El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ha ordenado la detención provisional de un ciudadano salvadoreño y dos guatemaltecos por administración fraudulenta, acusados de sustraer más de 1,2 millones de dólares de fondos pertenecientes a sociedades privadas. La resolución, divulgada por Centros Judiciales El Salvador, recae sobre María Isabel Umaña Velásquez, Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Juan Ignacio Berger Giménez, quienes, según la acusación fiscal, actuaron de forma coordinada para desviar fondos mediante el cobro de viáticos y comisiones no autorizadas entre 2016 y 2020.
Según lo informado por Centros Judiciales El Salvador, el caso involucra la supuesta apropiación de $1.284.274,39 a través de cargos de jefatura de operaciones y dirección ejecutiva, presentados como gastos corporativos falsos. Los tres procesados no se presentaron a la audiencia de revisión de medidas, lo que motivó al tribunal a ordenar su detención provisional e iniciar los trámites correspondientes para su captura. El juzgado aclaró que la audiencia se celebró bajo medidas especiales debido a la magnitud del monto sustraído y a la complejidad del entramado delictivo.
Esta investigación judicial forma parte de una tendencia creciente en El Salvador en la que las autoridades han intensificado la persecución de delitos financieros y de corrupción, según reportes locales y medios regionales. Junto con los tres acusados principales, el proceso penal incluye a Jorge Leonel Gaitán Paredes (fallecido), Jorge Alberto Gaitán Castro, Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade, aunque para estos últimos no se solicitó audiencia especial en la fecha reciente.
En el último año, los tribunales salvadoreños han conocido otros casos de administración fraudulenta y delitos conexos. El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó la apertura a juicio contra tres extrabajadores de una sociedad anónima, acusados de causar un perjuicio económico preliminar de USD 241,084 mediante maniobras fraudulentas similares. De acuerdo con la información difundida, en este expediente se ratificó la detención provisional para uno de los imputados, mientras que los otros dos enfrentan el proceso en libertad bajo medidas sustitutivas. La audiencia pública para resolver su situación jurídica quedó pendiente de programación.
De acuerdo con el resumen anual de procesos judiciales presentado por Diario La Huella, durante 2025 se dictaron condenas contra varios exfuncionarios por delitos de corrupción, fraude y administración fraudulenta. Entre ellos, destaca la condena a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, sentenciada a 10 años de prisión por negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, y el caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien acumula 22 años de prisión por fraude electoral, agrupaciones ilícitas y otros ilícitos económicos.
La Fiscalía General de la República ha sostenido que la desarticulación de redes de fraude financiero es una prioridad, y ha coordinado operativos como el ejecutado en el oriente del país, donde en enero de 2026 se detuvo a siete personas por gestionar 19 créditos fraudulentos que sumaron USD 95,000. En ese caso, los acusados enfrentarán cargos por falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos y estafa.
En cuanto al marco legal, la reforma más reciente al Código Penal de El Salvador establece que el delito de administración fraudulenta se sanciona con penas de prisión que van de cinco a ocho años si la defraudación supera los 200 dólares, y de ocho a quince años cuando el valor excede los 87,500 colones (aproximadamente 10,000 dólares) o afecta a diez o más personas. Además, la legislación exige la presentación de una auditoría contable como requisito para iniciar una investigación penal por este delito. La pena puede aumentar si se comprueba que el acusado actuó en calidad de funcionario público o si se demuestra reincidencia.
El contexto de endurecimiento penal y la presión social para combatir la corrupción han fortalecido esta línea de acción judicial. Según la última actualización de Human Rights Watch, el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 ha facilitado la detención provisional en casos considerados graves, como la administración fraudulenta, permitiendo la extensión de la prisión preventiva hasta por veinticuatro meses en caso de investigaciones complejas.
Mientras se desarrolla el proceso judicial contra Umaña Velásquez, Echeverría Cabrera de Reyes y Berger Giménez, las autoridades mantienen bajo investigación la actuación de otros sospechosos en el mismo expediente. La Fiscalía y los tribunales esperan que la revisión de auditorías y la recolección de pruebas financieras permitan esclarecer el destino de los fondos y delimitar las responsabilidades individuales en una de las causas más relevantes de administración fraudulenta registradas en el país en los últimos años.
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Fuente: Infobae
07 de Junio
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