España actualiza su mapa del blanqueo: el dinero ilícito se mueve más rápido, más lejos y por más canales

Por Iván Martínez, CEO de Intedya

España ha publicado su nuevo Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, un documento que ofrece una fotografía mucho más amplia que la de anteriores ejercicios. No se limita a actualizar amenazas concretas, sino que revisa de forma integral los riesgos que afectan a los sectores sometidos a la Ley 10/2010, incorporando la transformación tecnológica del sistema financiero, la evolución de las organizaciones criminales y el creciente carácter transnacional de las operaciones ilícitas.

La conclusión más relevante no es que hayan desaparecido las formas tradicionales de blanqueo, sino que ahora conviven con una infraestructura tecnológica que permite mover el dinero con mayor velocidad, fragmentarlo entre distintos operadores y dificultar su trazabilidad. El efectivo, la inversión inmobiliaria, las sociedades instrumentales y los testaferros continúan desempeñando un papel central, pero se integran cada vez con más frecuencia en esquemas que utilizan criptoactivos, plataformas de pago, cuentas virtuales, mensajería cifrada o servicios financieros prestados desde varias jurisdicciones.

En otras palabras, el blanqueo no se ha trasladado por completo al mundo digital. Se ha vuelto híbrido.

Del crimen organizado tradicional al “blanqueo como servicio”

El crimen organizado y el tráfico de drogas continúan siendo las principales amenazas de blanqueo en España. Sin embargo, el informe describe organizaciones más especializadas, capaces de contratar o integrar profesionales que prestan servicios concretos para ocultar, convertir o trasladar fondos ilícitos.

Este modelo, conocido como Crime as a Service, permite separar la actividad que genera el dinero del proceso posterior de blanqueo. Una organización puede dedicarse al narcotráfico, mientras otra estructura independiente proporciona sociedades pantalla, cuentas bancarias, criptomulas, transferencias internacionales o mecanismos informales de compensación. Esta división del trabajo reduce la exposición de los principales responsables y multiplica las capas que deben reconstruir los investigadores. Los datos muestran además que la amenaza no se mide únicamente por el número de detenciones. Las investigaciones activas relacionadas con el crimen organizado pasaron de 1.017 en 2020 a 2.583 en 2025, una evolución que el documento vincula con la mayor complejidad y duración de los casos. Al mismo tiempo, las organizaciones recurren a banca clandestina, sistemas como la hawala y stablecoins como USDT o USDC para transferir importes elevados de forma rápida, fragmentada y con costes reducidos El resultado es un ecosistema en el que el dinero puede pasar del efectivo a una cuenta mula, convertirse en criptoactivos, circular por distintas cadenas o plataformas y terminar invertido en un inmueble o en una sociedad aparentemente legítima.

El fraude económico gana protagonismo

Junto al narcotráfico y al crimen organizado, el informe concede una importancia creciente a los delitos económicos. Las comunicaciones por indicio vinculadas al fraude pasaron de 2.323 en 2020 a 10.026 en 2024, aunque descendieron hasta 6.520 en 2025. El propio análisis atribuye este crecimiento al phishing, la suplantación de identidad, las falsas inversiones, las ofertas de empleo fraudulentas y la utilización de inteligencia artificial para crear contenidos y engaños cada vez más convincentes.

También aumenta la escala económica de estas operaciones. El documento estima en 5.255 millones de euros el volumen de fondos relacionado con operativas fraudulentas comunicadas por los sujetos obligados. En materia de fraude fiscal, la estimación asciende a 8.675 millones de euros en 2025, con especial atención a las tramas de IVA en hidrocarburos y a las estructuras societarias que operan en varios Estados.

La inteligencia artificial aparece aquí como un multiplicador de capacidades. Permite generar voces, imágenes y perfiles falsos, automatizar campañas de captación y adaptar el engaño a cada víctima. También puede utilizarse para superar controles de identificación a distancia, reclutar titulares de cuentas o ejecutar movimientos programados que dispersan los fondos antes de que una entidad consiga bloquearlos. La tecnología reduce así la distancia entre el delito inicial y el blanqueo posterior. En muchos fraudes digitales, ambas operaciones forman parte de un mismo proceso automatizado.

Los sectores con mayor riesgo residual

Una de las aportaciones más útiles del informe es la distinción entre riesgo inherente y riesgo residual. El primero refleja la exposición propia de una actividad por sus clientes, productos, canales o alcance geográfico. El segundo incorpora la eficacia de la regulación, la supervisión, la formación, los controles internos y las medidas de diligencia debida.  Esta diferencia explica por qué un sector con un enorme volumen de operaciones puede terminar mejor posicionado que otro de menor tamaño. No basta con analizar cuánto dinero mueve una actividad; hay que valorar si sus controles son capaces de detectar, detener y comunicar las operaciones sospechosas.

Las entidades de dinero electrónico y los servicios de envío de dinero presentan los niveles más elevados de riesgo residual de blanqueo. Su exposición se relaciona con la rapidez de las operaciones, el fraccionamiento de importes, la prestación de servicios a distancia y la capacidad de mover fondos entre países. El sector inmobiliario, la abogacía, el juego online y los proveedores de servicios de criptoactivos no regulados mantienen igualmente un riesgo sustancial. Incluso los proveedores regulados de criptoactivos conservan una exposición relevante por la naturaleza tecnológica y transnacional de su actividad.

Las entidades de crédito presentan también un riesgo residual sustancial en materia de blanqueo. Su tamaño, su presencia internacional y la variedad de productos que ofrecen las convierten en una pieza inevitable de numerosos flujos financieros. No obstante, el informe reconoce que su exposición se reduce gracias a una regulación intensa, una supervisión consolidada y sistemas preventivos más desarrollados.

En el extremo contrario aparecen las sociedades de garantía recíproca, los giros postales, el transporte de fondos, los derechos de emisión y determinadas actividades relacionadas con bienes tangibles o de alto valor. Su menor riesgo residual se explica por su escasa dimensión, el reducido volumen de determinadas operaciones o la elevada implantación de controles.

El efectivo sigue siendo relevante

La creciente atención sobre los criptoactivos no debería ocultar una de las conclusiones más tradicionales del análisis: el efectivo continúa siendo una vulnerabilidad estructural. Pese a la elevada bancarización de la población española, el 57 % de los consumidores sigue utilizando el efectivo como principal medio de pago en establecimientos físicos y el 55 % afirma utilizarlo diariamente. Su presencia es especialmente significativa en el pequeño comercio, la hostelería y determinadas actividades en las que resulta más difícil comprobar el volumen real de ingresos. El efectivo conserva ventajas evidentes para las redes criminales: permite realizar pagos sin registro, alimentar contabilidades paralelas, fraccionar ingresos y mezclar fondos ilícitos con la caja ordinaria de un negocio. La novedad es que ya no constituye necesariamente el punto final del proceso. Puede ser convertido en criptoactivos, transferido mediante remesadoras o ingresado a través de redes de cuentas mula. La expansión tecnológica no elimina, por tanto, la economía sumergida. Le proporciona nuevas vías de salida.

Criptoactivos: el problema no es la tecnología, sino la opacidad

El informe evita identificar todos los criptoactivos con actividades ilícitas, pero advierte sobre las técnicas que reducen la transparencia de las operaciones: servicios de mezcla, cambios entre cadenas, plataformas descentralizadas sin identificación del cliente, VPN, proxies y proveedores radicados en jurisdicciones con escasa cooperación. Las stablecoins merecen una atención especial porque permiten transferir valor sin asumir la volatilidad asociada a otros activos digitales. Su estabilidad, liquidez y reducido coste favorecen usos legítimos, pero también las convierten en una herramienta atractiva para transferencias internacionales ilícitas. El riesgo aumenta cuando el dinero circula entre plataformas, monederos y redes diferentes antes de regresar al sistema financiero convencional. En ese momento, una entidad puede observar únicamente la entrada o salida final, sin disponer de una visión completa sobre las operaciones anteriores.

Esta falta de visibilidad explica que el nuevo marco regulatorio no pueda considerarse suficiente por sí solo. La autorización administrativa debe ir acompañada de capacidad técnica, análisis de blockchain, intercambio de información y controles efectivos sobre el titular real y el origen de los fondos.

Una financiación del terrorismo de pequeñas cantidades

La financiación del terrorismo presenta una lógica diferente. El informe señala que las cantidades detectadas suelen ser reducidas, pero advierte de que esto no disminuye necesariamente la amenaza. Los fondos se destinan con frecuencia al alojamiento, la manutención, los desplazamientos, la adquisición de dispositivos o el sostenimiento de individuos y pequeñas células, y no siempre a operaciones complejas o a la compra directa de armamento.

Las organizaciones y sus simpatizantes combinan efectivo, hawala, campañas de crowdfunding, plataformas de pago y criptoactivos. También se estudia el posible abuso de organizaciones sin fines de lucro y de campañas presentadas como iniciativas humanitarias. En el entorno digital aparecen además videojuegos, servicios de mensajería y plataformas comunitarias que pueden utilizarse para captar, radicalizar o movilizar pequeñas aportaciones.

Esta transformación obliga a revisar los criterios tradicionales de detección. Una transferencia de escasa cuantía puede carecer de relevancia desde el punto de vista patrimonial, pero resultar significativa cuando se relaciona con determinadas personas, jurisdicciones, campañas o patrones de comportamiento.

El mensaje para las organizaciones

El Análisis Nacional de Riesgos no es únicamente un documento dirigido a las autoridades. Para los sujetos obligados constituye una referencia que debería reflejarse en sus evaluaciones internas, sus políticas de aceptación de clientes y sus sistemas de seguimiento.

Las entidades deberán comprobar si sus mapas de riesgos contemplan adecuadamente el fraude digital, las cuentas mula, los pagos instantáneos, las stablecoins, las estructuras societarias internacionales y la utilización combinada de distintos canales. También será necesario revisar los escenarios de alerta, la identificación del titular real, la supervisión de terceros y la capacidad para agregar operaciones que, observadas individualmente, podrían parecer irrelevantes.

El informe deja una conclusión especialmente clara: disponer de procedimientos no equivale a controlar el riesgo. Los sectores más regulados consiguen reducir su exposición cuando existe supervisión efectiva, personal formado, una cultura de cumplimiento real y capacidad para identificar y comunicar operaciones sospechosas. Allí donde los operadores no están autorizados, la supervisión es todavía inmadura o los controles se aplican de forma desigual, el riesgo residual permanece elevado.

Las medidas derivadas del análisis se incorporarán a la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y a la actualización del Plan Estratégico Nacional contra la Financiación del Terrorismo. El reto será convertir una evaluación de casi trescientas páginas en prioridades supervisoras, cambios operativos y controles capaces de seguir un dinero que ya no circula por un único canal ni permanece demasiado tiempo en el mismo lugar.