MODALIDADES FINTECH Y ACTIVOS VIRTUALES PARA UNA MAYOR INCLUSIÓN FINANCIERA EN MÉXICO.

Vale la pena recordar que las microfinanzas, nacidas en Bangladesh y algunas regiones de América Latina a mediados de 1970, surgieron como una innovación metodológica para alcanzar con servicios financieros a la población marginada de los servicios tradicionales. Con ese mismo propósito el uso de la tecnología de información se volvió una herramienta esencial para las microfinanzas. Sin duda, las innovaciones tecnológicas han venido revolucionando la manera de accesar a los servicios financieros y usarlos, del mismo modo que el internet y los dispositivos móviles transformaron la forma de interactuar entre las personas.

Históricamente, tanto las empresas Fintech, como las criptomonedas se han caracterizado por mostrar en sus primeras etapas de operación una dinámica de crecimiento muy acelerado. La visión de las empresas Fintech a largo plazo se ha enfocado precisamente en aumentar el valor de la empresa, antes que en la generación de utilidades. Se han caracterizado por buscar la inclusión financiera y han resultado ser mucho más accesibles (menos burocráticas) que la banca tradicional, hasta hace pocos años. Podemos asegurar que, al menos en su origen, las Fintech apuntaron preponderantemente hacia el bienestar social, ya que nacieron con la principal intención de alcanzar a las personas marginadas por los servicios financieros tradicionales, además de ofrecer mejores servicios y más baratos. 

Por otro lado, las primeras monedas con cifrados criptográficos, que surgieron por algunas propuestas que buscaban la realización de transacciones electrónicas de manera anónima, han evolucionado en gran manera. Fue en 2008, cuando se publicó un esquema alternativo para realizar pagos electrónicos, apoyados en principios matemáticos de criptografía, evitando la participación de terceros en el proceso de la transacción y permitiendo a los usuarios finales el anonimato. Así, a principios de 2009, se creó el primero de muchos activos virtuales, denominado Bitcoin, que a diferencia de los sistemas tradicionales de pago y transferencia electrónica, no están regulados ni controlados por alguna institución y no requieren de intermediaros en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido, para el control de estas transacciones. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional, en su publicación sobre cómo las jurisdicciones están respondiendo a las amenazas de lavado de dinero relacionadas con los activos virtuales, en enero de 2021, se estimaba que había 106 millones de usuarios de criptomonedas en todo el mundo. 

Aunado a lo anterior, debemos considerar que:

• Existen alrededor de 500 Fintech (startups) operando en el país.
• Las autoridades han avanzado mucho en el marco legal y normativo, incluyendo Disposiciones en materia de PLD-FT. El Banco de México ha emitido una regulación sobre la operación con activos virtuales por parte de las Instituciones de Tecnología Financiera e Instituciones de Crédito que, aunque se considera limitada, es un buen inicio para comenzar la regulación.
• La mayoría de los Intermediarios financieros cuentan con la figura legal para ofrecer servicios financieros de forma no presencial. Las Disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo contemplan reglas específicas para ofrecer dichos servicios.
• En México, se creó desde el año 2011 el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y se cuenta con la meta al 2024, de que un 77% de la población de adultos pueda contar con al menos un servicio financiero y un 65% pueda tener al menos una cuenta en una Institución Financiera.
• A los mexicanos nos urgen servicios financieros disruptivos, que causen un cambio radical en la forma de atender nuestras necesidades financieras (mejor calidad en los servicios, más baratos y con mayor alcance social). 

Por lo que nos preguntamos, ¿que hace falta para que las Fintech en México crezcan lo suficiente para reflejar en mayor magnitud el propósito por el que nacieron? ¿Por qué, al 2022, nos encontramos tan lejos de alcanzar nuestra meta?

Conforme a la encuesta nacional de inclusión financiera (ENIF), publicada en mayo de 2022, en 2021 el 49.1% de la población de 18 a 70 años (41.1 millones de personas) en México tenía una cuenta en una institución financiera y el 67% tenía un servicio financiero (incluyendo afores y seguros), pero tan sólo el 32% tenía un crédito formal. En dicha encuesta se destaca que el 90% de la población en el rango mencionado, utilizó dinero en efectivo para realizar compras de $500 pesos o menos y 78% para compras de más de $500 pesos.

En respuesta a dicha pregunta, se observan varios posibles factores que pueden estar afectando los avances de las modalidades Fintech y el empleo de los activos virtuales o criptomonedas. 

Primero, la regulación que el Banco de México presentó para la operación con activos virtuales por parte de Instituciones de Crédito e Instituciones de Tecnología Financiera autorizadas por el Comité Interinstitucional, sólo aplica en caso de que éstas decidan utilizarlos para su operación interna, sin considerar algún tipo de autorización que implique la operación con activos virtuales de cara al Cliente, pues se considera que la provisión de servicios relacionados con activos virtuales al público en general por parte de las instituciones financieras no es conveniente y los riesgos asociados a los activos virtuales no deben impactar al usuario final, por lo que, sin lugar a dudas la opinión de BANXICO mantiene un clima de gran incertidumbre para los posibles usuarios de éstos y otros servicios no presenciales, además, hay muchos mexicanos que no confían en las nuevas tecnologías, ya sea por no conocer los mecanismos de ciber-seguridad implícitos o por la difusión de historias de fraudes y hackeos que se han viralizado.

Con todo, aquellos no son los únicos factores del fenómeno, sino que, debemos añadir que entre las entidades financieras que pudieran operar así, se encuentran muchas enfrentando también un clima de incertidumbre por falta de conocimiento y/o por contemplar un panorama de competencia desigual para operar. Por un lado, la carga regulatoria y de supervisión sobre las entidades mexicanas puede ser mayor que en muchos otros países, incluso son pocos los países que han puesto en marcha una regulación efectiva sobre las modalidades Fintech. Por otro lado, hay países con regímenes fiscales muy preferentes sobre el nuestro, desde los que se pueden operar empresas Fintech. Todo esto como consecuencia, aumenta el costo de los servicios en comparativa con empresas Fintech extranjeras. 

Además, se considera que la falta de una acción global coordinada y concertada en el mundo para controlar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD y FT) asociados al uso de activos virtuales, puede resultar en que algunas jurisdicciones se conviertan en refugios seguros para actividades ilícitas. Los delincuentes que desean abusar con fines ilícitos pueden simplemente cambiar de jurisdicciones con marcos regulatorios sólidos a jurisdicciones en la que las regulaciones son débiles y/o no se aplican. Este riesgo se ve agravado por la naturaleza híper-global de los activos virtuales.

En conclusión, nuestras autoridades tienen una gran brecha para desarrollar procesos y mecanismos proactivos que contribuyan al impulso de los servicios financieros no presenciales y a la gestión y combate de los delitos de LD y FT; con todo el reconocimiento que merecen sus avances, desde una humilde opinión, persiste el hábito de reaccionar ante la presencia de los delitos ya materializados y muy poco el de preverlos. Por un lado, las empresas mexicanas con modalidades Fintech necesitan incentivos, tanto regulatorios como fiscales para competir con empresas extranjeras, por otro lado, nuestra sociedad necesita avanzar en el uso y manejo de tecnología de información aplicada en servicios financieros, por lo que ayudaría mucho desarrollar programas de capacitación social, que combinen apoyo y esfuerzo del gobierno y de las propias entidades financieras.

No se debe perder de vista que es muy necesaria la regulación y la supervisión de las autoridades financieras; sin embargo, ello no debe limitar o complicar la operación ni provocar costos regulatorios excesivos. Fomentar una sana competencia financiera, promoverá servicios ágiles y baratos para una población que requiere apoyo urgente.

Edgar Quintanilla Flores / Víctor Luján García.

Centro de Consultoría Normativa S.C.