01/08/2026
Ley de Competencia en Guatemala: los desafíos de compliance para las empresas
El régimen, que inicia plenamente el 9 de diciembre, ha motivado consultas sobre cláusulas de exclusividad y de no competencia, así como en las relativas a cálculo de precios, incentivos y premios.
Antes de la plena entrada en vigencia de la Ley de Competencia, prevista para diciembre de este año, grupos empresariales grandes y medianos de Guatemala han activado las consultas sobre la adecuación de algunos de sus contratos en curso.
Hace dos años, el Congreso de la República aprobó el Decreto 32-2024, reformado unos meses después a través del Decreto 8-2025. Las modificaciones aclararon dudas respecto a aquellas transacciones en las que no se requerirá solicitar autorización de la Superintendencia de Competencia (SiCom), asuntos relacionados con el funcionamiento del directorio de ese organismo y la emisión del reglamento de la ley tanto para la aplicación de la misma como respecto a la operatividad del citado organismo.
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Parte de la Ley de Competencia, inédita en Guatemala, entró en vigencia en enero de 2025, y de acuerdo con Mario Estuardo Archila, socio de Consortium Legal - Guatemala, las consultas que están haciendo hoy los grupos empresariales tienen que ver con conductas anticompetitivas prohibidas, que comenzarán a verificarse a partir de finales de 2026, cuando se cumplirán dos años de la publicación de la norma en el Diario Oficial.
Acordar, concertar, fijar o manipular precios; dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de bienes o servicios; fijar, limitar o restringir la producción, la demanda, la distribución o la comercialización de bienes o servicios, ya sea por cantidad, volumen o frecuencia, y concertar o coordinar ofertas en procesos de contrataciones públicas nacionales o internacionales son las prácticas anticompetitivas, relativas y absolutas, que la ley prohíbe.
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