La futura ley de transparencia vasca reforzará la protección de los ciudadanos que informen sobre infracciones normativas y cuestiones relacionadas con la corrupción en el sector público, según ha prometido en el Parlamento Vasco la consejera María Ubarretxena. La titular de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha explicado en la Cámara el proyecto aprobado en abril por el Gobierno de Imanol Pradales.
Esta ley será aprobada en los próximos meses con total seguridad ya que, independientemente de la postura que adopte la oposición, PNV y PSE-EE, los dos socios del Gobierno vasco, tienen mayoría en la Cámara. Así, Euskadi dejará de ser una excepción y tendrá por fin una normativa de transparencia después de que proyectos normativos similares no pudieran aprobarse las tres anteriores legislaturas por distintas circunstancias.
Un anterior proyecto similar fue aprobado en el último tramo de la legislatura de Iñigo Urkullu, en noviembre de 2023, aunque la convocatoria de las elecciones el 21 de abril de 2024 dejó este texto sin poder completar sus trámites en la Cámara vasca. Precisamente ese proyecto fallido es el mismo, con idéntico contenido, que el que se ha remitido ahora al Parlamento, informa Efe.
En lo tocante a la protección de los ciudadanos que denuncien sobre infracciones o corrupciones, se articulará a través de un canal externo a través del cual las personas puedan dirigirse sin temor a represalias. Ubarretxena ha recordado que ya existen herramientas de transparencia y participación en el Gobierno vasco desde hace tiempo, pero ha reconocido que “hay mucho por hacer” para desarrollar nuevos mecanismos frente a las corrientes “de autoritarismo y populismo”, la desinformación y la demagogia.
Reforzará, ha remarcado, la credibilidad y confianza de la ciudadanía en las administraciones, así como la rendición de cuentas y la gestión de los recursos públicos. La nueva normativa será de obligado cumplimiento en la administración vasca, las instituciones locales, las Juntas Generales de los tres territorios, el Ararteko, el Consejo de Relaciones Laborales, el Parlamento, y en algunos aspectos en el sector privado, pero no a las diputaciones forales, que disponen de sus propias regulaciones, ha explicado la consejera.
Incluye la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia, Gardena, un órgano “independiente” que velará por garantizar que la Administración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información. La ciudadanía podrá interponer ante este órgano una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o ésta no sea la deseada por el ciudadano.
Este organismo velará por garantizar que la Administración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso, por lo que tendrá capacidad para dictar soluciones con medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias. Contra sus resoluciones solo se podrá interponer un recurso contencioso administrativo. Además, actuará como autoridad independiente de protección a informantes sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con un ámbito de actuación que abarcará la totalidad de las administraciones, organismos y entidades del sector público y las privadas cuando su incumplimiento se circunscriba a Euskadi. Este organismo, que contará con personal funcionario y personalidad jurídica propia y plena independencia en el ejercicio de sus funciones, estará sometido a control parlamentario.
Otro de los puntos que recoge es la creación del registro de grupos de interés, también conocidos como lobbies, con el que se facilitará su identificación pública y se asegurará la transparencia y el control de la actividad que realizan ante el sector público de Euskadi. El proyecto de ley establece también un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia.
Se fijan unas sanciones para incumplimientos de la ley imputables a altos cargos, con multas de hasta 12.000 euros o el cese en el cargo en el caso de infracciones muy graves. Si los incumplimientos se dan por parte de entidades privadas y corporaciones de derecho público obligadas a suministrar información, las sanciones podrían llegar a los 400.000 euros, con la obligación, en algunos casos, de reintegro de las subvenciones recibidas o la resolución del contrato o concierto.
Fuente: https://www.eldiario.es/
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