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07/02/2024

FACULTADES DE SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. PARTICULARIDADES EN SU DESARROLLO

Por David García Antonio

Miembro del Comité de PLD de WCA Capítulo México

 

Como es ampliamente conocido, la realización de al menos alguna de las Actividades catalogadas como Vulnerables por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conlleva el cumplimiento de diversas obligaciones formales y materiales a cargo de los Sujetos Obligados, es por ello que a través de la propia normatividad antilavado de dinero, se dispone una pluralidad de facultades de supervisión específicas en favor de diferentes autoridades, las cuales podrán ejercer en cualquier momento con la finalidad de verificar el cumplimiento del cúmulo de las referidas imposiciones.

Debemos recordar que las particularidades de la visita de verificación ya han sido abordadas en este espacio a través de publicaciones diversas, cuya autoría corresponde a miembros del Comité de PLD/FT del Capítulo México de WCA, por lo que, en esta ocasión trataremos de manera general las restantes facultades de supervisión en la materia.

Las facultades que se abordarán en este artículo, además de la ya anticipada visita de verificación, son las siguientes:

ü  Requerimiento de información y documentación para corroborar y acreditar el alta y registro, prevista en el artículo 9 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI (en adelante RCG).

ü  Comparecencia de presuntos infractores o terceros, prevista en los artículos 6 fracción, V de la Ley y 4, fracción III del Reglamento de la LFPIORPI (en adelante Reglamento).

ü  Requerimiento de información, documentación, datos o imágenes relacionadas con Actividades Vulnerables, prevista en los artículos 6 fracción, II de la LFPIORPI, 3 fracción, II, 8 y 9 del Reglamento y 33 de las RCG.

 

Requerimiento de información y documentación para corroborar y acreditar el alta y registro.

 

Esta facultad encuentra su fundamento en el artículo 9 de las RCG y otorga la posibilidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de requerir a quienes realicen Actividades Vulnerables, a través de medios electrónicos, información y documentación que permita corroborar y acreditar la información de su alta y registro. El requerimiento deberá limitarse a la información y documentación a que hacen referencia los Anexos 1 y 2 de las RCG, es decir, aquella que contenga los datos de identificación requeridos al momento de realizar el Registro y Alta de quienes realicen Actividades Vulnerables, en el Sistema del Portal en Internet de Lavado de Dinero (SPPLD), por lo que a simple vista no se percibe complicación alguna para atenderlo, ya que sólo se trata, como se aprecia, de datos de identificación del sujeto obligado, así como de la Actividad Vulnerable.

 

Cabe subrayar que la verificación de tales requisitos representaba una carga considerable para el Sujeto Obligado previo a la reforma a las RCG en 2014 (DOF 24/07/2014), toda vez que en ese entonces, el Sujeto Obligado, durante la gestión de su Alta y Registro, debía manifestar diversos datos adicionales, por ejemplo,  los relativos a la identificación de socios de personas morales, a la identificación de los beneficiarios controladores; información que tiene sustento en documentos de índole corporativo como Actas de Asamblea protocolizadas, Acta Constitutiva, entre otros.

 

En este sentido, podríamos concluir que hoy en día esta facultad ha caído en desuso, ya que como fue anticipado, en julio de 2014, las referidas Reglas, particularmente sus Anexos 1 y 2, sufrieron una reforma por virtud de la cual se derogaron múltiples incisos, mismos que constituían una exigencia a cargo del Sujeto Obligado, consistente en asentar datos e información específica sobre su estructura (persona moral) o bien, sobre establecimientos o sucursales (personas físicas y morales). Sin embargo, debe tenerse bien claro que esta atribución no ha sido derogada, por lo que, en cualquier momento, el SAT podrá ejercerla a cualquier Sujeto Obligado.

Al respecto, es importante destacar que en un número importante de visitas de verificación practicadas este año, el SAT solicitó la documentación relacionada con la Actividad Vulnerable y adicionalmente requirió la exhibición de aquella relativa al Alta y Registro, es decir, la autoridad ha determinado ejercer esta facultad sin cumplir con las formalidades de la misma, ya que no se solicita de manera electrónica ni con fundamento en el andamiaje legal en el que se apoya esta vertiente de verificación de obligaciones; a pesar de ello, no se debe dejar de atender cada requerimiento que efectúe la autoridad, toda vez que podría desembocar en la imposición de sanciones económicas al asumir un supuesto incumplimiento a las obligaciones antilavado de dinero.

 

Comparecencia de presuntos infractores o terceros

Tratándose de esta facultad, tanto la LFPIORPI, el Reglamento y las RCG, carecen del establecimiento de parámetros que deberán acatar tanto la autoridad como el Sujeto Obligado para su ejecución y desahogo, respectivamente; no obstante, tal como lo establece el artículo 4, fracción III de la Ley, en lo no previsto por ésta, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).

Bajo esta tesitura, conforme a lo establecido en el artículo 16, fracción I de la LFPA, la autoridad verificadora solicitará la comparecencia de presuntos infractores o terceros a través de citatorio en el cual se expresen el lugar, fecha, hora y objeto de la misma, así como los efectos que surtirán en caso de no atenderla.

En este sentido, esta facultad sólo podrá ejercerla el SAT y consiste en requerir la comparecencia de cualquier persona (sin que necesariamente tenga carácter de Sujeto Obligado o Cliente/Usuario), con la finalidad de que contribuyan a la verificación del cumplimiento de las obligaciones del Sujeto Obligado; asimismo, podrá solicitar que comparezcan presuntos infractores con la misma finalidad.

Un ejemplo de la utilidad que reporta dicha facultad para la citada autoridad, se actualiza cuando, con la finalidad de advertir la posible alteración de documentación, el SAT llama a la persona física que figuró como cliente en una operación realizada por el Sujeto Obligado a fin de que, reconozca, entre otros puntos, la firma que se plasmó en la constancia de cuestionamiento de la existencia de Beneficiario Controlador de la operación, por lo que resulta importante la implementación de buenas prácticas en el cumplimiento de las obligaciones en la materia.

 

Requerimiento de información, documentación, datos o imágenes relacionadas con Actividades Vulnerables.

Si quisiéramos encontrar comparativo con la materia fiscal, así como se asimila la visita de verificación con la visita domiciliaria, podríamos emparejar al referido Requerimiento de Información con la revisión de gabinete, con la puntualización de que el requerimiento deberá limitarse a la documentación soporte de la Actividad Vulnerable y, en atención a la supletoriedad de la Ley antes mencionada, su ejecución será bajo los lineamientos establecidos en la LFPA.

El SAT y la UIF son las autoridades facultadas para efectuar este requerimiento, el cual se llevará a cabo conforme a las reglas establecidas en los artículos 8 y 9 de las RCG, pudiendo ser sujetos del Requerimiento los Sujetos Obligados, Entidades Colegiadas y Organismos Concentradores a los que se refiere el artículo 27 de la LFPIORPI y dichos sujetos deberán atender lo así solicitado por la autoridad dentro del plazo de 10 días.

Al tratarse de requerimientos de información, es clave resaltar que esta modalidad de supervisión pueden ejercerla la UIF y el SAT, sin embargo, debe tenerse en consideración que el Requerimiento sólo puede ceñirse a la documentación, información, datos e imágenes en términos de la obligación constreñida en la fracción IV del artículo 18 de la Ley antilavado de dinero, es decir, la relativa a la documentación soporte de la Actividad Vulnerable que realice el Sujeto Obligado, así como la que identifique a sus clientes, además de la documentación soporte de los avisos,  más no la relacionada con otras obligaciones, como la consistente en el Manual de Cumplimiento de Obligaciones, revisión de listas, existencia de relación de negocios, por señalar algunas.

En vista de lo anterior, cabe enfatizar la importancia de resguardar, conservar y evitar la destrucción de la documentación que sustenta la realización de operaciones identificadas como Actividad Vulnerable, así como la que permite identificar a cada Cliente o Usuario, por un plazo de 5 años a partir de la realización de la operación.

 

Visita domiciliaria.

Como se mencionó al inicio, esta facultad ha sido abordada en artículos publicados previamente. Sólo cabe apuntarse que podrá ser ejercida por el SAT y su desarrollo se alineará a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en atención a la supletoriedad normada por el artículo 4 de la Ley antilavado, y solo podrá tener por objeto la verificación de aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables realizados dentro de los 5 años anteriores al inicio de la visita en comento.

Hoy en día, las visitas domiciliarias han sido practicadas en su mayoría a Sujetos Obligados que en el año 2019 se alinearon a algún Programa de Auto Regularización en términos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019, esto es así ya que, de acuerdo con el artículo 36 de la LFPIORPI, el presente ejercicio es el último periodo que tiene la autoridad para verificar el cumplimiento de cada Programa adoptado por los Sujetos Obligados, es decir, de verificar el cumplimento de los lineamientos establecidos en dicho programa.

Recordemos que los Programas de Auto Regularización a los que se hace alusión, en su momento fueron aquellos que pusieron en práctica las personas que realicen Actividades Vulnerables para lograr la regularización en el cumplimiento de obligaciones que hayan nacido durante el periodo comprendido del año 2013 a 2018.

En conclusión, las facultades de verificación permiten a la autoridad detectar el probable incumplimiento a las obligaciones antilavado, su ejecución debe atender las exigencias legales y no debe perderse de vista que, en caso de que la autoridad detecte alguna conducta infractora, podrá desembocar en la imposición de sanciones económicas o restrictivas en torno a la actividad del sujeto.

Por último, si bien es cierto que cada facultad de supervisión está orientada a constatar el cumplimiento de ciertas obligaciones, debe recalcarse la importancia de dar debido cumplimiento a cada una de las cargas previo a ser sujeto a la ejecución de verificación y así evitar contingencias administrativas y económicas para el Sujeto Obligado.

 


 
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