El Consejo de Ministros aprueba hoy la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera, que unificará las competencias de supervisión, inspección y sanción contra el blanqueo de capitales en España.
El Consejo de Ministros de hoy, el último del curso político, servirá al Gobierno, además de para aprobar un paquete de medidas en respuesta a los incendios, para dar luz verde al anteproyecto de ley antiblanqueo que, entre otros puntos, recoge la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), organismo que unificará las competencias de supervisión, inspección y sanción contra el blanqueo de capitales en España.
La reforma, según la información a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, actualiza el anterior marco vigente, que data de 2010, y busca adaptar la normativa al nuevo paquete europeo antiblanqueo, aprobado en 2024. Por ello, el texto incorpora nuevos sujetos obligados a someterse al control de la nueva autoridad, como proveedores de servicios de criptoactivos, plataformas de financiación participativa o los clubes y agentes de fútbol profesional.
La Anifi integrará las funciones de unidad de inteligencia financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además competencias hasta ahora no atribuidas a ninguna autoridad, como la supervisión de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, la nueva autoridad se convertirá también en el interlocutor único de España ante la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), en línea con las prácticas internacionales habituales.
La Autoridad Nacional de Integridad Financiera estará integrada dentro de la estructura del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), para cuya presidencia fue propuesta hace unos días Carla Díaz Álvarez de Toledo, actual directora general del Tesoro y Política Financiera. Según señalan a este diario fuentes gubernamentales, la decisión de constituir la Anifi dentro de la institución responde a una intención de aprovechar un esqueleto organizativo ya existente.
La nueva autoridad contará con una plantilla inicial de unos 250 efectivos, que procederán del propio Frob, así como del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y del Tesoro.
Respecto a su financiación, las mismas fuentes aseguran que la Anifi contará con un presupuesto cercano a los 50 millones de euros anuales, que se obtendrán de una nueva tasa impuesta a los sujetos obligados sometidos a licencias administrativa -sobre todo, entidades financieras y operadores de juego-, por lo que no contará con una partida del erario público.
En su conjunto, el anteproyecto aprobado hoy supone una reforma más profunda que la incluida en el anterior proyecto de real decreto de prevención del blanqueo de capitales, y se articula en paralelo al proyecto de Ley de Integridad Pública, acercando la legislación española a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo intergubernamental que fija los criterios globales para combatir el lavado de dinero.
Además de la unificación del control, la inspección y la capacidad de imponer sanciones en una sola autoridad, el anteproyecto de ley antiblanqueo que, salvo sorpresa, se aprobará en Consejo de Ministros incorpora por primera vez a los criptoactivos dentro de las áreas donde el Estado podrá investigar en intervenir el blanqueo de capitales. Algo que, según señalan fuentes gubernamentales, responde a la necesidad de responder «ante un entorno financiero cada vez más complejo, marcado por la innovación tecnológica y por redes delictivas cada vez más sofisticadas».
Así, se incorporan como sujetos obligados por la norma a los proveedores de servicios de estos criptoactivos, además de las plataformas de financiación participativa y los clubes y agentes de fútbol profesional.
En paralelo, el texto busca reforzar la transparencia sobre la titularidad real, con nuevas potestades de inspección y sanción del Registro Central; y endurece los requisitos de idoneidad, impidiendo que personas condenadas por blanqueo puedan ejercer como sujetos obligados o dirigirlos. Por último, el anteproyecto refuerza el control de los movimientos de efectivo, en línea con las últimas medidas acometidas contra el fraude fiscal.
Fuente: El Gobierno crea una autoridad para unificar el control del blanqueo de capitales -
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