Y los indicadores recientes de International Transparency para el caso español siguen advirtiendo de que estamos ante una problemática estructural para la política y la sociedad española. Según el índice de percepción de la corrupción publicado a principios de este año, la puntuación de España (60/100) se mantiene constante entre 2022 y 2023. 
 
Pero, como la propia organización internacional señala, no hay motivo para la satisfacción si entendemos que España empeora en el ranking internacional de corrupción desde 2020. Es más bien un reajuste de posición que una caída abrupta, pero los datos alertan si pensamos que con los últimos datos de 2023 en el ranking estamos en niveles aproximados a países como Lituania, Portugal, Estonia, Letonia, Botsuana o Catar.
 
A la vez, cabe destacar cómo la Unidad de Inteligencia de The Economist sigue catalogando a España dentro del selecto club de democracias plenas del mundo, aunque existen imperfecciones institucionales y problemas estructurales que requieren de avances sociales, legales y judiciales. Es el caso de la corrupción de distintos tipos que, en muchos casos, persiste y no aflora ante la incapacidad del sistema de detectarla, evitarla, enjuiciarla y castigarla. Por eso en la lucha por la regeneración democrática no podemos relajarnos ante la corrupción, que daña en lo político, en lo económico y en lo moral.
 
 
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