Quien conoce un expediente por dentro sabe dónde se rompe. Esa es, en esencia, la premisa del acuerdo que desde hoy une a la Policía Nacional con los gestores administrativos para combatir el fraude, las falsedades documentales y el uso torticero de los procedimientos públicos.
El comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, y el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, han suscrito un procedimiento institucional operativo. No es una declaración de buenas intenciones.
El texto concreta cómo cooperarán ambas instituciones para prevenir, detectar y facilitar la investigación de conductas que ponen en riesgo la seguridad colectiva y el patrimonio de los ciudadanos.
El diagnóstico de partida es conocido por cualquiera que haya seguido de cerca la delincuencia económica de la última década. La tramitación se ha vuelto más compleja y el canal electrónico se ha generalizado. Ambas cosas han abierto grietas.
Por ellas se cuelan quienes falsifican documentos, suplantan identidades o retuercen los procedimientos administrativos para obtener un beneficio ilícito.
Los gestores ocupan una posición singular en ese ecosistema. Trabajan a diario entre ciudadanos, empresas y administraciones. Conocen las exigencias documentales de cada trámite y los controles que deberían garantizar su limpieza. Y, por tanto, también saben reconocer cuándo algo no encaja.
El procedimiento descansa sobre tres pilares: iniciativas conjuntas contra las actividades ilícitas, intercambio de información técnica y operativa «dentro del marco legal», y designación de puntos de contacto para una comunicación directa.
El objetivo declarado es que la Policía Nacional pueda disponer, cuando sea necesario y conforme a la legislación aplicable, de la información relevante para sus investigaciones.
Esa cláusula de legalidad no es un adorno. Cualquier flujo de datos entre una corporación de derecho público y la Policía Judicial queda sometido a la normativa de protección de datos, y su alcance real se medirá en la práctica, no en el papel.
Pascual Grasa puso el acento en el valor de la colaboración institucional y en la implicación de los sectores profesionales en la prevención y persecución del delito.
A su juicio, cooperar e intercambiar información son herramientas fundamentales para reforzar la eficacia policial y dar una respuesta conjunta a las nuevas formas de criminalidad.
Santiago Ollero habló desde el oficio. «Los gestores administrativos trabajamos cada día con documentación y procedimientos que afectan directamente a la vida de las personas y a la actividad de las empresas. Esa posición nos obliga a ser especialmente exigentes con la legalidad y nos permite aportar algo que pocos pueden aportar: el conocimiento de cómo funciona la tramitación administrativa desde dentro. Ponerlo a disposición de la Policía Nacional es una forma de proteger a quienes confían en nosotros», señaló.
Hay también un mensaje hacia dentro, y hacia el intrusismo. El presidente del Consejo General marcó distancias con quienes operan sin control alguno: «La colegiación no es una formalidad, sino un sistema de garantías, responsabilidades y controles que protege al ciudadano. Quienes utilizan los procedimientos administrativos para cometer fraudes, falsificar documentos o engañar a las personas son los primeros enemigos de nuestra profesión, porque erosionan la confianza en la que se basa nuestro trabajo».
La arquitectura es sencilla. Una Comisión de Seguimiento se reunirá al menos una vez al año y siempre que haga falta. Cada parte nombrará puntos oficiales de contacto. Los colegios territoriales podrán adherirse, de modo que el modelo baje del Consejo General a la proximidad de cada provincia.
El instrumento nace con una vigencia de un año, prorrogable de forma automática. No implica contraprestaciones económicas ni aumento del gasto público.
«Este acuerdo demuestra que los gestores administrativos queremos formar parte activa de las soluciones. Nuestra profesión está al servicio de los ciudadanos, de las empresas y del buen funcionamiento de las administraciones públicas, y ese compromiso incluye colaborar decididamente en la lucha contra el fraude. Cuando las instituciones y los profesionales trabajan de forma coordinada, gana la seguridad jurídica y, sobre todo, gana el ciudadano», concluyó Santiago Ollero.
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