Corrupción y lavado de dinero en América Latina y el Caribe: una historia de dos índices

Los países de América Latina y el Caribe que experimentan altos niveles de corrupción pueden convertirse en lugares ideales para el lavado de activos procedentes de actividades delictivas. De forma general, la corrupción debilita la gobernanza y las instituciones, lo que facilita la existencia de mecanismos de supervisión ineficaces para prevenir y combatir los delitos financieros. Además, fomenta la entrada de flujos financieros ilícitos en el sistema financiero y degrada sectores de la economía, creando un ecosistema propicio para el blanqueo de dinero y activos.

En esta publicación se analizan dos índices con conclusiones sobre cómo los países percibidos como altamente corruptos suelen considerarse también de alto riesgo en materia de lavado de dinero (LD).

El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) de Transparency International muestra cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas afecta directamente a los países de América Latina y el Caribe, favoreciendo la violación de derechos humanos y el aumento de la influencia de las élites y el crimen organizado en la formulación de políticas. La metodología del CPI se basa en la selección de 13 fuentes distintas, procedentes de instituciones que han recopilado percepciones sobre la corrupción en los últimos dos años. Posteriormente, se aplica un proceso de estandarización restando la media de cada fuente en el año base a cada puntuación nacional, y dividiendo luego entre la desviación estándar de esa fuente en el mismo año, lo que permite comparar los resultados entre distintos años.

Por otro lado, el Índice de lucha contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) del Basel Institute se basa en diversos temas y fuentes de datos, como las evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), marcos sobre corrupción y fraude como el propio CPI o el Índice Global de Crimen Organizado, transparencia financiera y pública con fuentes como Tax Justice Network y el Banco Mundial, así como riesgos políticos y legales según el World Justice Project o Freedom House.

De los 90 países incluidos en el CPI, 33 representan regímenes no democráticos, y al menos 15 países de América Latina y el Caribe fueron percibidos en 2024 como altamente corruptos. Entre ellos figuran países centroamericanos como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala; países sudamericanos como Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador, y países caribeños como Haití, Trinidad y Tobago y Jamaica, entre otros. Algunos de estos países también aparecen en el Índice de Riesgo de Lavado de Dinero y Delitos Financieros como de alto riesgo.

Los datos del CPI y del Índice AML del Basel Institute sugieren una fuerte relación entre la corrupción y los riesgos de lavado de dinero en América Latina y el Caribe. Los países con altos niveles de corrupción percibida tienden también a obtener malos resultados en las evaluaciones de riesgo de lavado de dinero. Por ejemplo:

• Venezuela, Haití y Nicaragua presentan algunas de las peores puntuaciones de corrupción en la región (CPI de 10, 16 y 14, respectivamente). Estos mismos países ocupan posiciones destacadas en el Índice AML del Basel Institute, lo que indica vulnerabilidades significativas en sus sistemas financieros frente a flujos ilícitos y delitos financieros.

• Guatemala, El Salvador y México muestran un patrón similar, donde estructuras de gobernanza débiles y altos niveles de corrupción coinciden con elevados niveles de riesgo de LD.

En cambio, países como Argentina y Brasil tienen mejores puntuaciones en el CPI, pero aún presentan riesgos altos de LD, lo que demuestra que las vulnerabilidades no se deben únicamente a la corrupción, sino también a debilidades regulatorias e institucionales.

Otra tendencia destacada en ambos índices es que los países con instituciones democráticas débiles y un Estado de derecho frágil tienden a presentar mayores riesgos de corrupción y lavado de dinero. Esto se debe a que:

• La corrupción debilita a las fuerzas del orden, la independencia judicial y las agencias regulatorias, facilitando que los flujos financieros ilícitos circulen sin ser detectados.

• En los países donde el crimen organizado y las élites políticas influyen en la regulación financiera, los riesgos de LD tienden a ser mayores.

• Incluso cuando existen marcos legales para prevenir el LD, la falta de aplicación efectiva reduce su impacto.

Por ejemplo, Paraguay, Ecuador y Perú tienen puntuaciones de corrupción moderadas en comparación con los peores casos, pero sus puntuaciones de riesgo AML siguen siendo altas (90, 87 y 105 respectivamente). Esto sugiere que, además de la corrupción, otros factores como vacíos regulatorios, paraísos fiscales y unidades de inteligencia financiera (UIF) débiles contribuyen al riesgo.

En el caso del Caribe, frecuentemente asociado con jurisdicciones de baja tributación, el Índice AML revela que varias naciones caribeñas enfrentan serios riesgos de lavado de dinero, pese a tener puntuaciones mixtas en cuanto a corrupción. Algunos datos clave:

• Panamá (CPI 33, riesgo AML 47) – A pesar de las reformas en curso, las vulnerabilidades a través de entidades offshore y sociedades pantalla podrían persistir.

• Jamaica y Trinidad y Tobago han estado bajo mayor escrutinio por preocupaciones relacionadas con delitos financieros derivados del narcotráfico.

• Bahamas y las Islas Caimán, aunque no aparecen explícitamente en el conjunto de datos, han sido objeto de inclusión en la "lista gris" del GAFI en el pasado.

Esto evidencia un problema crítico: incluso los países con niveles moderados de corrupción pueden presentar riesgos altos de LD debido a leyes de secreto financiero, falta de transparencia en los registros de beneficiarios reales y deficiencias en la aplicación de normativas AML.

Oportunidades y desafíos

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) representa una oportunidad importante dentro del marco de lucha anticorrupción en estos países, ya que promueve la estandarización de medidas preventivas que implican tanto al sector público como al privado, además del rol clave de la sociedad civil en la concienciación sobre la corrupción. Los países latinoamericanos y caribeños mencionados han ratificado la UNCAC; además, en lo que respecta a la promoción y fortalecimiento de medidas contra la corrupción, el proceso de recuperación de activos representa una oportunidad para devolver los fondos a la administración pública.

Medidas como la recolección de pruebas y localización de activos, la identificación del beneficiario final, la coordinación nacional e internacional, el decomiso y finalmente el retorno de esos activos pueden suponer un reto para las agencias encargadas de combatir la corrupción, ya que estas investigaciones requieren independencia, cooperación internacional y desarrollo de capacidades ante nuevas formas de ocultamiento del origen de los fondos, por ejemplo, cuando se lavan mediante el sistema financiero tradicional o mediante criptomonedas.

Otro desafío es la implementación efectiva de la UNCAC, que incluye mecanismos de revisión de su aplicación a través de un compromiso de transparencia que solo ha sido adoptado por Chile, Perú, Guatemala y Honduras dentro de la región.

Recomendaciones

Algunas recomendaciones para combatir la corrupción y prevenir el lavado de dinero como consecuencia son:

• Sector público: desarrollar un enfoque multisectorial entre agencias nacionales e internacionales para intercambiar información relevante para implementar estrategias que prevengan y mitiguen delitos financieros como el lavado de dinero.

• Sector privado: iniciar programas de formación para su personal. La concienciación a todos los niveles sobre cómo la corrupción afecta negativamente a los negocios es clave para promover la transparencia empresarial.

• Las investigaciones en casos de corrupción deben contar con investigadores independientes, para evitar conflictos de interés dentro de la administración pública.

• Sociedad civil: su papel es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas. La UNCAC destaca su importancia y los gobiernos deben implementar mecanismos de participación ciudadana, como consultas en la formulación de políticas públicas o nuevos marcos normativos.

Traducción de noticia publicada en: https://gfintegrity.org/

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