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Por Iván Martínez, CEO de Intedya
La OCDE ha publicado su informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, un análisis exhaustivo sobre el estado de los sistemas de integridad en 37 países miembros y 25 países socios. El documento, que se adjunta para descarga junto a esta noticia, introduce un cambio de enfoque relevante: la integridad deja de ser un requisito formal para convertirse en un activo estratégico clave para la confianza institucional, el crecimiento económico y la competitividad empresarial.
Una conclusión clara: el problema ya no es la norma, es la ejecución
El diagnóstico central del informe es directo: la arquitectura normativa en materia de integridad ha avanzado de forma significativa en los últimos años, pero su aplicación efectiva sigue siendo insuficiente.
La OCDE identifica una brecha media de implementación de 19 puntos porcentuales en países miembros y 26 puntos en países socios, lo que evidencia que el principal desafío ya no es diseñar marcos regulatorios, sino hacerlos funcionar en la práctica. Esta distancia se agrava en ámbitos críticos como:
El resultado es un patrón recurrente: sistemas formalmente sólidos, pero operativamente débiles.
Del compliance formal a la integridad basada en riesgos
Uno de los mensajes más relevantes del informe es el abandono progresivo del enfoque tradicional centrado en el cumplimiento formal. La OCDE constata que los países con mejores resultados están evolucionando hacia modelos:
Este cambio implica una transformación profunda: la integridad deja de medirse por la existencia de normas o procedimientos y pasa a evaluarse por su impacto real en la reducción de la corrupción.
Tecnología, datos e inteligencia: el nuevo núcleo del control
El informe sitúa la digitalización como un elemento clave para cerrar la brecha de implementación. Entre los usos prioritarios destacan:
Sin embargo, la OCDE introduce una advertencia relevante: la tecnología solo genera valor si está acompañada de una adecuada gobernanza del dato, capacidades técnicas y controles institucionales robustos.
Digitalizar sin control, advierte el informe, puede trasladar los riesgos al ámbito algorítmico en lugar de mitigarlos.
La confianza pública: el indicador crítico que no mejora
El informe pone especial énfasis en el deterioro de la confianza institucional. Los datos son contundentes:
Para la OCDE, esta pérdida de confianza no es un efecto colateral, sino un riesgo sistémico que afecta directamente a la capacidad de los Estados para gobernar y ejecutar políticas públicas.
Fraude, contratación y crimen organizado: los nuevos frentes de la integridad
El análisis se amplía hacia amenazas más complejas que el modelo clásico de corrupción. El informe destaca tres ámbitos críticos:
La conclusión es clara: la integridad ya no puede abordarse únicamente desde el control administrativo tradicional.
La empresa entra en el centro del debate
El informe introduce también una dimensión empresarial especialmente relevante. Según la OCDE, un sistema de cumplimiento eficaz puede explicar entre el 15 % y el 18 % de la variación en los resultados empresariales.
Esto supone un cambio de paradigma: el compliance deja de ser un coste o una obligación y pasa a ser un factor de competitividad.
Más allá del sector público: un enfoque aún incompleto
Aunque la mayoría de las estrategias anticorrupción ya incluyen al sector privado, el informe advierte que la cobertura sigue siendo limitada en áreas críticas como empresas estatales, asociaciones público-privadas y entornos híbridos de gestión público-privada. Esto revela una debilidad estructural en los puntos donde el riesgo de corrupción es más elevado.
El informe 2026 de la OCDE no plantea una revolución normativa, sino una transformación operativa. El mensaje de fondo es inequívoco, no se necesitan más reglas, sino mejores resultados, no basta con regular, hay que ejecutar, no es suficiente cumplir, hay que prevenir. En un contexto de presión fiscal, digitalización acelerada y desconfianza institucional, la integridad se redefine como un elemento estructural del Estado y una palanca estratégica para las organizaciones. Ya no es solo una cuestión ética o legal. Es una cuestión de eficacia, sostenibilidad y competitividad.
14 de Abril
13 de Abril
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