

Uno de los elementos más significativos en el reconocimiento del derecho de acceso a la información ha sido el empoderamiento de los ciudadanos para exigir transparencia en el accionar de la administración pública, controlar la corrupción y tener acceso a los archivos personales en poder del gobierno.
El acceso a la información es una importante herramienta en la lucha contra la corrupción, puesto que permite un mayor y mejor control público en los actos del gobierno y promueve la rendición de cuentas, haciendo posible revelar injusticias, arbitrariedades, deslices y debilidades en el sector público.
La intervención y cooperación de los ciudadanos en la formulación y concreción de políticas públicas agrega valor a la prevención y combate contra la corrupción, pues una sociedad afianzada como un agente más en la lucha contra la corrupción es un gran aporte que demanda el compromiso del Estado para facilitar esta colaboración.
De esta manera, nos encaminamos a lograr una mejor rendición de cuentas, contando con el punto de vista ciudadano para la consecución de los objetivos y la ejecución de políticas.
El Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto en el que la República Dominicana ha acordado cumplir con siete compromisos, consensuados entre gobierno y sociedad civil, es un gran avance, pero se puede hacer más, a través de los gobiernos locales que son considerados una pieza fundamental para acercar a la ciudadanía a la gestión pública, deben permitir su integración en la misma.
El acceso a la información tiene implicaciones esenciales en la administración pública que van más allá de ser un elemento importante para la lucha contra la corrupción. En tal sentido, también mejora la participación ciudadana, mejora la legitimidad de las instituciones y de los actores públicos, mejora los flujos financieros y económicos, entre otros aspectos no menos importantes.
El organismo encargado de garantizar el derecho a la información de los dominicanos, vigilando el adecuado cumplimiento en las obligaciones estipuladas en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la que en mi rol de Responsable de Acceso a la Información puedo dar testimonio de los innumerables esfuerzos que realiza para que los sujetos obligados actualicen permanentemente sus páginas web, con el propósito de que la información sea amigable, es decir, que pueda ser leída y entendida por todas las personas, incluyendo personas con poca formación académica, niños, jóvenes y personas mayores.
La DIGEIG, en su misión de asesorar directamente al Poder Ejecutivo en el diseño de una política integral de transparencia y lucha contra la corrupción, y coordinar su implementación, debe liderar y promover la participación de los ciudadanos en los procesos de rendición de cuentas.
Uno de los retos que tiene por delante, es lograr que tanto el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) como el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), cumplan con el mandato de los artículos 43 y 44 del reglamento de aplicación de la Ley 200-04 sobre la promoción de la cultura de transparencia en los centros educativos.
El artículo 43 cita que la Secretaría de Estado de Educación, hoy Ministerio de Educación, promueva la inclusión en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, de contenidos relacionados con la transparencia en la administración pública y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en una sociedad democrática.
Asimismo, el artículo 44 indica que todos los institutos educativos de nivel terciario, públicos y privados, deben incluir en sus actividades curriculares y extracurriculares, contenidos que promuevan la concientización, difusión, investigación y el debate acerca de temas relacionados con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
La DIGEIG, el MINERD y el MESCyT deben trabajar de manera conjunta en educar a los dominicanos en el derecho a la información, sobre las formas de acceder a la misma, y sobre el uso de la información como una herramienta contra la corrupción.
La comunidad académica debe tener conocimiento de todas las informaciones que se publican en los portales web de las entidades públicas. Indistintamente pueden aportar herramientas pedagógicas y tecnológicas que permitan al sector público entregar la información más accesible y entendible, sin perder la veracidad de la misma, que estimule y facilite el ejercicio del derecho a la información de los dominicanos. A su vez, los Responsables de Acceso a la Información debemos garantizar la efectividad de ese derecho.
Por: Henry Nuñez

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