27/09/2025
La OCDE actualiza sus Directrices para combatir la colusión en contrataciones públicas
Por Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association (WCA)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la actualización 2025 de sus Directrices para luchar contra la colusión en licitaciones públicas, un documento clave que busca fortalecer la transparencia, la eficiencia y la competencia en los procesos de contratación de gobiernos y organismos públicos en todo el mundo. Las directrices forman parte de la implementación de la Recomendación de la OCDE sobre la lucha contra la colusión en la contratación pública [OECD-LEGAL-0396], y proponen un conjunto de principios y buenas prácticas que pueden adaptarse a las realidades de cada país o institución.
Un problema que encarece lo público
La OCDE advierte que la colusión en licitaciones —conocida también como bid rigging— es una de las violaciones más graves a las leyes de competencia, pues genera sobrecostos para el Estado, reduce la calidad de los bienes y servicios adquiridos, restringe la oferta y, en última instancia, perjudica a los contribuyentes.
Entre las formas más frecuentes de colusión se encuentran:
- Ofertas de cobertura: presentar propuestas falsas para simular competencia.
- Supresión de ofertas: abstenerse de competir para favorecer a una empresa.
- Rotación de ofertas: alternar ganadores en distintas licitaciones.
- Asignación de mercados: repartirse clientes, territorios o productos para evitar competir.
“Cada dólar perdido en colusión es un dólar menos para salud, educación o infraestructura pública”, enfatizó la Secretaría de la OCDE en el lanzamiento del documento.
Señales de alerta y prevención
La nueva guía incluye una Lista de Diseño de Licitaciones, con medidas concretas para minimizar riesgos de manipulación en los concursos públicos, como:
- comprender el mercado y los potenciales proveedores,
- fomentar la participación de múltiples oferentes,
- aplicar criterios de adjudicación pro competitivos,
- utilizar plataformas electrónicas de contratación,
- y advertir a los participantes sobre las sanciones por colusión.
Asimismo, presenta una Lista de Detección de Colusión, con red flags o señales de alerta que pueden indicar prácticas anticompetitivas: patrones de precios inusuales, coincidencias sospechosas en las ofertas, comportamientos anómalos entre competidores o declaraciones que sugieran acuerdos previos.
Cooperación interinstitucional y lucha contra la corrupción
Otro de los ejes de la actualización es la cooperación interinstitucional. La OCDE insta a que las autoridades de competencia trabajen junto con las de compras públicas, anticorrupción, auditoría y fiscalías, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo es intercambiar información, crear grupos de trabajo y coordinar acciones para detectar e investigar prácticas colusorias.
La organización también advierte que la colusión suele ir de la mano con otros delitos, como la corrupción y el fraude, por lo que la capacitación de funcionarios y la articulación entre agencias resultan fundamentales.
La OCDE espera que estas directrices ayuden a reforzar la integridad de la contratación pública, reducir costos para los Estados y aumentar la confianza ciudadana en las instituciones.
Países adherentes a la Recomendación deberán revisar sus leyes y procedimientos para asegurar que no favorezcan involuntariamente la colusión, y aplicar medidas que dificulten la formación de carteles.
Con esta actualización, la OCDE refuerza su llamado a que los Estados protejan la competencia en un sector que representa en promedio el 12% del PIB en las economías miembro, y que es particularmente vulnerable a prácticas anticompetitivas.
