Autor: Sergio Herra
Costa Rica fortaleció recientemente su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer responsabilidad penal corporativa por todos los delitos de corrupción y establecer los elementos básicos que debe tener un programa de cumplimiento para obtener una reducción de la multa penal.
La nueva ley conocida como Estatuto 9699 (pdf) también agregó el fraude contable como un nuevo delito bajo el código penal.
La responsabilidad penal corporativa se establece cuando la corrupción es cometida por directores, accionistas y otras personas con poder de decisión en la corporación, así como por empleados e incluso por terceros que actúan en nombre de la corporación.
Las corporaciones declaradas culpables de corrupción pueden recibir una multa de hasta $ 8 millones o el diez por ciento del monto del contrato público que se obtuvo mediante el pago de un soborno. Además, durante hasta diez años, se puede prohibir a las empresas contratar con el estado, recibir incentivos fiscales, tener licencias y permisos de operación, e incluso mantener locales comerciales y su condición de entidades legales.
Las sanciones se pueden aplicar a corporaciones costarricenses, corporaciones extranjeras que hacen negocios en Costa Rica y empresas públicas estatales. El Estatuto 9699 también anticipa escenarios de fusión y adquisición.
Las personas pueden enfrentar hasta 12 años de prisión por delitos de corrupción.
Al establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los programas de cumplimiento, el Estatuto 9699 enumera lo siguiente:
1. Realizar una evaluación de riesgo específica para la actividad comercial en Costa Rica
2. Implemente un código de conducta y adopte reglas y procesos específicos que eviten la comisión de delitos.
3. Establecer controles financieros y registros financieros adecuados
4. Determinar el alcance de estas políticas para terceros
5. Entrenamiento periódico anticorrupción
6. Programe una evaluación periódica de riesgos y la verificación del modelo.
7. Establecer un modelo disciplinario.
8. Realizar una auditoría contable externa
9. Designar un oficial de cumplimiento, y
10. Establecer un protocolo específico para prevenir la comisión de delitos por contratos de licitación pública, obtención de licencias o cualquier otra actividad relacionada con la administración pública.
La divulgación y la cooperación también son requisitos para las empresas en casos de corrupción.
Si se cumplen los requisitos de cumplimiento, divulgación y cooperación, las empresas pueden recibir una reducción del 40 por ciento de la multa que se puede imponer por un delito de corrupción.
El Estatuto 9699 no menciona expresamente un sistema de denuncia de irregularidades e investigaciones internas como requisitos de los programas de cumplimiento. Pero estos elementos generalmente serían esenciales para cumplir con las obligaciones de divulgación y cooperación para lograr una reducción de la multa.
La Oficina del Fiscal General de Costa Rica ya ha emitido una alerta directa a las grandes empresas constructoras que participan en contratos de licitación pública, ya que podrían convertirse en las primeras corporaciones acusadas penalmente por delitos de corrupción en virtud del nuevo Estatuto 9699.
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Fuente: The FCPA Blog
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