
Leandro García, jefe de Visita de Evaluación de Modelos de Prevención de Delitos de la Superintendencia Adjunta de Riesgos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mencionó que el organismo pone énfasis en el funcionamiento efectivo del modelo, muy por encima de lo consignado en papeles.
De esa manera, “se busca comprobar cómo una organización aplica sus controles en la práctica y cómo estos forman parte de sus decisiones y operaciones cotidianas”.
García agregó en el foro de la World Compliance Association (WCA) que estas tareas cobran mayor relevancia en un contexto donde las empresas pueden acudir a la inteligencia artificial para elaborar en menor tiempo los documentos de cumplimiento.
El problema, según el abogado, es que la existencia de esos planes no demuestra por sí sola que la organización cuente con un sistema efectivo.
Sostuvo que un modelo de prevención puede fijar políticas, procedimientos y controles, pero la evaluación debe ir un paso más allá: determinar si estos mecanismos realmente se utilizan.
Ello supone revisar si los trabajadores conocen los procedimientos, si hay canales para reportar alertas, si los controles se ejecutan y si la empresa toma medidas cuando identifica un riesgo.
García acotó que el modelo debe funcionar como un “sistema vivo” y no tanto como un conjunto de documentos apilados.
Otro punto que puede marcar la pauta es involucrar al directorio de la empresa: si la máxima instancia de decisión de la compañía no respalda la implementación del modelo, difícilmente este podrá funcionar de manera efectiva.
La SMV ha recibido 26 requerimientos fiscales para evaluar modelos de prevención de delitos y ha emitido tres informes técnicos: uno vinculado a corrupción y dos investigaciones por lavado de activos.
García precisó que ninguno de estos casos corresponde a una micro o pequeña empresa; por lo que es un reto para las cámaras y gremios promover que los modelos de prevención también sean incorporados por negocios de menor tamaño.
Una manera de promover esta práctica es a través de una “suerte de cadena de prevención” para que las buenas prácticas sean copiadas por proveedores, especialmente los más pequeños.
Esto permitiría que las prácticas de compliance no se concentren únicamente en las grandes corporaciones, sino que lleguen progresivamente a las pequeñas empresas que forman parte de sus cadenas de suministro.
El representante de la SMV mencionó que, más allá de cumplir formalmente una exigencia regulatoria, una empresa debería poder demostrar que identificó sus riesgos, fijó controles, responsabilidades y que verifica que estas medidas funcionen.
García concluyó que el nuevo desafío del compliance empresarial no parece estar en producir más documentos, sino en demostrar que esos documentos se convierten en controles efectivos. Y, para la SMV, esa tarea comienza desde el directorio y puede extenderse por toda la cadena de proveedores.
Arnulfo Espinosa, presidente de ISACA Monterrey, señala que la información sensible que ya no necesitamos debe ser tratada como desecho tóxico, dado que si la almacenamos puede ser dañina.
En las empresas, la información sensible son los planes de M&A, información de I+D, propiedad intelectual, diseño de plantas y equipos, información de clientes, proveedores clave, credenciales de acceso, entre otros.
Cristina Ritter, jefa de Gobernanza y Anticorrupción en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, menciona que las empresas evolucionan hacia una gobernanza transformadora si:
El compliance actúa como habilitador de confianza y no solo como función de control
La empresa deja de mirar solamente hacia adentro
Transparencia y rendición de cuentas se convierten en mecanismos para generar confianza
Se pasa de actuar solos a una acción colectiva
No solamente habla de políticas, sino de generar una cultura de integridad

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