GAFILAT publica informe clave para reforzar la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en América Latina

Por Iván Martínez, CEO de Intedya

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha publicado su Informe de Identificación de Prioridades de Efectividad a Nivel Regional y Nacional 2025, un análisis estratégico que define los principales desafíos que enfrentan los países de la región para mejorar la efectividad de sus sistemas de prevención y combate contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El documento adquiere especial relevancia en un momento clave, ya que los países miembros comienzan a prepararse para la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas, cuyo inicio está previsto para 2025, en un contexto internacional marcado por la evolución del crimen organizado, el uso de nuevas tecnologías financieras y el incremento de operaciones transnacionales de blanqueo de capitales. Aunque el informe no tiene carácter vinculante, constituye una guía estratégica para que los países refuercen sus políticas públicas y mejoren la efectividad real de sus sistemas antilavado, aspecto cada vez más determinante en las evaluaciones internacionales.

Un cambio de foco: de cumplimiento normativo a resultados efectivos

El informe recuerda que las evaluaciones actuales no se centran únicamente en la existencia de leyes o regulaciones, sino en la capacidad real de los países para obtener resultados concretos, como investigaciones exitosas, condenas, decomiso de activos ilícitos y prevención efectiva del uso del sistema financiero por parte de organizaciones criminales.

En este contexto, el análisis regional evidencia que muchos países han avanzado en marcos normativos, pero aún enfrentan dificultades para demostrar efectividad operativa.

Principales áreas críticas detectadas en la región

El estudio identifica una serie de debilidades recurrentes en los países miembros, que constituyen las prioridades regionales a abordar en los próximos años.

1. Evaluación insuficiente de riesgos de lavado y financiamiento del terrorismo

Uno de los hallazgos más relevantes es que numerosos países aún presentan debilidades en la identificación y comprensión de sus riesgos nacionales, especialmente en relación con el financiamiento del terrorismo.

En muchos casos, las evaluaciones nacionales de riesgo carecen de datos estadísticos sólidos o de análisis sectoriales profundos, lo que impide diseñar políticas públicas alineadas con las amenazas reales.

Además, se observa que los resultados de estas evaluaciones no siempre se traducen en estrategias operativas claras para las autoridades competentes.

2. Falencias en la supervisión de sectores no financieros y activos virtuales

El informe advierte que la supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) —como abogados, contadores, agentes inmobiliarios o comerciantes de bienes de alto valor— sigue siendo un punto débil en la región.

Asimismo, la expansión del uso de activos virtuales y proveedores de servicios de criptomonedas ha introducido nuevos riesgos que muchos países aún no gestionan adecuadamente, tanto en términos regulatorios como de supervisión efectiva.

3. Persisten brechas en transparencia societaria y beneficiario final

Otra prioridad regional señalada es la dificultad para acceder a información fiable y actualizada sobre el beneficiario final de empresas y estructuras jurídicas, una herramienta clave para detectar estructuras utilizadas para ocultar activos ilícitos.

Aunque varios países han creado registros de beneficiarios finales, el informe señala problemas recurrentes como:

• Información incompleta o desactualizada,

• Falta de verificación de datos,

• Escasa supervisión del cumplimiento,

• Dificultades para que las autoridades obtengan información de forma oportuna durante investigaciones.

Estas debilidades facilitan el uso indebido de sociedades para el lavado de dinero.

4. Resultados limitados en decomiso y recuperación de activos

Uno de los indicadores más relevantes de efectividad es la capacidad de los países para confiscar bienes y activos provenientes del delito. Sin embargo, el informe evidencia que en muchos casos el número y volumen de decomisos sigue siendo bajo.

Esto refleja que, aunque se realicen investigaciones y procesos judiciales, el crimen organizado continúa conservando gran parte de los beneficios económicos obtenidos.

5. Uso limitado de la inteligencia financiera

Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) juegan un papel central en la detección de operaciones sospechosas. Sin embargo, el documento identifica que:

• La inteligencia financiera generada no siempre es utilizada eficazmente por fiscales y fuerzas de seguridad.

• La calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sigue siendo desigual entre sectores.

• Persisten debilidades en la coordinación entre organismos.

6. Investigaciones que no reflejan las principales amenazas criminales

El informe también señala que las investigaciones de lavado de activos no siempre se enfocan en los delitos precedentes de mayor impacto económico, como corrupción, narcotráfico, delitos ambientales o evasión fiscal.

Esto implica que los recursos investigativos no siempre se dirigen a los sectores donde el lavado genera mayor daño económico y social.

7. Debilidades en cooperación y coordinación institucional

Aunque la cooperación internacional presenta mejores resultados que otras áreas, aún existen retrasos en respuestas a solicitudes internacionales y carencias en sistemas de priorización de casos.

A nivel interno, algunos países presentan debilidades en la coordinación entre organismos responsables de prevención, inteligencia e investigación penal.

Recomendaciones y hoja de ruta regional

El informe propone que los países adopten planes de acción nacionales que permitan:

• Mejorar la generación y uso de estadísticas.

• Fortalecer el enfoque basado en riesgos.

• Incrementar la calidad de la supervisión.

• Mejorar la recuperación de activos.

• Aumentar la cooperación entre autoridades.

• Integrar nuevas amenazas tecnológicas en los análisis de riesgo.

Asimismo, se plantean mecanismos para optimizar la asistencia técnica regional y maximizar el impacto de las reformas.

Preparación para un escenario más exigente

La publicación se produce en un contexto donde la presión internacional sobre la efectividad de los sistemas antilavado es cada vez mayor. Países con debilidades persistentes pueden enfrentar impactos reputacionales, restricciones financieras o mayores controles internacionales.

Por ello, el informe constituye una referencia clave para que los gobiernos refuercen sus capacidades institucionales y operativas antes de las próximas evaluaciones.

El informe concluye que América Latina debe reforzar sus sistemas de prevención y combate del crimen financiero no solo para cumplir estándares internacionales, sino para proteger la estabilidad económica, fortalecer la confianza en sus instituciones y reducir el poder financiero del crimen organizado.  El informe se convierte así en una herramienta estratégica para orientar reformas y consolidar una respuesta regional coordinada frente a las amenazas del lavado de activos y el financiamiento ilícito.

Fuente: Informe de Identificación de Prioridades de Efectividad a Nivel Regional y Nacional de los países miembros del GAFILAT, 2025.