Por Iván Martínez, CEO de Intedya
La Superintendencia de Sociedades presentó el proyecto de actualización integral de la Circular Básica Jurídica, con la que busca modernizar el marco de supervisión empresarial y fortalecer de manera explícita los sistemas de cumplimiento, integridad corporativa y prevención de riesgos legales y reputacionales de las compañías en Colombia. La propuesta supone una modificación estructural de la Circular vigente desde 2022 y responde a recomendaciones internacionales, ajustes normativos recientes y a la necesidad de enfrentar fenómenos como la corrupción, el soborno transnacional y los delitos económicos asociados a la actividad empresarial.
Uno de los cambios más relevantes es el fortalecimiento del capítulo relacionado con el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos, que amplía su alcance e incluye de forma expresa la gestión del riesgo de corrupción local, el soborno transnacional, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros riesgos asociados. La Superintendencia no se limita a exigir la existencia formal de programas de cumplimiento, sino que subraya la necesidad de que estos sean efectivos, medibles, documentados y alineados con estándares internacionales. Se insiste en la evaluación periódica de riesgos, la implementación de controles adecuados, el monitoreo permanente y la existencia de evidencia verificable de gestión.
La reforma refuerza las obligaciones de los administradores y directivos, quienes asumen un rol más exigente frente a la prevención de riesgos legales y de cumplimiento. La Circular resalta la obligación de actuar con diligencia, transparencia y alineación con principios de buen gobierno corporativo. Esto implica que la omisión, la falta de implementación de controles o la ausencia de supervisión efectiva podrán interpretarse como incumplimientos de deberes directivos. En consecuencia, la responsabilidad de los órganos de gobierno corporativo en materia de compliance aumentará de manera significativa.
La actualización también refuerza las obligaciones de revelación y control sobre situaciones de control, grupos empresariales y estructuras societarias complejas. Con ello se busca mayor trazabilidad, claridad en la identificación de beneficiarios reales y alineación entre la estructura corporativa y la gestión de riesgos. Este enfoque se considera clave para prevenir esquemas opacos, estructuras utilizadas para ocultar responsabilidades o mecanismos que faciliten prácticas irregulares.
Otro elemento relevante es la consolidación de la debida diligencia como práctica obligatoria. La Circular resalta la necesidad de evaluar contrapartes, socios, operaciones y terceros con criterios técnicos, documentados y verificables. Esto impacta directamente la gestión contractual, la relación con proveedores, la cadena de suministro y la prevención de fraude, corrupción y riesgos de cumplimiento.
La Circular también profundiza en las expectativas de transparencia y rendición de cuentas, integrando la sostenibilidad empresarial con la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. No se trata solo de reportar, sino de garantizar información confiable, trazable y alineada con prácticas responsables.
La reforma proyectada envía una señal inequívoca al sector empresarial colombiano: el país avanza hacia un modelo de supervisión basado en riesgos, con mayor exigencia en integridad corporativa y tolerancia mínima frente a programas simbólicos o puramente formales. De aprobarse en los términos propuestos, las empresas deberán fortalecer sus sistemas de compliance, revisar el rol de sus administradores en materia de control interno, robustecer sus procesos de debida diligencia y garantizar evidencia documentada de sus esfuerzos en prevención de riesgos. La Superintendencia, por su parte, consolida un marco normativo más alineado con estándares internacionales y con las tendencias regulatorias globales en materia de ética empresarial, cumplimiento y lucha contra la corrupción.
16 de Enero
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