Algunos cálculos sitúan los porcentajes del dinero blanqueado entre un 2% y un 5% del producto mundial bruto, un 15% del comercio mundial, o que si el blanqueo de capitales configurase un Estado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), sería al menos la octava potencia económica del mundo. En España, según datos de la AEAT, el volumen alcanzado por los delitos de blanqueo denunciado fue de 1.067 millones de euros.
Podemos considerar que en nuestra época existen factores que favorecen el desarrollo progresivo de la actividad del blanqueo de capitales y de la corrupción.
En primer lugar la importancia económica de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales: tráfico de drogas, delincuencia organizada, corrupción urbanística, sobornos, piratería musical y terrorismo, entre otros, ofrecen unas cifras abrumadoras, con capacidad económica incluso para alterar el orden socio económico de algunos estados con sistemas de prevención débiles o inexistentes.
En segundo lugar los fenómenos políticos y económicos de las últimas dos décadas ofrecen un escenario proclive al aumento de la criminalidad organizada: las crisis políticas y financieras, la globalización de los mercados de capitales, han conformado nuevas formas de delincuencia favorecida por los efectos sociales de estas crisis.
Además de los aspectos económico y político, los efectos sociales, quizás los más perniciosos, generados por la subcultura de la droga y de los delitos que acompañan al blanqueo de capitales propician la creación de nuevas clases de marginación social en torno a los grupos delictivos, como mafias, elites delictivas y la creación de nuevos modelos de conductas delictivas.
Este submundo delincuencial de la droga y la marginación social supone un coste social de primer orden en las políticas de represión y prevención del delito y que es necesario tener en cuenta a la hora de legislar por los poderes públicos y que por supuesto, en este país, no se tienen en cuenta.
En España ante la ausencia de estudios ad hoc se estima que la cifra de blanqueo de capitales y delitos vinculados con la corrupción puede aproximarse al porcentaje de economía sumergida, entre el 20 y 23% sobre el PIB. y de acuerdo con el Banco de España circulan en nuestro país el 26,04% de los billetes de 500 euros, indicativo de la presencia de una potente economía sumergida.
Consecuencia de esta corrupción se deriva una legislación todavía atrasada en la persecución de los delitos, una supervisión débil de las actividades financieras, unos cuerpos de seguridad faltos de formación, que no de motivación (se dejan la piel,pero siempre el “Malote” va por delante) para la persecución de los delitos y la falta de cooperación internacional que posibilite atajar las operaciones delictivas.
En España, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos,la administración, la Familia Real y las empresas, han estado o están implicados en casos de corrupción en un momento en el que el país está sufriendo una crisis larga, dura, y con perdida de valores.
¿Y ante esto qué obligaciones de prevención tienen las Administraciones..?... Al parecer ninguna.
Parece así que en España se deja la carga de la prevención al sector privado y se centra más en la represión, cuando paradójicamente los mayores casos de corrupción y blanqueo de capitales se dan en el sector público.
Juan Carlos Galindo
Director de Galindo Legal & Compliance
Socio y Responsable de Comisiones de Estudios de la World Compliance Association
07 de Febrero
06 de Febrero
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