El marco legal peruano exige a las personas jurídicas el establecimiento de modelos de prevención de delitos completos y sólidos. Desde la aprobación de la Ley 30424, así como el D.Leg. 1352 y la Ley 30835, las empresas y corporaciones son responsables por los delitos de corrupción cometidos por sus directivos, empleados, representantes, etc. La aprobación posterior de D.S. 002-2019-JUS, que reglamenta la Ley 30424 establece los requisitos mínimos que debe tener un programa de cumplimiento para ser considerado como atenuante en un posible proceso judicial en el que se vea involucrada la persona jurídica.
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