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23/10/2025

La UE acelera la implementación del AI Act mientras Italia avanza con su propia ley nacional y crecen las tensiones regulatorias en Europa

Por Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association (WCA) y CEO de Intedya.

La Comisión Europea ha dado un nuevo impulso a la implementación del AI Act con el lanzamiento de dos herramientas clave: el AI Act Service Desk y la Single Information Platform, concebidas para proporcionar apoyo técnico, claridad jurídica y acompañamiento a empresas y administraciones públicas en la adaptación al nuevo marco europeo de inteligencia artificial.

La Single Information Platform actuará como punto único de referencia, ofreciendo recursos de los Estados miembros, materiales explicativos, preguntas frecuentes y, sobre todo, tres herramientas digitales pensadas para facilitar el cumplimiento:

  1. Compliance Checker, que ayuda a identificar obligaciones y requisitos específicos.
  2. AI Act Explorer, que permite navegar intuitivamente por capítulos, anexos y considerandos.
  3. Un formulario de contacto directo con el AI Act Service Desk, atendido por expertos de la Comisión y de la futura AI Office.

Italia se adelanta y aprueba su ley nacional de IA

En paralelo, Italia se ha convertido en el primer gran Estado miembro en aprobar una ley nacional de IA complementaria al AI Act, en vigor desde el 10 de octubre de 2025. La norma aborda sectores no cubiertos directamente por la regulación europea e introduce un doble esquema institucional:

  • AgID como autoridad notificadora.
  • ACN (Agencia Nacional de Ciberseguridad) como autoridad de vigilancia de mercado.

El gobierno dispone de 12 meses para aprobar medidas adicionales, entre ellas el marco sancionador definitivo y reglas específicas para el uso de IA en investigación policial. La versión final dejó fuera la propuesta de etiquetado obligatorio de noticias generadas con IA, ya cubierta por las obligaciones generales de transparencia del AI Act.

Los Países Bajos piden aclaraciones, no aplazamientos

La discusión también tiene un componente político. Un reciente documento de posición del gobierno neerlandés apuesta por “aclarar mejor las reglas antes que retrasarlas”, al tiempo que reclama herramientas prácticas para reducir cargas administrativas, especialmente para pymes. Entre sus propuestas destacan:

  • Priorizar la simplificación sin mover plazos.
  • Plantilla común europea para infraestructuras críticas.
  • Modelos de cumplimiento reutilizables y flexibles.
  • Ampliar la derogación sobre sistemas de gestión de calidad para pymes.

Sin embargo, desde la industria tecnológica emergen señales de preocupación. El CFO de ASML, el gigante neerlandés de semiconductores ha advertido que el enfoque “regulatorio primero” de la UE está empujando talento y capital hacia Silicon Valley. La compañía, ahora primer accionista de Mistral tras una inversión de 1.300 millones de euros, forma parte del grupo de 46 empresas que reclaman una moratoria de dos años en la implementación de las obligaciones de alto riesgo del AI Act.

California avanza por su cuenta. En contraste, Estados Unidos sigue sin un marco federal, pero California está construyendo su propio “AI Act” de facto, con nuevas leyes sobre transparencia algorítmica, protección de menores y estándares de seguridad para modelos avanzados. Las iniciativas no alcanzan la amplitud del AI Act europeo, pero reflejan una tendencia de regulación descentralizada que obliga a las tecnológicas a adaptarse a múltiples marcos normativos simultáneos.

La Comisión Europea tiene previsto publicar en el tercer trimestre de 2026 las guías sobre la interacción del AI Act con otras normas clave como el GDPR, el DSA, el DMA, la regulación de dispositivos médicos y el régimen de seguridad de productos. Las orientaciones específicas para obligaciones de alto riesgo llegarán entre el segundo y tercer trimestre de 2026. No obstante, Bruselas ha confirmado que no activará las “common specifications”, el mecanismo alternativo previsto para suplir retrasos en estándares técnicos. pese a que las normas armonizadas no llegarán hasta agosto de 2026, coincidiendo casi con el inicio de la aplicación efectiva. El Parlamento advierte que esto podría reforzar los incentivos para retrasar aún más la estandarización.

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