Lavado de activos en América Latina 2025: cuando el crimen se digitaliza y las estructuras empresariales se convierten en su mejor disfraz

Por Iván Martínez, CEO de Intedya

El reciente Informe de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2025, elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), confirma algo que desde el mundo del compliance y la gestión de riesgos venimos observando desde hace años: el lavado de activos en la región no ha desaparecido, no se ha debilitado y, desde luego, no se ha simplificado. Por el contrario, se ha sofisticado, diversificado y, sobre todo, digitalizado.

El documento, basado en casos reales ocurridos entre 2023 y 2024 en los países miembros, muestra con claridad que el crimen organizado ya no depende únicamente de dinero en efectivo ni de mecanismos rudimentarios. Hoy utiliza empresas aparentemente legítimas, profesionales especializados, plataformas digitales, comercio internacional y activos virtuales para ocultar, mover e integrar recursos ilícitos en la economía formal.

La conclusión es clara: el lavado ya no es un delito periférico; es una amenaza estructural para la estabilidad económica, la integridad institucional y la competitividad de nuestros mercados.

El lavado ya no opera en la sombra, opera dentro del sistema

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que el sistema financiero formal continúa siendo el principal canal utilizado por organizaciones criminales. Bancos, plataformas de pago, transferencias internacionales y servicios financieros digitales siguen siendo explotados para introducir fondos ilícitos con apariencia de legalidad.  Sin embargo, la evolución más significativa no está solo en los canales utilizados, sino en la forma en que se combinan distintas técnicas para ocultar el origen del dinero. Las tipologías actuales ya no funcionan de manera aislada: hoy observamos estructuras que mezclan empresas pantalla, testaferros, fraccionamiento de operaciones, comercio exterior y criptoactivos dentro de un mismo esquema. Es decir, el lavado de activos se ha vuelto híbrido.

Empresas legales, operaciones ficticias

La tipología más frecuente identificada en el informe es el uso indebido de personas jurídicas. Empresas creadas legalmente, registradas, con oficinas físicas e incluso actividad comercial aparente, se utilizan como vehículos para mezclar fondos ilícitos con ingresos legítimos.

Existen tres variantes recurrentes:

• Empresas de fachada, que existen formalmente pero no realizan la actividad declarada.

• Empresas pantalla, que operan parcialmente, pero se emplean para justificar movimientos financieros inconsistentes.

• Empresas ficticias, creadas únicamente para generar documentación falsa.

Estas estructuras permiten ocultar al beneficiario final y dificultar la trazabilidad de los flujos financieros. En muchos casos, varias sociedades comparten socios, domicilios y representantes legales, creando redes empresariales diseñadas específicamente para confundir investigaciones. La empresa deja de ser un actor económico y pasa a ser una herramienta criminal.

Testaferros y cuentas mulas: el anonimato humano

Otra modalidad ampliamente extendida es el uso de terceros para ocultar a los verdaderos titulares del dinero. Testaferros que aparecen como propietarios de empresas o bienes y personas vulnerables que abren cuentas bancarias para mover fondos sin conocer su origen se convierten en piezas centrales del esquema. Las denominadas “cuentas mulas” permiten dispersar fondos en múltiples transacciones pequeñas, reduciendo la probabilidad de detección automática. Muchas veces estas personas son reclutadas mediante redes sociales o contactos cercanos y reciben comisiones por prestar su identidad. El resultado es un sistema en el que el dinero se mueve constantemente, pero nunca parece pertenecer a nadie.

El viejo truco del pitufeo sigue funcionando

El fraccionamiento de operaciones, conocido como pitufeo, continúa siendo una técnica eficaz. Consiste en dividir grandes sumas en múltiples transacciones menores para evitar controles regulatorios. Depósitos sucesivos, transferencias repetitivas y remesas fragmentadas permiten introducir grandes volúmenes de dinero en el sistema financiero sin activar alertas automáticas. Aunque es una técnica antigua, su combinación con canales digitales y múltiples cuentas multiplica su efectividad.

El comercio internacional como mecanismo de lavado

Una de las tipologías más complejas es el lavado basado en comercio exterior. Mediante exportaciones ficticias, sobrevaloración o subvaloración de mercancías y triangulación comercial entre empresas vinculadas, se logra mover dinero ilícito a través de transacciones aparentemente legítimas. Los bienes pueden existir, pero los valores declarados no reflejan la realidad. Facturas falsas, manipulación documental y operaciones entre jurisdicciones con baja transparencia completan el esquema. El comercio exterior se convierte así en un vehículo perfecto para legitimar grandes movimientos financieros.

El nuevo escenario: activos virtuales y finanzas descentralizadas

La gran transformación de los últimos años es la incorporación masiva de activos virtuales en esquemas de lavado. Criptomonedas y stablecoins permiten mover valor de manera casi instantánea entre jurisdicciones, con menor control y alta fragmentación de la trazabilidad. Transferencias entre billeteras digitales, plataformas P2P y proveedores de servicios de activos virtuales facilitan la conversión y dispersión de fondos ilícitos antes de reintroducirlos al sistema financiero tradicional. La tecnología no crea el delito, pero reduce sus barreras operativas.

Gatekeepers: cuando el profesional se convierte en facilitador

Un aspecto especialmente preocupante es la participación de profesionales que, aprovechando su conocimiento técnico y credibilidad institucional, facilitan estructuras de lavado. Abogados, contadores, notarios e intermediarios financieros aparecen en los casos como diseñadores de estructuras societarias, administradores de cuentas y creadores de documentación que respalda operaciones ficticias. No siempre existe intención criminal; en ocasiones se trata de negligencia o falta de controles adecuados. Sin embargo, el efecto es el mismo: estructuras ilícitas con apariencia de legalidad.

Sectores más vulnerables

El informe confirma que ciertos sectores siguen siendo especialmente sensibles:

• Sistema financiero y bancario.
• Servicios notariales y profesionales.
• Mercado inmobiliario.
• Comercio de vehículos.
• Comercio exterior.
• Plataformas digitales y fintech.

Los sectores donde circula efectivo o donde la informalidad es elevada continúan siendo puntos críticos.

Tendencias emergentes

Además, aparecen nuevos escenarios de riesgo:

• Juegos y apuestas en línea.

• Plataformas digitales de pago.

• Tokenización y activos digitales.

• Estafas piramidales transnacionales.

• Mayor combinación de elementos financieros y tecnológicos.

El crimen evoluciona tan rápido como la tecnología.

El desafío para gobiernos y empresas

El informe también revela debilidades persistentes: falta de coordinación entre instituciones, fragmentación de información, dificultades para acceder a datos societarios y obstáculos administrativos que ralentizan investigaciones. La lucha contra el lavado no depende únicamente de regulaciones más estrictas, sino de cooperación efectiva, análisis de datos, tecnología y capacitación de quienes operan en primera línea: bancos, empresas, supervisores y autoridades judiciales.

El mensaje final es contundente: el lavado de activos en América Latina no disminuye, se transforma. Las organizaciones criminales aprenden, se adaptan y aprovechan cada innovación tecnológica y cada debilidad institucional. Si queremos economías más competitivas, mercados más seguros e instituciones más sólidas, la prevención del lavado debe dejar de ser un requisito regulatorio y convertirse en una prioridad estratégica. Porque cuando el dinero ilícito entra en la economía formal, no solo se lava dinero: se erosiona la confianza, se distorsiona la competencia y se debilita el Estado de derecho, y ese costo, al final, lo paga toda la sociedad.