02/04/2018
Elementos esenciales para un sistema de protección del denunciante
1. INTRODUCCIÓN
Durante el presente año 2017, hubo un período concreto entre finales de marzo y mediados de abril en el que la protección de denunciantes fue foco de la atención mediática. El punto álgido coincidió con la tramitación de la proposición de Ley Integral contra la corrupción, concretamente con el final del primer plazo de ampliación de enmiendas. Durante dicho término, se sucedieron las recomendaciones y las propuestas de enmiendas y mejora desde las organizaciones especializadas, así como los análisis pormenorizados de periodistas y expertos. El debate suscitado no sirvió para sacar adelante la ley, pero sí como ejercicio de consenso para escuchar las diferentes voces discrepantes con el borrador actual e intentar sacar adelante la mejor regulación posible para su aplicación a nivel estatal.
El antecedente legislativo previo a la discusión en el congreso fue protagonizado por varias Comunidades Autónomas, las cuales a partir de noviembre del año 2016 encabezaron la legislación de protección de denunciantes en sus respectivos ámbitos de competencia. La primera de las leyes promulgadas, fue la de Castilla y León, que siendo la precursora regulando la materia dentro del ámbito nacional, recibió comentarios negativos por parte de organizaciones especializadas.
Posteriormente se fueron aprobando otras leyes por parte de diversas comunidades autónomas que, con diferentes matices en cuanto a sus ámbitos de ámbitos de aplicación y medidas de protección, regularon igualmente la figura del denunciante en el ámbito autonómico. Pasaremos ahora a analizar algunas de esas leyes y a identificar los elementos coincidentes entre las mismas.
2. PANORAMA NORMATIVO ACTUAL
Se podría afirmar que desde finales del año 2016 hubo una proliferación de leyes de protección del denunciante que se han ido aprobando de forma escalonada en diferentes regiones autonómicas. Entre las que actualmente se encuentra en vigor, encontramos la Ley 2/2016 de Castilla y León pionera en legislar sobre la materia; la 11/2016 de la Comunidad Valenciana; la 16/2016 de las Islas Baleares y la 5/2017 de Aragón, que habiendo entrado en vigor el pasado 7 de julio de 2017, se convierte en la más reciente.
- Determinar de forma clara y precisa lo que se entiende por informaciones o información con apariencia suficiente de veracidad, términos insuficientemente definidos por las diferentes normativas y que resultan determinantes para decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las denuncias presentadas. Sería conveniente incluir un listado de definiciones en los que se concrete el alcance y significado de dichos términos y otros supuestos de hecho igual de significativos, tales como denuncia, revelación o filtración.
- Ampliar y especificar el ámbito objetivo, incluyendo en el articulado los supuestos en los que resulta posible realizar una denuncia, para lo que se podría utilizar una fórmula no restrictiva del tipo “incluyendo pero no limitado a”. De esta manera se facilitaría al denunciante la identificación del supuesto de hecho que se corresponde con la información que pretende comunicar y se limitaría a su vez la realización de denuncias espurias o intrascendentes.
- Desarrollo de criterios claros para la admisibilidad de las denuncias, ya la redacción actual contenida en la leyes en muchos casos no permite conocer con exactitud cuáles denuncias resultan admisibles y cuáles no.
- Unificación terminológica y normativa, siendo la terminológica en cuanto a la nomenclatura utilizada y la normativa en relación a las medidas incluidas en las diversas leyes. Ello facilitará la aplicación y conocimiento de las mismas y ofrecerá al denunciante una protección sólida sin importar la administración o región a la que pertenezca.
- Garantizar la preservación de derechos, invalidando cualquier regla o acuerdo de confidencialidad, secreto, lealtad o no divulgación en caso en que se obstaculice el ejercicio de los derechos y protecciones del denunciante.
- No imponer requisitos estrictos para la admisión y tramitación de denuncias, de tal manera que para el alertador resulte sencillo formalizarlas. Como ya se ha mencionado con anterioridad, en muchas ocasiones los indicios de delito pueden surgir de presunciones que requieren de investigación para su determinación y son por tanto imposibles de sostener mediante documentos o informaciones comprobadas.
- Contemplar el levantamiento de la responsabilidad para cualquier denuncia que se realice dentro del ámbito objetivo de las normas de protección del denunciante. Cualquier divulgación comprendida en dicho ámbito debería ser inmune a procedimientos judiciales.
- Invertir la carga del prueba en los casos en que un empleador tome medidas contra un empleado que ha realizado una denuncia. En estos casos, el empleador deberá demostrar de forma clara y convincente que las medidas tomadas contra el trabajador no están conectadas a o motivadas por la denuncia realizada por éste.
- Incorporar como garantía adicional la posibilidad de que el denunciante acuda a cualquier agente externo para realizar la denuncia, siempre y cuando los mecanismos establecidos no reaccionen adecuadamente a la misma o no den el resultado esperado, o cuando existan motivos urgentes o graves que afecten al interés público, resultando necesario canalizar la denuncia por dicha vía.
- Establecimiento de procedimientos especiales y garantías para el caso en que el contenido de la denuncia verse sobre asuntos de seguridad nacional, secretos militares o información clasificada.
- Asegurar a los organismos de supervisión y control creados por las normas una dotación suficiente, para así garantizar su independencia y buen desempeño.
