04/09/2025
Perú refuerza lucha anticorrupción en contratos de Asociaciones Público-Privadas
Por Iván Martínez López – Vicepresidente de la World Compliance Association y CEO de INTEDYA
El Gobierno peruano ha publicado el Decreto Supremo Nº 169-2025-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1362 sobre Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos. Esta norma marca un hito en la política de integridad nacional, al establecer que todos los contratos de APP —incluidas sus renovaciones y ampliaciones— deberán incorporar obligatoriamente una Cláusula Anticorrupción.
Una cláusula con efectos inmediatos
La disposición establece que el contrato caducará de pleno derecho si el concesionario, sus directivos, empleados o empresas vinculadas:
- Son condenados judicialmente por delitos de corrupción; o
- Reconocen formalmente ante autoridad nacional o internacional la comisión de dichos delitos.
Las consecuencias son severas y automáticas:
- Caducidad del contrato sin derecho a indemnización.
- Ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
- Penalidad equivalente al 10% del monto de liquidación del contrato.
Compliance: de requisito legal a ventaja estratégica
Más allá de su dimensión jurídica, este decreto impulsa el desarrollo y fortalecimiento de los programas de compliance en el sector privado. En la práctica, las empresas que deseen participar en APP deberán contar con sistemas de cumplimiento robustos, capaces de:
- Prevenir riesgos de corrupción y soborno.
- Implementar controles internos de debida diligencia sobre directivos, empleados y socios de negocio.
- Asegurar trazabilidad documental y transparencia en las operaciones.
- Generar una cultura organizacional de integridad que trascienda las exigencias contractuales.
Expertos señalan que la utilidad del compliance no se limita a evitar sanciones, sino que se convierte en un factor diferenciador para atraer inversión, consolidar la reputación empresarial y garantizar la sostenibilidad de los proyectos. En un mercado donde la corrupción ha representado un obstáculo recurrente, el cumplimiento normativo se transforma en una herramienta de competitividad y confianza.
Un blindaje institucional contra la corrupción
El Ministerio de Economía y Finanzas resaltó que esta medida responde a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y a los criterios del Tribunal , qConstitucionalue reafirmaron la obligación del Estado de no tolerar prácticas ilícitas en las concesiones de bienes y servicios públicos.
La disposición tiene , obligando a los organismos promotores de inversión y a las entidades titulares de proyectos a adoptar de forma urgente esta cláusula en todos los procesos en curso.aplicación inmediata
Impacto esperado
Con esta norma, el Perú refuerza su mensaje a inversionistas y ciudadanos: los proyectos estratégicos de infraestructura y servicios deben desarrollarse bajo estrictos estándares de ética, transparencia y rendición de cuentas.
El compliance, en este contexto, deja de ser visto como una carga administrativa y se consolida como un instrumento esencial para garantizar la viabilidad de las inversiones, proteger el interés público y blindar la confianza en las APP.
