Recientemente, funcionarios públicos han manifestado que sus intentos por denunciar irregularidades en la Administración Pública, incluidos hechos de corrupción pública, fueron callados e ignorados por sus superiores. Pero la situación es aún más grave, ya que alegan que en virtud de sus denuncias, sufrieron persecuciones, fueron aislados, de forma irregular les restaron competencias para realizar sus funciones e incluso se les incluyó en listas de personas con imposibilidad de participar en concursos para ascensos. Es decir, fueron acosados con el claro objetivo de callarlos. No es mi intención determinar si tales afirmaciones son ciertas, pero sí aportar elementos que deben valorarse a partir de esas manifestaciones.
Las personas que levantan la voz frente actos de corrupción y alertan a las autoridades de estas acciones constituyen uno de los componentes más importantes en el marco de la lucha contra la corrupción. Los denunciantes permiten identificar e iniciar los procesos de investigación y castigo de esos actos. Sin embargo, los denunciantes también constituyen el componente más frágil en la lucha contra la corrupción.
Todos los ciudadanos nos quejamos de la corrupción, comprendemos las nefastas consecuencias que tiene en la economía, el desarrollo, el progreso como país, la institucionalidad e incluso en la Democracia. Exigimos medidas para prevenirlo y reprimirlo, pero solemos callar esos hechos y rara vez pensamos en las personas valientes que sí denuncian esos hechos, y a lo qué se exponen por denunciar hechos corruptos.
Represalias, venganzas, acoso y aislamiento laboral, son algunas de las respuestas en contra de los denunciantes a lo interno de instituciones públicas en cualquier país del mundo. Por supuesto, lo anterior tiene consecuencias a nivel psicológico y emocional para esas personas. Estas respuestas tienen un claro objetivo, callar al denunciante, perpetuar la corrupción y asegurar la continuidad delictiva.
Si como sociedad queremos tomarnos enserio la prevención, persecución y represión de la corrupción, estamos en la obligación de adoptar medidas encaminadas a proteger e incentivar a los denunciantes. Lo anterior, no conlleva “inventar el agua caliente”; incluso, ya nuestro ordenamiento prevé lineamientos básicos sobre los denunciantes. Concretamente el Reglamento a la Ley 9699, que obliga a las empresas públicas y privadas a garantizar la protección de los denunciantes y evitar cualquier tipo de represalia en su contra.
Ahora bien, esa protección debe ser extendida como una obligación para todas las entidades públicas, ya que las instituciones a las que pertenecían los denunciantes que afirman haber sufrido persecución y acoso por sus denuncias, no calzan en la categoría de “empresas públicas”. Siendo que se encuentran desprovistos de protección como denunciantes.
La protección es sin lugar a duda el primer elemento para promover la denuncia de hechos de corrupción, pero algunos Estados han ido más allá, otorgando premios económicos equivalentes a un porcentaje del monto total de las sanciones económicas impuestas a los corruptos. Dicho sea de paso, se deben endurecer las multas económicas derivadas de los hechos delictivos en nuestro país.
Los Estados Unidos por medio de la Securities Exchange Commission y el Department of Justice premian constantemente a los denunciantes de hechos delictivos, con recompensas que suman más de un $1 billón en los últimos años y que han llegado hasta los $114 millones para un solo denunciante. Los premios, en conjunto con una sólida protección contra represalias, han demostrado ser la combinación idónea para que los denunciantes se sientan motivados a reportar hechos criminales. Adicionalmente, a nivel social, los denunciantes son vistos positivamente y como una especie de héroes en la lucha contra la corrupción.
Por otra parte, también es importante que los denunciantes sean sancionados si llegan a reportar hechos falsos; ya que su aseveraciones pueden tener consecuencias perjudiciales a nivel laboral, social, imagen y reputación de la persona falsamente denunciada.
Es innegable que en nuestro país existe la corrupción, hay particulares corruptos y hay funcionarios públicos corruptos; pero también hay personas valientes que quieren denunciar esos hechos. Como sociedad debemos darles las condiciones adecuadas a los denunciantes para que reporten los hechos que carcomen a la institucionalidad de nuestro país y ponen en peligro la Democracia. Solo de esa forma podremos afirmar que estamos luchando verdaderamente en contra de la corrupción.
Sergio Herra Rodríguez
Abogado
Presidente de la World Compliance Association, Capítulo Costa Rica
sherra@worldcomplianceassociation.com
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