Por Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association (WCA)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la actualización 2025 de sus Directrices para luchar contra la colusión en licitaciones públicas, un documento clave que busca fortalecer la transparencia, la eficiencia y la competencia en los procesos de contratación de gobiernos y organismos públicos en todo el mundo. Las directrices forman parte de la implementación de la Recomendación de la OCDE sobre la lucha contra la colusión en la contratación pública [OECD-LEGAL-0396], y proponen un conjunto de principios y buenas prácticas que pueden adaptarse a las realidades de cada país o institución.
La OCDE advierte que la colusión en licitaciones —conocida también como bid rigging— es una de las violaciones más graves a las leyes de competencia, pues genera sobrecostos para el Estado, reduce la calidad de los bienes y servicios adquiridos, restringe la oferta y, en última instancia, perjudica a los contribuyentes.
Entre las formas más frecuentes de colusión se encuentran:
“Cada dólar perdido en colusión es un dólar menos para salud, educación o infraestructura pública”, enfatizó la Secretaría de la OCDE en el lanzamiento del documento.
La nueva guía incluye una Lista de Diseño de Licitaciones, con medidas concretas para minimizar riesgos de manipulación en los concursos públicos, como:
Asimismo, presenta una Lista de Detección de Colusión, con red flags o señales de alerta que pueden indicar prácticas anticompetitivas: patrones de precios inusuales, coincidencias sospechosas en las ofertas, comportamientos anómalos entre competidores o declaraciones que sugieran acuerdos previos.
Otro de los ejes de la actualización es la cooperación interinstitucional. La OCDE insta a que las autoridades de competencia trabajen junto con las de compras públicas, anticorrupción, auditoría y fiscalías, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo es intercambiar información, crear grupos de trabajo y coordinar acciones para detectar e investigar prácticas colusorias.
La organización también advierte que la colusión suele ir de la mano con otros delitos, como la corrupción y el fraude, por lo que la capacitación de funcionarios y la articulación entre agencias resultan fundamentales.
La OCDE espera que estas directrices ayuden a reforzar la integridad de la contratación pública, reducir costos para los Estados y aumentar la confianza ciudadana en las instituciones.
Países adherentes a la Recomendación deberán revisar sus leyes y procedimientos para asegurar que no favorezcan involuntariamente la colusión, y aplicar medidas que dificulten la formación de carteles.
Con esta actualización, la OCDE refuerza su llamado a que los Estados protejan la competencia en un sector que representa en promedio el 12% del PIB en las economías miembro, y que es particularmente vulnerable a prácticas anticompetitivas.
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