La sostenibilidad ambiental dejó de ser una práctica complementaria para convertirse en un factor estratégico de competitividad, resiliencia y permanencia empresarial para las Mipymes.
De acuerdo con la Encuesta Mipyme 2025-2026 de ANIF, solo el 26,8% de las empresas consultadas cuenta con iniciativas ambientales respaldadas por una estrategia documentada. A su vez, más del 50% de las microempresas y unidades de subsistencia no asigna un presupuesto anual para este propósito.
El principal reto identificado por ANIF es la baja formalización. Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de la entidad, señala que muchas empresas desarrollan acciones ambientales de manera práctica, pero aún no logran integrarlas en una política empresarial sostenible, medible y con visión de largo plazo.
Las iniciativas de mayor adopción corresponden a medidas de rápida implementación y menor costo, como el reciclaje y la reducción del consumo de agua, energía y plástico.
Estas prácticas superan el 65% de adopción; sin embargo, las medidas estructurales que exigen mayor inversión, como paneles solares o vehículos eléctricos, permanecen por debajo del 35% en medianas empresas y del 15% en microempresas.
Si bien la reducción de costos continúa siendo la principal motivación de adopción, con el 46% de los casos analizados, también cobran relevancia la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio, la eficiencia operativa y la reputación empresarial.
El desafío central consiste en institucionalizar estas acciones. Según ANIF, más del 89% de las micro, pequeñas y medianas empresas carece de certificaciones ambientales formales, lo que limita su capacidad para demostrar avances, acceder a oportunidades y fortalecer su posicionamiento frente al mercado.
Las principales barreras siguen siendo el desconocimiento técnico y las restricciones financieras, especialmente en microempresas y unidades de subsistencia, segmentos que requieren acompañamiento, priorización y mecanismos de financiación acordes con su realidad operativa.
La sostenibilidad social también avanza como una dimensión relevante de la gestión empresarial; no obstante, mantiene retos similares en materia de documentación, asignación de recursos y seguimiento institucional.
ANIF reporta que las prácticas más frecuentes en este ámbito son las políticas de seguridad y salud en el trabajo y las compensaciones no salariales, implementadas hasta por el 72,9% de las medianas empresas.
En contraste, las políticas de diversidad, inclusión y derechos humanos presentan un menor nivel de desarrollo, lo que evidencia la necesidad de avanzar hacia marcos de gestión más robustos, trazables y alineados con las expectativas actuales de sostenibilidad corporativa.
Más del 56% de los encuestados no asigna recursos financieros a la gestión social. Además, el 73,1% de las microempresas reporta prácticas no documentadas, proporción que asciende al 76,8% en unidades de subsistencia, lo que limita la continuidad, evaluación y escalabilidad de estas iniciativas.
En este escenario, la sostenibilidad debe asumirse como una decisión de negocio. Formalizar las iniciativas ambientales y sociales permite pasar de esfuerzos aislados a una gestión estructurada, capaz de generar eficiencia, fortalecer la confianza de los grupos de interés y mejorar la capacidad de adaptación frente a los cambios regulatorios, comerciales y reputacionales.
En este contexto, avanzar hacia una estrategia ambiental institucional genera valor en el largo plazo al incorporar, como mínimo, los siguientes elementos:
El llamado para las Mipymes es claro: avanzar de la intención a la institucionalización. Convertir la sostenibilidad en una capacidad permanente permitirá construir empresas más competitivas, resilientes y preparadas para responder a las exigencias del entorno, generando confianza, eficiencia y valor sostenible para el negocio en el largo plazo.
Fuente: ANIF, Encuesta Mipyme 2025-2026.
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