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28/08/2022

La generalización de los Programas de Transparencia y Ética Pública

Compliance Público

Desde el Capítulo Colombia conversamos con Raquel Céspedes, experta en ética y cumplimiento normativo, líder de CONEXIG LLC -COLOMBIA-, quien a propósito de los nuevos retos que experimentan las entidades del sector público en Colombia con la entrada de la Ley 2195 de 2022, nos ofrece su mirada sobre el tema. En concreto, las cuestiones abordadas fueron las siguientes:

¿Cómo abordar el Cómplice en la actividad pública?

Considero que algunos elementos del Compliance, que tiene su innegable origen en el ámbito empresarial, pueden incorporarse para promover la prevención de la corrupción.

Trascendiendo el mandato de cumplir la ley, la alta dirección de las entidades públicas debe plantearse aspectos que permitan fortalecer la reputación y la permanencia de la entidad, entre ellos, fomentando una cultura en la que lo público sea valorado.

Dentro del contexto colombiano, ¿qué opinión le merece la reciente obligación de las entidades públicas de contar con Programas de Transparencia y Ética Pública?

El punto de partida de la nueva Ley 2195, concretamente en su modificación del art. 73 del Estatuto Anticorrupción, me parece adecuado pues no pretende inventar lo que ya está inventado. 

Por cumplimiento de los lineamientos y principios de la OCDE, las entidades públicas en Colombia cuentan desde hace tiempo con estrategias anticorrupción y que consultando la realidad debemos aceptar que no han sido del todo efectivas; insisto en que fortalecer el factor cultural tiene una gran oportunidad.

En este sentido, ¿cómo cree que aporta el nuevo marco para fortalecer el factor cultural dentro Public Compliance?

Con ocasión de la exigencia de que las entidades publicas de cualquier nivel cuenten con un Programa de public Compliance, se establece este fin: promover la cultura de la legalidad. 

Para mí, este concepto debe ir mucho más allá de cumplir la ley, establecido para los funcionarios públicos desde la Constitución Nacional.  Pienso que apelar a los principios generales del derecho, a la ética y a la integridad pública es determinante.

¿Cuál es su propuesta para fortalecer la cultura de legalidad?

Una línea de acción es exaltar el valor de lo público.  Esto no existe.  Es muy desafiante cuando ni siquiera existe un “doliente” directo.  La explicitación de las conductas permitidas y prohibidas alrededor de proteger lo público en un código de ética o de conducta siente las bases de la cultura de la legalidad, que deba ser liderado por un responsable en prevención. Los denominados oficiales de transparencia que en la actualidad se promueven en el entorno de las entidades públicas es un buen comienzo.

¿Qué otros aspectos considera que deben afinarse en los Programas de Trasparencia y Ética Pública?

Estos Programas corresponden al final a sistemas de prevención en los que se debe tener un claro enfoque a riesgos. Esto implica una adecuada lectura de contexto por parte de las entidades y del entendimiento de la forma como se materializan los riesgos de corrupción en su actividad misional. 

El rol del responsable de prevención tendrá el gran de desafío de identificar desde las áreas o procesos de la entidad cuáles son esas actividades, relaciones con terceros que generan un mayor nivel de exposición a riesgos de corrupción, entre otros.

En el mismo sentido, las entidades deben contar con mecanismos que les permitan identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad.  La revisión de matrices anticorrupción que están establecidas es fundamental. 

En fin, se trata de ir acoplando a la cultura interna de las entidades públicas las buenas prácticas, metodologías y creencias instituidas por muchas empresas legal, ética y socialmente resposables.

 


 
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