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El juez del caso Villarejo acuerda citar como investigado al presidente de Iberdrola por el presunto espionaje de Villarejo

A Ignacio Sánchez Galán y a otras tres personas por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel Garcia-Castellón, ha acordado la declaración judicial en condición de investigado del presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán, en la causa que investiga si la eléctrica contrató los servicios del excomisario José Manuel Villarejo para espiar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

Además de Sánchez Galán, el instructor del caso Tándem, acuerda citar como investigados al número dos de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, al expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y al exjefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo, por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

El titular del juzgado central de Instrucción número 6 ha estimado así la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado explica que en el auto, contra el que cabe interponer recurso de reforma y/o subsidiario de apelación, que en este momento de la investigación y con las diligencias que ya se han practicado resulta pertinente, visto los indicios expuestos, escuchar al presidente de Iberdrola y a los otros tres exdirectivos al entender que existen indiciariamente elementos de juicio suficiente como para poder conectarles con los hechos que se investigan en esta pieza.

A lo largo de 23 páginas el juez detalla los diferentes trabajos que presuntamente Iberdrola encargó desde 2004 hasta 2017 al Grupo Cenyt dirigido por el excomisario Jose Manuel Villarejo, cuando éste se encontraba prestando servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.

Esos encargos se hicieron a través del entonces Jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, y tenían para la compañía Iberdrola la naturaleza de confidenciales.

En el caso del llamado Proyecto Arrow, cuyos trabajos se englobaron entre los años 2004 y 2006, tenía por objeto superar los obstáculos que estaban surgiendo en la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

En este caso, como en el de otros proyectos encargados a Cenyt, el magistrado aprecia una voluntad por parte de la compañía de ocultar estos trabajos al emitirse las facturas correspondientes a los servicios prestados por Cenyt por otra compañía diferente, Castellana de Seguridad, S.A (CASESA)

Otro de los proyectos encargados a Villarejo que incluye el auto es el denominado Black Board, desarrollado entre 2004 y 2005, y que tenía por objeto conocer la naturaleza sensible sobre actividades de Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, tanto presentes como pasadas que pudieran incidir en sus actuaciones futuras.

En el auto se recogen otros presuntos encargos de Iberdrola a Villarejo, como el proyecto Posy que se centró en investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.

El magistrado detalla cómo el exjefe de Seguridad de la compañía reconoció en su declaración judicial haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solo el contenido concreto de los trabajos realizados, sino también la intervención del entonces comisario en activo Jose Manuel Villarejo.

Señala que las facturas de estos encargos se tramitaban como facturas sin pedido, contraviniendo el protocolo interno del Grupo Iberdrola.

El juez explica que pese a no ser localizada ni por la unidad de cumplimiento del Grupo Iberdrola ni por Pricewaterhouse, de nuevo la ejecución de estos trabajos generó gran cantidad de documentos e informes que fueron intervenidos en el domicilio del investigado Rafael Redondo, vinculado al Grupo Cenyt junto al investigado Villarejo.

En la contabilidad del grupo Iberdrola figuran recibidas y abonadas 15 facturas sin pedido emitidas por Cenyt entre 2004 y 2012 por importe de 1.047.324 euros.

Se trataría, según el juez, de facturas emitidas por servicios prestados por Villarejo “ocultados mediante la manipulación de conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidas exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de la compañía, y, cuando menos en alguno de los proyectos, también por Fernando Becker Zuazúa, Francisco Martínez Córcoles  y Rafael Orbegozo Guzmán, a parte de Antonio Asenjo Martin”.

En el auto incluye la mención a una de las conversaciones mantenidas entre Villarejo y Redondo por parte de Cenyt y Asenjo por parte de Iberdrola en la que Asenjo pregunta cómo podrían establecer una relación comercial estable. Un dato que vendría a avalar, según el magistrado instructor,  que estos encargos y relaciones comerciales entre las partes  no fueron esporádicos o puntuales, “sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentándose incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad”.

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