La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una actualización de la guía de medidas de prevención del fraude y cumplimiento normativo cuyo cumplimiento las empresas pueden utilizar posteriormente de eximiente para evitar las sanciones de mayor calado ante una posible sanción del órgano. Entre otros puntos, la CNMC se plantea retocar el listón que marca en las medidas anticorrupción que pueden influir en la imposición o no de una prohibición para contratar con el sector público en pleno estallido de casos de corrupción en torno al Gobierno central relacionados especialmente con obras de infraestructura.
El supervisor enmarca la actuación en "la búsqueda del equilibrio entre la exigencia de requisitos demasiado estrictos que desincentiven la adopción o mejora de programas de cumplimiento o la consideración de criterios laxos que puedan incentivar medidas cosméticas sin un verdadero compromiso de cumplimiento normativo", según los documentos consultados por EL MUNDO.
"El objetivo último se mantiene: incentivar la adopción de programas de cumplimiento serios que incorporen formación y protocolos para evitar las infracciones de competencia en el empresariado español o el que se dirige a nuestros ciudadanos y mercados", trasladan fuentes de la entidad.
Además, el nuevo documento buscará incorporar varias normas que se han ido aprobando en los últimos cinco años, entre ellas la que protege a los denunciantes de casos de corrupción dentro de las empresas o las nuevas leyes en materia de prevención del blanqueo de capitales.
La consulta, abierta hasta el 20 de enero, llega en pleno cuestionamiento de la eficacia de algunas de estas medidas tras el caso de Servinabar y Acciona. Entre las cuestiones que plantea, se encuentran las dificultades prácticas que puede generar un exceso de demandas por parte del regulador a la eficacia de medidas concretas como la existencia de los canales de denuncia anónima, obligatorios por ley, la formación en materias como la anticorrupción, la necesidad de que la dirección se implique en este tipo de medidas o la creación de un sistema disciplinario ante posibles casos de corrupción.
En el texto, la institución presidida por Cani Fernández señala la necesidad de incluir también los aprendizajes del propio organismo en la imposición de varias sanciones. De hecho, este verano la compañía ha cambiado su criterio. En procedimientos como el cártel del material militar o las consultoras, el regulador delegó en Hacienda establecer la sanción de prohibición de contratación. Sin embargo, la demora del Ministerio, que por ejemplo no emitirá su opinión sobre el caso de las consultoras hasta que falle el Supremo, ha motivado un giro en la CNMC, que en agosto ya sancionó a la energética Eólica del Alfoz con tres meses sin contratar con la Administración.
Entre los ejemplos que inspiran el cambio en las guías, se encuentra una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea en el que una empresa fue excluida de una licitación por no incluir en ella las medidas correctoras que le había impuesto la autoridad de competencia local como parte de una sanción. Este fallo valida la actuación cuando una empresa que ha recibido una sanción atenuada en el caso de una infracción de este tipo demuestra la falta de capacidad para implementar las medidas correctoras que se han comprometido.
En el caso español, la CNMC no impuso a Indra la prohibición de contratar tras el cartel de las consultoras al considerar que los programa de cumplimiento de Indra eran aptos para eximirle de la prohibición de contratar y redujo en un 10% la multa tras proponer la empresa medidas correctoras en sus procedimientos.
Asimismo, en el caso del material militar, el supervisor dio seis meses a las empresas para que mejoraran sus procedimientos y remitió a Hacienda que dos de las multadas habían presentado programas que cumplían con la guía de compliance de la CNMC. Ahora, el supervisor busca una nueva vuelta de tuerca que refuerce las garantías de estos programas en un momento candente.
Fuente: https://www.elmundo.es/
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