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18/11/2026

Felipe García, vicepresidente internacional de la WCA, analiza en El Confidencial la eficacia real del compliance ante las macrocausas de contratación pública.

La verdadera eficacia de un sistema de cumplimiento normativo no se mide por la existencia de controles meramente formales sobre el papel, sino por su capacidad real para detectar una señal de alerta a tiempo, investigarla con independencia y detener una

La verdadera eficacia de un sistema de cumplimiento normativo no se mide por la existencia de controles meramente formales sobre el papel, sino por su capacidad real para detectar una señal de alerta a tiempo, investigarla con independencia y detener una operación de riesgo antes de que derive en un procedimiento judicial.

En su última tribuna publicada en El Confidencial, titulada «Cuando las señales estaban ahí», Felipe García, vicepresidente internacional de la World Compliance Association (WCA) y socio director de Círculo Legal, examina las lecciones empresariales y de gobernanza que dejan las grandes causas de corrupción institucional.

A lo largo del análisis, profundiza en aspectos esenciales para los profesionales del cumplimiento y las organizaciones que operan con el sector público:

  • De los controles formales a la detección real: Por qué el compliance cosmético fracasa y cómo el desgaste reputacional y la parálisis operativa afectan a las empresas durante años cuando una causa se fragmenta entre distintas instancias judiciales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional).
  • Diligencia debida en contratación de emergencia: Por qué la urgencia administrativa no exime de verificar la solvencia real del proveedor, su titularidad real (PEP Check), sus licencias y la proporcionalidad de los márgenes.
  • Canales éticos e investigaciones internas: El papel decisivo de los canales de denuncia configurados conforme a la Ley 2/2023 y la Directiva (UE) 2019/1937 para aflorar irregularidades antes de que intervenga la autoridad judicial, permitiendo activar investigaciones independientes y situar a la empresa en posición de eximente o atenuante penal.
  • Plan de acción para departamentos de Compliance: Auditoría urgente de intermediarios y comisionistas (exigiendo acreditación documental de entregables), refuerzo de cláusulas anti-bribery en UTEs y subcontrataciones, y el blindaje efectivo de la autonomía técnica y presupuestaria del Compliance Officer.

Lee el artículo completo: El Confidencial

 


 
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