Cumplimiento normativo en la realidad corporativa de México

RESUMEN: En México el gran número de empresas existentes, aunado a que muchas de ellas son operadas por personas con poca experiencia en el ramo –sean amigos o familiares- de los directivos, motivo por el cual, gran parte de éstas no se encuentran preparadas para enfrentar los cambios que han importado las múltiples reformas a los diversos cuerpos normativos, es por ello que resulta indispensable el acercamiento con los servicios de expertos en cumplimiento normativo, a fin de evitar el incumplimiento de las múltiples normas aplicables en materia empresarial.

ABSTRACT: In Mexico the large number of exicing companies, coupled withthe fact that many of them are opérate by people with Little experience in the field –be they Friends or Family- of the managers, which is why many of them are not prepared to face the changes that the multiple reforms have imported to the various regulatory bodies, that is why it is essential to approach the services of experts in regulatory Compliance, in order to avoid non copliance with the multiple applicable regulations in business matters. 

En una realidad como la de nuestro país, en la que según datos estimados  hay aproximadamente 4 millones 15 mil empresas y de ese número, el 99.8% son PyMES , las cuales representan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 72% de los empleos formales, hablamos sin duda de un espectro inmenso de unidades empresariales que se enfrentan a un entorno normativo para el cual no están necesariamente preparadas.

De manera práctica, muchas de estas empresas tienen un corte “familiar” en las que pagar impuestos, no tener problemas con el fisco y llevar una contabilidad adecuada, adicional a contar con los permisos indispensables para operar, se considera suficiente “cumplimiento normativo”.

Desde un punto de vista meramente empresarial, el compromiso de una empresa con el concepto de cumplimiento persigue un fin estratégico: desde la promulgación de la Ley “Antilavado”  en 2014, la  reforma penal en 2016 y las subsecuentes reformas y modificaciones al entorno legal que se han dado en materia de cumplimiento, principalmente en los entornos fiscal, financiero y muchas empresas se encuentran en estado de alerta y han iniciado los trabajos para implementar sistemas de cumplimiento, con el objetivo de evitar el incumplimiento de las normas y leyes pues, de lo contrario, podrían tener que hacer frente a importantes sanciones no sólo económicas sino inclusive, privativas de la libertad.

Adicionalmente, la intensificación del discurso internacional sobre la responsabilidad social de las empresas ha provocado que al concepto de cumplimiento se le sume también un componente ético, lo cual nos abre a un campo mucho más amplio de Gobierno Corporativo. Los grupos de interés como clientes, trabajadores o habitantes cerca de las fábricas, por ejemplo, esperan que las empresas no solo respeten la legislación existente, sino también las virtudes y los valores éticos habituales de la industria. En este sentido, las empresas no se deben únicamente a sus dimensiones económicas, sino también como ciudadanos corporativos responsables, atendiendo a un concepto de “responsabilidad social corporativa” (RSC).

Sin embargo, el reto para las Pymes es sin duda, invertir en esquemas de cumplimiento, que implican acciones como la generación de Comités, el establecimiento de un Oficial de Cumplimiento, generación de manuales, políticas y procesos, evaluación y gestión de riesgos, etc., es decir, un cabal cumplimiento a lo dispuesto por el actual artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; acciones para las que no se encuentran listas o bien, para las que simplemente, no existe en realidad presupuesto o la posibilidad de contar con uno o bien, es todavía, vista como un gasto “innecesario”.

Esto, pone al gran sector productivo en México, en una situación de vulnerabilidad, ante la existencia de programas públicos que verdaderamente coadyuven en la labor, pues adicional a una serie de sanciones económicas, el incumplimiento de las reglas también puede tener consecuencias no financieras, entre las que se encuentran la pérdida de reputación y confianza de los socios y los clientes, el cierre de la empresa y la pérdida del patrimonio familiar, el que tal vez tomó décadas o más de una generación, construir.

El reto y la problemática radican en la capacidad de respuesta, pues el entorno normativo sigue endureciéndose e inclusive para los grandes corporativos es complicado la implementación correcta de sistemas de cumplimiento cuando que para la mayor parte de las PyMES, el concepto es desconocido, lo que literalmente deja a las empresas expuestas completamente ante la contingencia de revisiones de las autoridades, las cuales empiezan  a ser más comunes en el día a día y por lo tanto, a la consecuente imposición de sanciones.

Es indispensable hablar de programas de cumplimiento y gobierno corporativo desde la voz pública y no dejar al sector privado, en particular a aquel que menos preparado se encuentra para enfrentar este nuevo entorno, anclado en una indiferencia cuyas consecuencias, pueden ser fatales para un sector con tal importancia en la realidad productiva de nuestro país y de millones de familias mexicanas.

“Regulatory compliance in Mexico’s corporate reality”.

In the real context like that of our country, in which according to estimated data there are approximately 4 million 15 thousand companies and of that number, 99.8% are PyMES representing about 52% of the Gross Domestic Product (GDP) and which generate 72% formal jobs, we are undoubtedly talking about a huge spectrum of business units that face a regulatory environment for which they are not necessarily prepared.

In practical terms, many of these companies have a “family company” approach in which paying taxes, not having problems with the tax authorities and keeping proper accounting records in addition to having the necessary permits to operate, is considered sufficient “regulatory compliance”.

From a purely business point of view, a company’s commitment to the concept of compliance pursues a strategic goal: since the enactment of the “Anti-Money Laundering” Act in 2014, the penal amendments in 2016 and the subsequent amendments and modifications to the legal environment that have occurred in terms of compliance, mainly in tax, financial and criminal areas, many companies are in a state of alert and have begun work to implement compliance systems, with the aim of avoiding non-compliance with the rules and laws because otherwise, they could face significant penalties not only economic but even deprivation of liberty.

In addition, the intensification of the international discourse on corporate social responsibility has led to the concept of compliance being joined by an ethical component, which opens up a much broader field of corporate governance. Interest groups such as customers, workers or people living near factories, for example, expect companies not only to comply with existing legislation, but also to respect the virtues and ethical values that are customary in the industry. In this sense, companies are not only accountable to their economic dimensions, but also as responsible corporate citizens, in line with a concept of “corporate social responsibility” (CSR).

Hence, the challenge for SMEs is undoubtedly to invest in compliance schemes, which involve actions such as the creation of Committees, the establishment of a Compliance Officer, the creation of manuals, policies and processes, risk assessment and management, etc., that is, full compliance with the provisions of the current Article 25 of the General Law of Administrative Responsibilities; actions for which they are not ready or for which there is simply no budget or the possibility of having one, or which are still seen as an “unnecessary” expense.

This puts the large productive sector in Mexico in a situation of vulnerability, given the existence of public programs that truly assist in the work, because in addition to a series of economic sanctions, non-compliance with the rules can also have non-financial consequences, among which are the loss of reputation and trust of partners and customers, the closure of the company and the loss of family wealth, which may have taken decades or more than a generation to build.

The challenge and the problem lie in the ability to respond, since the regulatory environment continues to harden and even for large corporations it is complicated to correctly implement compliance systems when for most SMEs, the concept is still unknown, which literally leaves companies completely exposed to the contingency of authority reviews, which are becoming more common on a daily basis and therefore, to the consequent imposition of sanctions. 

It is essential to talk about compliance and corporate governance programs from the public voice and not leave the private sector, particularly the one that is less prepared to face this new environment, anchored in an indifference whose consequences can be fatal for a sector with such importance in the productive reality of our country and millions of Mexican families.