SANTO DOMINGO.- Mediante el decreto 36-21, el gobierno de Luis Abinader creó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en el país, con el objetivo de impulsar las normas y políticas de prevención de incumplimiento regulatorio e irregularidades administrativas.
El mismo pretende garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos.
Aquí el decreto íntegro:
Que en la contratación pública se hace imperante adoptar una política pública que genere confianza en la ciudadana y que promueva la gestión de riesgos bajo el principio de integridad, transparencia y juridicidad.
Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas se centra en la promoción de sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles, teniendo como meta la de reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas y crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
Que los sistemas de gestión ISO reúnen las mejores prácticas internacionales en tomo al cumplimiento regulatorio y la prevención del soborno y son referentes para la estandarización de estos procesos.
Que el cumplimiento regulatorio como tendencia global y componente de gobernanza publica moderna constituye una expresión clara del compromiso de cumplimiento del ordenamiento jurídico del cual es sujeto obligado cada institución en el marco de una cultura de juridicidad y Estado de derecho.
Una cultura de cumplimiento para ser efectiva debe ser concebida desde los líderes de las instituciones y debe estar incluida en la filosofía organizacional como refuerzo de institucionalidad, en el marco del consagrado Estado de derecho conforme a nuestra Constitución y en virtud del principio de juridicidad definido en la Ley núm. 107-13, sobre todo en las contrataciones públicas por los recursos públicos que comprenden.
Que la República Dominicana debe innovar para avanzar con nuevas herramientas, políticas y normas, como puede ser el cumplimiento normativo, para aminorar los riesgos y eficientizar los controles, desarrollando procedimientos para asegurar la calidad de la gestión de las compras públicas y generar confianza en la ciudadanía.
Que el programa de cumplimiento normativo en las contrataciones públicas es un mecanismo de prevención de la corrupción, promoción de la integridad y la transparencia en la administración pública, garantizando la libre participación, la responsabilidad, la moralidad y la reciprocidad en los procedimientos administrativos y gestión de las compras.
Que el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas busca asegurar que en los procesos de compras públicas en la República Dominicana se desarrolle una función de monitoreo, de reporte de riesgo de incumplimiento y de estímulo para el desarrollo de estándares de buenas prácticas en la administración pública.
Que, entendiendo la necesidad de enfocarnos en un sistema de prevención de riesgos de corrupción en las contrataciones públicas, el programa de cumplimiento normativo busca prevenir y detectar violaciones al marco jurídico, implementando un conjunto de medidas para mitigar o sancionar las conductas delictivas identificadas en la administración pública y en los procesos de contrataciones públicas.
El compromiso de aplicar instrumentos en el sistema de contrataciones públicas de la República Dominicana para fortalecer las obligaciones del órgano rector, con medidas y políticas proactivas contra el dolo, la estafa y la corrupción, que desde la línea preventiva reduzcan los riesgos.
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