Potenciando la sanción social frente a los hechos de corrupción

Desde hace meses, hemos sido testigos de cómo nuestro país se ha inundado de noticias y casos que atentan contra la ética, la moral y la integridad, tanto en las empresas como en personas con influencia, así como en las instituciones públicas.

Se ha destacado la importancia de que se implementen políticas éticas en estas instituciones, junto con las buenas prácticas de los empleados, empleadores y funcionarios públicos en la protección de estos valores fundamentales. Sin embargo, lamentablemente, en muchas ocasiones estas políticas y prácticas se pasan por alto debido a la ambición de aquellos involucrados, lo que socava la confianza de la ciudadanía tanto en el sector público como en el privado.

En la mayoría de los casos, la principal motivación detrás de estas acciones es la búsqueda de beneficios personales o enriquecimiento propio, a menudo obtenidos a través de la comisión de algún tipo de delito, lo que resulta en la transgresión de las normas establecidas. Este comportamiento refleja una intención de lograr estos objetivos sin ser descubiertos o pasar desapercibidos, lo que agrava aún más el daño a la confianza y la integridad en nuestra sociedad.

En cuanto a aspectos legales, sabemos cuáles son los posibles escenarios. Las distintas leyes promulgadas se encargan de tipificar los delitos, establecer procedimientos, castigos y penas. Sin embargo, ¿cuál es la reacción de la sociedad chilena ante estos comportamientos y conductas? ¿Realmente los repudiamos?

A finales del año 2023, la filtración de un audio puso en el ojo del huracán a un reconocido abogado, a un famoso empresario y a dos instituciones públicas de gran relevancia. En concreto, en noviembre del año pasado, un medio de comunicación publicó en sus redes la grabación de un audio que involucraba a dos abogados y a un empresario, en una reunión donde se discutía el posible pago de dinero a funcionarios públicos de dos instituciones fundamentales para la regularización y fiscalización del mercado en nuestro país. El propósito, constituir un plan para obtener información privilegiada que ayudaría a reducir el perfil de investigaciones reservadas en contra de las sociedades del empresario por realizar operaciones irregulares que habrían llamado la atención.

¿Cuál fue la reacción de la ciudadanía? En primer lugar, es crucial destacar que, según la encuesta CEP realizada en noviembre del año pasado, la corrupción figura entre las principales preocupaciones de los chilenos, ocupando el quinto lugar. Esto ha generado malestar en la sociedad y subraya la urgencia de encontrar una solución rápida y efectiva. La credibilidad de los organismos públicos es la clave para el funcionamiento del Estado, y actualmente se encuentra en entredicho.

No obstante, al parecer Chile ha estado sumido en esta cultura durante mucho tiempo, lo que ha facilitado la realización de este tipo de conductas de manera sistemática y prolongada. Esto afecta no solo al mercado y sus políticas, sino principalmente a la confianza y seguridad depositadas en las empresas, que son elementos cruciales de la economía, y en las instituciones públicas, cuya función es fiscalizar, regular y sancionar actos prohibidos con el fin de proteger el mercado y a todos sus actores.

Sin perjuicio de lo anterior, considero que como sociedad tenemos un rol y un desafío que no hemos estado cumpliendo. En el contexto social actual de Chile, percibo una división entre dos esferas. Por un lado, la ciudadanía tiene la responsabilidad de repudiar estas conductas y no ignorarlas. Aunque la promulgación de leyes tiene un propósito práctico, no garantiza que estos hechos no ocurran, ya que parece que el efecto disuasivo de las leyes no tiene un impacto real. Por otro lado, aquellos con poder e influencia, harán lo necesario para obtener lo que desean sin ser descubiertos, beneficiándose de alguna manera y disculpándose o negando sus actos si son descubiertos. Esto genera la errónea percepción de que aquellos con poder pueden hacer lo que quieran sin sufrir las consecuencias correspondientes.

Por lo tanto, considero fundamental que estos dos extremos confluyan y se superpongan. Nuestro sistema legislativo debe castigar estas conductas y eliminar la evasión de responsabilidad de manera efectiva. Esto permitirá una mejor visualización de lo que está ocurriendo en Chile, pero debe ir de la mano con una sociedad consciente de la ilegalidad de estas acciones, y de las secuelas y repercusiones que dejan en nuestro país.

Dado lo anterior, considero que, si esta es la realidad chilena y una preocupación de la ciudadanía, la sanción social debería potenciarse significativamente. Este tipo de conductas son implícitamente sancionadas socialmente, pero después de algunos meses o semanas, volvemos a la normalidad como si nada hubiera pasado. La ética, la moral y la integridad son fundamentales para un mejor desempeño en cualquier ámbito, y es deber de todos reconocer su importancia en la sociedad. La manifestación del descontento y la opinión pública ante estas prácticas son esenciales para establecer un límite ético-social al contexto que hemos experimentado últimamente.

¿Por qué es tan importante la sanción social? Es una forma en que la ciudadanía expresa su descontento y repudio hacia conductas antiéticas e inmorales que constituyen delito, y de esta manera se busca evitar la propagación de estos comportamientos. La opinión pública tiene un peso indudable, ya que refleja la preocupación de la ciudadanía y la necesidad de abordar estos problemas. Sin embargo, considero que lo más crucial es seguir fomentando la conciencia en las futuras generaciones sobre la importancia de las buenas prácticas, la ética, la integridad y la honestidad en cualquier ámbito laboral.

Creo que uno de los principales objetivos que debemos perseguir como sociedad es educar a las futuras generaciones sobre la importancia de estas materias. Desde mi punto de vista, una forma efectiva de lograr esto es no solo proporcionando educación sobre estas materias en las universidades, donde los estudiantes podemos desarrollar nuestro propio entendimiento de nuestras respectivas carreras, sino también fortaleciendo este enfoque en la educación media.

Es en estas instituciones educativas donde los jóvenes moldean sus conocimientos y consolidan sus valores. Una implementación eficaz de programas educativos sobre temas ético-sociales fundamentales como estos, promueve la formación de individuos más capacitados para desarrollar habilidades y competencias necesarias en cualquier profesión, ya sea en el sector público o privado. Además, permitiría una mejor comprensión de los beneficios y las ventajas que esto conlleva para la sociedad en su conjunto.

A modo de conclusión, considero que, queramos admitirlo o no, hemos normalizado este tipo de comportamientos; se ha convertido en parte de nuestra realidad vivir en una sociedad donde no nos sorprende presenciar tales conductas. A pesar de los desafíos que hemos enfrentado en este sentido, como lo demuestra la promulgación y publicación de leyes que abordan los delitos económicos, la verdad es que el impacto negativo que estos generan en la sociedad parece ser fácil de olvidar. Simplemente seguimos adelante y esperamos otro caso similar que sorprenda a todos los chilenos nuevamente, pero sin que aquellos que los han cometido enfrenten consecuencias sociales. Esto, sin duda, abre el camino para que estos comportamientos continúen sin ninguna repercusión social, lo que resulta en una normalización y educación moral que transmitimos a las futuras generaciones.

María Jesús Lobos 
Alumna Universidad de los Andes 
Pasante Capítulo Chileno