

La Justicia italiana ha puesto bajo supervisión judicial al banco digital Revolut durante un año tras detectar presuntas deficiencias en sus mecanismos de prevención del blanqueo de capitales. La decisión llega después de una investigación que ha identificado operaciones ilícitas por valor de 76,5 millones de euros, que podrían haberse evitado si la entidad hubiera aplicado adecuadamente los controles exigidos por la legislación.
La medida, acordada por un tribunal de Milán, supone el nombramiento de un administrador judicial que supervisará durante doce meses la gestión de Revolut. Su cometido será detectar y corregir las deficiencias identificadas en los sistemas de control del banco, especialmente en lo relacionado con la prevención de operaciones sospechosas.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán, bajo la coordinación de la Fiscalía General, y se ha centrado en las relaciones entre Revolut y personas investigadas o condenadas por delitos de blanqueo de capitales y transferencias fraudulentas de activos, incluidos casos agravados por su vinculación con organizaciones mafiosas o por facilitar sus actividades.
Según las autoridades italianas, un número significativo de personas investigadas o condenadas por delitos graves habría conseguido acceder al sistema financiero y realizar operaciones ilícitas aprovechando las «graves» deficiencias detectadas en los mecanismos de prevención de Revolut. La Fiscalía sostiene que la entidad podría haber interceptado transacciones por unos 76,5 millones de euros si hubiera aplicado oportunamente las medidas contra el blanqueo exigidas por la ley.
La orden judicial tiene carácter preventivo y, según la información facilitada, no supondrá una interrupción de la actividad habitual de Revolut.
Durante el periodo de supervisión, el administrador designado por la Justicia italiana deberá comprobar el funcionamiento de los procedimientos internos de la entidad y promover las correcciones necesarias para evitar que sus servicios puedan ser utilizados en operaciones relacionadas con actividades delictivas.
La Fiscalía de Milán considera que la recurrencia y diversidad de los casos detectados evidencian la insuficiencia de las medidas adoptadas para impedir el uso de la infraestructura bancaria por parte de personas vinculadas a redes ilícitas.
En este sentido, las autoridades subrayan que los bancos digitales internacionales deben contar con sistemas automatizados capaces de recopilar información relevante, generar alertas fiables, reforzar los controles y detectar patrones operativos anómalos.
Tras conocerse la decisión judicial, Revolut ha anunciado que colaborará plenamente con las autoridades italianas y ha defendido su compromiso con la prevención del blanqueo de capitales.
«Revolut toma en consideración la decisión del tribunal de Milán y colaborará plenamente con las autoridades italianas. Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones normativas y los controles de prevención de blanqueo de capitales», ha señalado un portavoz de la entidad.
El banco también ha explicado que continúa invirtiendo en el refuerzo de sus sistemas de prevención de delitos financieros, sus modelos de supervisión de transacciones y los equipos especializados en cumplimiento normativo en los mercados donde desarrolla su actividad.
«Aunque no podemos hacer comentarios sobre cuentas concretas ni sobre asuntos legales y administrativos en curso, podemos confirmar que nuestros servicios bancarios para particulares y empresas en Italia siguen operando con total normalidad, sin ninguna interrupción para nuestros clientes», ha añadido su portavoz.
La intervención acordada por la Justicia italiana no implica el cierre del banco ni la suspensión de sus operaciones. Se trata de una medida de supervisión destinada a reforzar sus mecanismos internos de prevención del blanqueo de capitales.
De acuerdo con la información disponible, la decisión afecta a la supervisión de la actividad de Revolut en Italia y no se ha comunicado ninguna restricción general para los clientes de la entidad.
Por tanto, el procedimiento judicial se centra en determinar y corregir las deficiencias detectadas por las autoridades italianas, mientras el banco mantiene su actividad habitual.
La entidad afronta ahora doce meses de supervisión judicial, un periodo durante el cual deberá reforzar sus controles para prevenir que su infraestructura financiera pueda volver a ser utilizada en operaciones presuntamente ilícitas.
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