Delincuentes, SA: así acribilla el crimen la economía mundial

Los tentáculos del crimen organizado se extienden como un reguero de pólvora por todo el planeta alimentados por los crecientes conflictos bélicos, las crisis y por un contexto en el que las democracias están sometidas a presión. No hay país que se libre de ellos, de hecho, casi el 83% de la población vive hoy en naciones con altos niveles de violencia, según el centro de investigación Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés). Desde los densos bosques del Amazonas y los ciberespacios de Europa del Este, hasta los bulliciosos puertos y zonas de libre comercio del Golfo o los paraísos financieros ocultos del triángulo dorado del Mekong, traficantes de personas, falsificadores, narcotraficantes y cibercriminales actúan como los nuevos actores financieros y capitalistas de riesgo que configuran unas economías ilícitas con un peso creciente en la economía global. Así lo sostiene David Luna, director ejecutivo del ICAIE (Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas con sede en Washington) y exdiplomático y funcionario de seguridad nacional de Estados Unidos. “Es un mundo oscuro que tiene enormes consecuencias sobre nuestras vidas. El crimen y la violencia están incrustados en la sociedad y lastran el crecimiento, frenan la inversión y provocan más desigualdad”, resume.

Hay evidencias sobre esos efectos. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desveló el año pasado en un informe sobre América Latina que cuando los homicidios aumentan un 10%, la actividad económica local disminuye un 4%. Aunque no sólo los hechos consumados repercuten en la economía, las percepciones también importan, como sucede en la Bolsa. Y si crecen un 10% las noticias relacionadas con la delincuencia, la producción industrial se contrae un 2,5%. El miedo tiene un precio y condiciona las decisiones financieras.

No existen demasiados estudios que sirvan para determinar el coste económico que origina el crimen en el mundo. La economía ilícita es harto difícil de cuantificar precisamente por su naturaleza oculta. Pero sí se han hecho aproximaciones y sus resultados son apabullantes. Naciones Unidas estimó que los costes anuales que genera la corrupción sumaban 3,6 billones de dólares en 2018. El centro de investigación Integridad Financiera Global cuantificó en un montante de entre 1,6 y 2,2 billones de dólares los ingresos producidos por el crimen organizado en 2017. Y la ONU concluyó que el dinero que se blanquea cada año rebasa los dos billones de dólares —una cifra que supera con creces al conjunto de los bienes y servicios producidos el año pasado en España y Portugal juntos—. Representaba el 2,7% del PIB mundial en 2021, un porcentaje que el FMI establecía entre el 2% y el 5% unos años antes.

Son unas cifras fabulosas que, a falta de actualización, ponen de manifiesto la magnitud del problema. Eso sí, las fuentes hablan de un fenómeno infravalorado dadas las dificultades para su medición —las estadísticas son limitadas porque no todos los países aportan datos, en muchos casos no son fiables ni evalúan los mismos ilícitos—. “En ningún país del mundo se mide con precisión la delincuencia, hay una delincuencia oficial, que es la que cuantificamos, y otra parte que nadie conoce: la cifra negra. Y las representamos como un iceberg”, indica gráficamente José Becerra, profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Málaga. Por ello, los cálculos nunca pueden resultar conclusiones contundentes, agrega.

Ascenso sorprendente

Además, “las crecientes guerras que asolan el mundo y el incremento de las políticas que elevan la desigualdad social derivadas del ascenso de los partidos populistas incrementan la criminalidad”, según Riccardo Ciacci, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Esta ha seguido creciendo a una velocidad sorprendente, tal y como indica el último informe de Iniciativa Global.

El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su informe de 2017 sobre el impacto económico del crimen en América Latina, la región más violenta del mundo atendiendo al número de homicidios, el indicador más fiable, y a las encuestas de confianza política y de valores ciudadanos, explica por videoconferencia Santiago Pérez-Vicent, coordinador del estudio. El organismo concluyó que el efecto de las redes ilícitas en la economía alcanzaba el 3,4% del PIB latinoamericano, el equivalente al 78% del presupuesto para educación, el doble del dedicado a asistencia social y 12 veces el presupuesto para investigación y desarrollo. Y muy por delante del promedio de la OCDE, que se sitúa por encima del 2%, aclara Pérez-Vicent. Después de observar un descenso del 0,2% respecto al informe anterior, el analista considera que, actualmente, la situación no ha cambiado sustancialmente.

El BID mide los impactos directos del crimen, es decir, el gasto relacionado con su prevención, contención y consecuencias (costes para el sistema de salud, el judicial y el de seguridad). Los gastos en seguridad de las empresas privadas son cada vez más voluminosos. También hay que tener en cuenta el creciente gasto público para prevenir el crimen y la pérdida de capital humano (tiempo de producción perdido por los delitos). Pero estos conceptos solo representan “una parte de la carga que la violencia impone en el bienestar de los países de la región. Los costos indirectos pueden exceder en gran medida los directos”, admite el documento.

Sin embargo, el Instituto de Economía y Paz (IEP por sus siglas en inglés) en su Índice Paz Global 2024 calcula también los costes indirectos —impactos a largo plazo como la pérdida de productividad derivada de los efectos físicos y psicológicos y la influencia del delito en la percepción de seguridad de la ciudadanía— y su efecto multiplicador —los beneficios que se generarían al desviar, por ejemplo, el gasto de las cárceles hacia alternativas más productivas—. El think thank con sede en Sidney cuantificó en 19,1 billones de dólares el impacto de la violencia en la economía mundial en 2023, una cifra que supera de largo el PIB actual de la eurozona y también de China, la segunda economía del planeta. Y equivale al 13,5% de la riqueza global o, lo que es lo mismo a 2.380 dólares per cápita.

Esa cantidad ha escalado desde los 17,2 billones registrados en 2008, sobre todo como consecuencia de las pérdidas ocasionadas por los conflictos armados y el aumento generalizado del gasto militar. Las repercusiones de la violencia en términos reales son un 7,4% mayores que en 2008, según el informe del IEP, que sostiene que entre 2010 y 2012 se produjeron mejoras sustanciales, tras lo cual el aumento ha sido constante. El impacto del conflicto armado ha aumentado considerablemente —en 2022 había 92 contiendas en el mundo, la cifra más alta desde 2008— y es mayor en África subsahariana, Oriente Próximo y Norte de África y América del Sur. Mientras que el coste de la violencia y la violencia interpersonal y autoinfligida —homicidios, agresiones violentas y sexuales, suicidios y costos de encarcelamiento— han crecido moderadamente, según el análisis.

En los diez países donde el crimen tiene un mayor peso en la economía —Ucrania, Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Colombia, República Centroafricana, Sudán, Chipre, Burkina Faso y Palestina—, la afectación media fue del 37,4% del PIB en 2023. En cambio, entre los diez países más pacíficos, la media fue inferior al 3% —por ejemplo, en Madagascar, Indonesia, Irlanda o Tanzania—.

Nadie está a salvo de las redes ilícitas. Y aunque se ceban principalmente con los países más vulnerables, con los que tienen un Estado de derecho menos desarrollado y donde la relación entre el poder criminal y el político es más estrecha, lo cierto es que el crimen organizado campa a sus anchas por todo el mundo. De hecho, un reciente informe de la Europol señala que sólo un minúsculo 2% de los activos ilícitos que maneja son recuperados por las autoridades. En la UE casi el 70% de las redes delictivas usan el blanqueo de capitales y el 60% se apoyan en la corrupción como factor facilitador clave. Porque, al final, los delitos están interconectados entre sí y habitualmente son de carácter transnacional, destaca por videoconferencia Claudia Helms, directora para Latinoamérica y el Caribe del think thank Integridad Financiera Global con sede en Washington (GFI por sus siglas en inglés).

Cibercrimen

El delito financiero es el principal mercado criminal, de acuerdo con el último índice de Iniciativa Global de 2023. Es el delito predominante en el mundo y ha aumentado considerablemente en muy poco tiempo, pues la tecnología permite realizarlo a golpe de clic y con una capa extra de impunidad, según Helms, gracias a activos virtuales como las criptomonedas o los tokens, que sirven para financiar el terrorismo. Este tipo de delincuencia, que incluye desde la evasión fiscal y la malversación de fondos, hasta formas más complejas de desfalco y fraude, está especialmente globalizada y ha tenido una fuerte influencia en el 70% de los países de la ONU.

Además, ha desplazado a la trata de personas como primer mercado criminal, aunque esta sigue creciendo a ritmos del 0,39% anual. Igual que el comercio de cannabis y el tráfico de armas, tercero y cuarto mercados criminales más extendidos por el planeta —por delante del tráfico de drogas sintéticas, de cocaína, de las falsificaciones o los delitos medioambientales y contra la fauna o la flora—.

“El crimen organizado no se mueve solo. La trata de personas se relaciona con el tráfico de drogas y con la corrupción, que hace posible que los flujos financieros fluyan”, indica indica Marcela Hernández, directora de programas de GFI.

Esos tres ingredientes son precisamente los que más pesan en el mercado delictivo español, donde recientemente se han cometido homicidios que parecen salidos de una película, como el del expolítico ucraniano Andriy Portnov, acribillado a tiros por unos sicarios en una zona acomodada de Madrid. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior recogen un incremento de las muertes violentas cercano al 10% entre 2022 y 2023.

España y el narco

“España es un país donde existe mucho narcotráfico que entra por el comercio internacional, por los puertos de Barcelona y Valencia, y también viaja por rutas desde África hacia las costas de Andalucía. Y donde la trata de personas es muy relevante, al ser un territorio puente; igual que el blanqueo de capitales por la existencia de infinidad de restaurantes y casinos”, explica Laura Zúñiga, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca.

Sin embargo, buena parte de estos ilícitos no se contabilizan entre las magnitudes que mide el INE para valorar las actividades ilegales en las cuentas nacionales desde 2014 por recomendación de Eurostat. “La contribución directa del crimen en el PIB de 2023 es del 0,91%, una cifra muy pequeña”, estima Omar Rachedi, profesor de Esade. En Italia (su país de origen) se estima en torno al 2%, pero hay quien la sitúa alrededor del 10% de la riqueza, como el escritor Roberto Saviano. “La economía criminal está muy infravalorada”, aprecia Rachedi, consciente de que “las organizaciones ilegales distorsionan el dinamismo empresarial, la competencia, que es clave para la productividad, y esta a su vez es fundamental para el crecimiento del país”.

Para abordar el problema del crimen organizado no solo hace falta un marco normativo acorde sino que las instituciones sean partícipes de manera activa en la elaboración y aplicación de las leyes, al igual que de las acciones preventivas internacionales, considera Claudia Helms. Se necesita interconexión de las instituciones. Y alianzas público-privadas, que son multiplicadores de fuerza para combatir los mercados ilícitos y la convergencia de delitos conexos, promover el comercio limpio y fomentar un sistema internacional basado en normas, añade David Luna.

Dedicar más recursos a las políticas públicas de prevención y de educación de la ciudadanía y fortalecer las instituciones son las principales recetas de los organismos multilaterales para contener la economía oculta. No son soluciones fáciles.

Y, en función del dinero que muevan las redes delictivas, explica Riccardo Ciacci, se puede intervenir sobre la oferta o la demanda. Por ejemplo, endurecer las penas máximas de delitos como la droga tiene menos efecto que actuar desde la demanda, aumentando la formación del ciudadano para que sea consciente de los efectos del fentanilo y esto ayude a reducir su consumo y, por tanto, a rebajar los precios y, al ser menos atractivos, reducir el narcotráfico. En cambio, con la trata de personas y la explotación sexual (que están íntimamente unidas), una ley más restrictiva, que favorece la igualdad de género, ha reducido en torno a un 6% la prostitución en EE UU; igual que sucedió cuando se aprobó la ley del divorcio en ese país, que la rebajó entre un 5% y un 10%, asegura.

Fuente: https://elpais.com/

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